martes, 28 de octubre de 2008

DESVELANDO SECRETOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA




Mis queridos lectores no deben sospechar de la verisimilitud de los dos artículos en torno a las vicisitudes de una paciente familia con los trámites de la mencionada ley al leer el encabezado. Ambos artículos son ciertos como la vida misma. El presente título va por otros derroteros. Al escribir los articulillos anteriores no pude resistirme a la mofa que me produce todo trámite administrativo manifiestamente estúpido. Incluso cuando yo soy el afectado. Les recuerdo el significado del término estúpido: es aquel que con su acción perjudica a los demás y también a si mismo.


Los trámites de la ley responden efectivamente a esa posición estúpida tan humana de no pensar en el usuario, en el ciudadano, en el cliente o el propietario de un derecho, de no prever procedimientos razonables para la cosa, ni de pensar en calendarios adecuados. El resultado final ante tamaña incompetencia es malo para todos. Toda esa imprevisión conforma un procedimiento del que algunos pensarán que ha estado diseñado para inhibir solicitudes o para esperar el fallecimiento de la persona afectada. En definitiva, para ahorrar costes y, en el extremo de la paranoia, para desviar recursos económicos hacia los necesitados banqueros modernos. Algo así he oído en los pasillos kafkianos que estoy recorriendo. En fin, mi reacción ha sido en parte la comedia bufa, por lo que pienso que les debo otro enfoque.


Hoy les hablaré de la incompetencia, de la mala gestión de los asuntos públicos por parte de los legisladores, de la falta de profesionalidad de los directivos y del monstruo que han creado. En el paquete no hago distingos ideológicos o de partido, aunque, claro está, las responsabilidades son distintas si uno está en la oposición o bien no gobierna la cosa, porque no le toca.


Creo que la Ley de la dependencia tiene las características necesarias para pensarla como ejemplo, como mal ejemplo, de lo torpe que puede llegar a ser la administración cuando se deja en manos de los niños.


Empecemos con un recordatorio práctico. La ley va dedicada a ancianos en la ultimísima fase de su existencia, cuando ya no son capaces de gobernar ni su biología, ni su sociología. También está dedicada a seres cuya patología les aleja, y no por edad, de la autonomía mínima imprescindible. Está dedicada a las familias, en el sentido más amplio del término, que ven colapsada su vida económica por los enormes gastos que esas personas exigen para su buen cuidado. Está dedicada a las familias que ven colapsada su vida privada, su desarrollo natural por las exigencias, impuestas o auto impuestas, en relación a la atención y cuidado de sus más próximos semejantes. Dicho esto, que considero imprescindible, vamos al detalle.


En primer lugar hay que constatar que el sentido de la ley, disponer de ayudas completas y servicios a las personas dependientes y hacerlo en tanto que derecho independiente de la situación económica, es magnífico. Una ley necesaria, cosa que ya he dicho en estas páginas y pantallas. Una ley de la que hay que celebrar su llegada. No sirven en este caso las alegaciones de quienes no la aprobaron, como nuestra inefable faceta independentista. Es una ley que quiere mejorar la situación de las personas que peor viven la vida, tanto los afectados, como sus familiares. Ahí no hay hueco alegatorio. Dicho queda.


Ahora bien, el legislador debería pensar que una ley debe aplicarse, y como ésta lo hace sobre persones dependientes, debía ser muy cuidadoso y prudente en la forma de presentarla y de aplicarla. No ha sido así. Se buscó el titular, se pretendió la capitalización política por encima del respeto a las personas. De modo que se lanzó una consigna imprudente: la ley puede con todo, y a por las elecciones.


En el ámbito legislativo la ley tuvo otras torpezas. No se diseñó adecuadamente el sistema de financiación, ni se estudió en detalle el número de posibles afectados, ni tampoco la reacción entusiasta de las familias, que no tenían donde agarrarse. De ahí surgió el lógico aluvión de solicitudes y una enorme falta de recursos. Otra torpeza fue el olvido del obligado acuerdo entre el gobierno “federal” y las CCAA, que son las verdaderas competentes en la materia. Este asunto es reiterado tanto en sede parlamentaria, como gubernamental. El gobierno “federal” no se cree la nueva estructura del Estado y crea innecesarios conflictos que acaban, la mayoría de ellos, confundiendo al ciudadano y perjudicando a los usuarios. En este caso Washington no pensó en la importancia de Filadelfia.


Les contaré ahora una primicia que sé de buena tinta de personas afincadas en la capital federal. Al inicio de la preparación de la ley se encargó a unos expertos la preparación de los informes sobre la demanda de servicios y sobre los costes que la aplicación de la futura ley comportaría. En ambos casos los informes se presentaron, prefigurando la evolución de la demanda a 10 años y la necesidad de financiación para asumirlo, con detalle de los costes que implicaba cada forma de tratamiento. Pues bien, los informes fueron retirados bajo la consigna ministerial que la ley no debía costar nada, o en todo caso, muy poco.


