El número cinco parece tener
mal augurio estas semanas, recuerden el anterior artículo sobre los 500 euros,
el de hoy sobre los 50.000 desahucios del 2013 y podríamos añadir los 500.000
producidos desde el inicio de la crisis. Lo dicho, ese cinco tiene mal fario.
Entiendo que están al caso
de esa información que ha aparecido en muchos medios con tratamientos bien
distintos, pero que para los lectores de esta institución divulgativa no tiene
vuelta de hoja: una ley y unas reformas que tienen la injusticia por principio
y un tremendo desprecio por el sufrimiento humano, a la vez que una
claudicación total respecto a los poderes de la banca. Es decir hacia los
poderes de media docena de banqueros.
Por si es el caso, aquí
tienen el vínculo con la PAH , con un artículo arto
explicativo y directo:
Lo que les quiero contar es
complementario a la información divulgada y al texto de la PAH. Y , según mi parecer, da al asunto un
carácter de mayor riesgo social y presupone políticas mucho más radicales.
Políticas ya en el orden legislativo y económico, ya en el orden del debate y
el combate social.
Esos datos recientemente
difundidos se refieren a unas estadísticas que, como bien dicen los compañeros
de la PAH , son enormemente
deficientes, por lo que es de presumir que la realidad debe ser otra en tanto a
cifras contabilizadas. Primer asunto a destacar respecto a un problema vital
para las familias afectadas. Ni siquiera les instituciones gubernamentales se
conceden esa obligación de saber y de saber bien al respecto. Las lágrimas de
cocodrilo de la Vicepresidenta cuando presentó la reforma de la ley,
a instancias europeas, no lograron estabilizar un recuento fiable y que permita
el diagnóstico y el tratamiento. Presumiblemente de eso se trata, de ocultar la
realidad que las cifras pueden poner en evidencia.
En un segundo orden de
cosas, hay que resaltar que los procedimientos de embargo y posterior
desahucio, así como otras acciones como la dación tienen un alto coste temporal
de “tramitación”. Sin llegar a exagerar se podría establecer el término de dos
años para su completo proceso. Dos años como promedio, pues los hay rápidos y
otros muy lentos, ambos por motivos que exceden a la comprensión de la razón.
Con ello estoy diciéndoles que los 50.000 desahucios del 2013 no son tales,
sino que corresponden a procedimientos iniciados mucho antes. Ateniéndonos al
promedio, serían del 2011. El resultado de esa visión procedimental es que nos
faltan datos respecto a lo que ya sucedió en el 2012, en el 2013 y lo que está
pasando en el 2014.
Si entendemos la crisis como
lo que es, un proceso acumulativo de costes sociales, que exigen a las familias
esfuerzos extraordinarios para pagar la hipoteca, podemos entender que el paso
del tiempo solo hace que agravar el problema, se agotan los ahorros, las ayudas
familiares, etc. Y, lógicamente, aumentan los procedimientos por falta de pago.
Eso significa que no sería sorprendente que las cifras posteriores a las
conocidas ahora puedan ser mayores.
El siguiente salto lógico es
pensar en el inmenso problema de acomodo de tantas familias sin vivienda en el
escaso stock público disponible. No dejemos en el tintero, para evitar
reclamaciones del diablo, que en algunos casos la pérdida de la propiedad no
supone irse a la calle, existe un cierto número de casos en los que se consigue,
no sin esfuerzo, un alquiler social por un periodo entre dos o cinco años. Pero
son los menos.
En un nivel de tercera
complementaria, hay que destacar que una parte del problema no termina
momentáneamente en el embargo y el consecuente desahucio. Son los casos en los
que el afectado y la entidad bancaria establecen una nueva programación de
pagos con carencias (a menudo de dos años o más) o refinanciaciones y
alargamientos de los periodos de amortización (no cito otros métodos pues no
dispongo de nombre, ni adjetivo publicable). Dejando de lado los casos que
cumplen las más estrictas exigencias de la reforma de la ley y que permiten una
refinanciación a costes muy bajos (ojo, por un periodo determinado). Me refiero
a las familias consideradas de gran riesgo de exclusión social, la mayoría de
los casos de refinanciación, carencia, etc. son simplemente la típica jugada
del equipo torpe: la patada al balón hacia adelante, a ver si alguien la pilla.
Es decir, cumplidos los
periodos de reducción de cuotas, el problema vuelve donde estaba en la mayoría
de los casos: la imposibilidad de hacer frente con normalidad al pago mensual,
que además absorbe costes de intereses del periodo de acomodo anterior. El
significado último es que estamos acumulando futuros procedimientos en el
almacén de las entidades bancarias. Procedimientos que explotaran pronto,
sumándose a los casos que directamente se procede al embargo.
Como conclusión del artículo
y para no trastornar más la moral de los que poseen esa cualidad, simplemente
les profetizo que todo el lío hipotecario va a complicarse mucho. Tanto desde
el punto de vista económico, financiero, como evidentemente social. Alguien ha
aludido a que el sector público necesita imprescindiblemente más de 300.000
viviendas con condiciones de alquiler social (150 euros aproximadamente), cifra
que no es una locura, sino claramente una advertencia moderada.
Lo sorprendente es que esa
cifra está disponible, ampliamente disponible. Y no solo para el sector de
población más desprotegido (totalmente desprotegido en vivienda) sino incluso
para otros colectivos con ingresos y capacidad de pago hasta ciertos límites
razonables (ese 30% de los ingresos dedicados a la vivienda que recomiendan los
expertos). Esas viviendas incluso están disponibles a precios de
risa en manos de los bancos, de la SAREB (pública de hecho) y pronto en manos
de fondos especulativos que adquieren inmuebles al 10% de su valor a los
bancos.
En fin, les dejo aquí,
sedotti (espero) i abbandonati (lo siento, la vida es muy dura a veces).
Lluís Casas
usando un ábaco chino.