Los argumentos eran efectivamente, como ya se imaginan, peregrinos. No había que enfrentarse al ministerio de Economía con una fuerte demanda de recursos, alegando además que los gastos ya existentes en estas áreas ya eran importantes y configuraban el grueso de la financiación de la nueva ley. La nueva demanda seria poca, etc. Y, en el último caso (agárrense), el coste lo tendrían que asumir las CCAA. Es decir, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Presidencia del Gobierno querían hacer pasar un camello por el agujero de una aguja. Los expertos, gente sensata, conocedora de la materia, quedaron perplejos frente a la inconsistencia del gobierno. En fin, los informes fueron purgados, aunque, eso si, los expertos cobraron por el trabajo. En este caso por un trabajo bien hecho. Se lo aseguro. Otros cobraron por una chapuza estelar. Hay que resaltar un aspecto curioso del caso. Los expertos propios del gobierno, del Inserso concretamente, aplaudieron las artes ministeriales y las apoyaron con gran entusiasmo. No les gustaban los expertos externos. Se creen, como tantos, propietarios del asunto en que trabajan y no permiten abrir las ventanas. No crean que eso sea un asunto exclusivamente madrileño. En una reciente comparecencia parlamentaria, la consellera del ramo se tuvo que tragar un informe equivalente, bajo el eslogan de “avui no toca”. Un día después el presidente Montilla arreó con todo contra la financiación de la ley de la dependencia, por lo que deduzco que los aplicadores del “avui no toca” iban más bien errados. Porque, claro que tocaba, más de cien mil ciudadanos catalanes están afectados por la falta de financiación de un derecho básico.


Bien, en resumen, un articulado legislativo noble y adecuado, sin recursos económicos suficientes, sin estudio real del número de afectados, sin acuerdo solemne con quien lo ha de aplicar y sin el despliegue de métodos y tiempos para hacerlo. Una verdadera chapuza de condimentos en un buen plato.


No crean que el caso sea especialmente raro. Al contrario, los legisladores y los gobiernos proponentes actúan así de modo reiterado. De ahí la debilidad real de muchas leyes, cuya torpeza efectiva queda a menudo disimulada por entornos favorables. En la ley de la dependencia no es así: era esperada, era exigible y la alerta con que se aprobó la expuso a una presión máxima de inmediato.


Hasta ahí el capitulo principal, los defectos de nacimiento, culpables de mucho de lo malo que viene después.


La siguiente parada del cortejo ya es en las CCAA, en las consejerías de bienestar social, servicios sociales o cualquier otro nombre moderno de la cosa. El asunto, hay que reconocerlo, cayó en malas manos.


Ese ámbito de la administración no tiene un desarrollo organizativo capaz de asumir una ley como la que tenemos entre manos. En nuestro país, los servicios sociales han estado permanentemente frenados por una acción en gasto público cicatera en demasía. No existe el equivalente a los servicios de salud, verdaderas organizaciones de prestación y gestión, con directivos, estructura y capacidad de desarrollo. En España, uno no se morirá por falta de asistencia médica, incluso puede obtener estancias hospitalarias de altísima tecnología y de costes elevados sin mayor dificultad que simplemente necesitarlas. Ahora bien, en cuanto sale del hospital, la cosa es bien distinta, puede morirse de hambre, utilizando una expresión sintética o tener que dormir en la calle.


Ese escaso desarrollo de los servicios sociales, explicado como el reflejo de que el gasto público español en estas materias en términos de PIB es inferior al de Portugal, por ejemplo, ha producido una estructura de gestión altamente ineficaz, por falta de elementos básicos, como residencias, atención domiciliaria, aplicaciones a las patologías sociales reales, y un largo etcétera. Se sigue un mecanismo de distribución de la asistencia que llamaré eclesial: el sistema cáritas diocesana (con todos mis respetos a esa organización que tiene una eficacísima tradición): quien no llora, no mama (traducción del original en catalán). No son servicios para todos, no hay centros de prestaciones al estilo de un CAP, como redistribuidor de las prestaciones, etc.


Los servicios sociales son una estructura directivamente débil y faltos de equipamientos y de cultura de gestión. No es un pecado atribuible a sus profesionales, sino a las circunstancias políticas y económicas que han impedido su desarrollo. La ley de la dependencia cayó sobre ellos como una bomba y evidentemente estalló. Toda la demanda de servicios artificialmente contenida en el seno de las familias, con ardides pecuniarios menores, ayudas de 250 euros y cosas así, se desbordó al creer que el asunto iba en serio. Tal como el Presidente federal clamaba por todas partes.


No existía mecanismo alguno para reflejar administrativamente esa enorme demanda de servicios y ayudas, ni siquiera un programa informático de seguimiento mínimamente eficaz (no es broma). No existía la estructura de organización y de personal para atender debidamente los casos que se presentaban. No existían los servicios básicos suficientes para hacer de la ley un hecho práctico. Las residencias son objetos raros, difícilmente alcanzables para el que no dispone de 3000 euros al mes. Los servicios de tratamiento de día son insuficientes. Las patologías más complejas no disponen de casi ningún recurso real que poner al alcance del personal.


En pocos meses, miles de solicitudes colapsaron los servicios. Su reacción frente al aluvión fue lenta, inexperta, falta de medios y políticamente torpe. Las CCAA y los ayuntamientos como entes asociados a los tramites de la ley jugaron una partida que tenían perdida de antemano y no supieron o quisieron decir la verdad a los ciudadanos y a los afectados: no podemos con ello por razones básicas, no hay dinero, no hay equipamientos. Vamos a reformar la ley y darle un cauce más adecuado.


No piensen que ese caos es inventado, está en manos del Sindic de Greuges, está en los periódicos, está en el largo e inexplicable proceso de análisis de cada caso, está, en fin, en los miles de solicitudes depositadas en un rincón en espera de…Está en manos de diversas denuncias penales que podrían perfectamente ser admitidas a trámite y terminar en los tribunales y ante un juez. Juez que tal vez esté tramitando lo mismo que los denunciantes.


Como el tiempo pasa, las administraciones han terminado por aplicar recursos de gestión, en la falsa creencia que administrar adecuadamente peticiones obraba milagros. Y como no es así, ahora se encuentran que no tienen salida los expedientes en curso. No hay dinero. No hay equipamientos. De modo que las chispas generadas por en conflicto entre demanda y capacidad financiera han llegado al debate de los presupuestos, al Parlament de Catalunya y a los foros mediáticos.


No tengo un buen pronóstico del asunto. Las cosas se hicieron muy mal al inicio y ahora están a un nivel que la solución requiere mucho dinero y un buen repaso al procedimiento. Pero como otras más verdes han madurado, esperaremos al mes de diciembre, con las cuentas del 2009 aprobadas para comprobar si los presuntos sabios saben rectificar.



Lluis Casas, esperanzólogo



domingo, 26 de octubre de 2008

ANOTACIONES EN EL DIETARIO




Paul Krugman tiene razón, George Soros también; y, claro está, yo también, aunque no puedo tener el Nobel, puesto que nadie me ha propuesto para ello; a ver si alguien se descuelga para el 2009. De hecho soy más fiable que las dos autoridades mencionadas, puesto que nunca he sido asesor de Bush, ni especulador financiero, cosa que ellos no pueden decir. El Estado sirve ¡vaya si sirve! Esta es una exclamación sincera oída en Wall Street, de hecho la única verdaderamente sincera que se conozca en aquella parcela.Finalmente la producción y el comercio de bienes y productos reales es lo que cuenta, algunos lo habían olvidado. Yo no.
El déficit de las administraciones no es malo; no es la representación del demonio, a pesar de los ultraliberales de todos los continentes. El demonio es el que sugiere a mentes confusas que el déficit es malo. Ahora lo necesitamos como agua de mayo. Aclaración: de ello no se concluye que el déficit deba ser permanentemente creciente, sino que se adapta a las circunstancias concretas.El gasto público es lo que cuenta ahora en forma de inversión, de financiación de las administraciones que generan vida en su entorno, como los ayuntamientos y las CCAA y en ayudas contra el paro. Toca déficit para aliviar la depresión de la economía real; de ahí saldrá una nueva fase de desarrollo.EL Estado no debe comprar hipotecas a los bancos o, al menos, no exclusivamente; el estado debe comprar pisos a precios de ajuste y ponerlos en el mercado de alquiler. Comentario exclusivamente para la política peninsular.Viva el fisco mundial y vivan los programas mundiales contra el hambre y por paz. Añado de mi cuenta: Por el medio ambiente y la acción social. Son los nuevos eslóganes del renacido leninismo, al que yo me apunto desde ahora mismo. Aunque, por cierto, ahora caigo que siempre estuve apuntado a ello.Tenemos que hablar menos de crecimiento y más de desarrollo. A ver si lo entienden. Distribución, distribución. A escala mundial.Necesitamos más fiscalidad para los sueldos y beneficios excesivos. No hay que premiar a quien no se lo merece y hay cosas que no son premios, sino puros atracos.Para la globalización real y el no proteccionismo: nuevas organizaciones democráticas mundiales y europeas que atiendan al desarrollo económico y social y a la estabilidad. Eso necesitamos.La nueva economía que algunos apuntan se parecerá mucho a la socialdemocracia radical (el reformismo “forte” tan italiano y de raíces berlinguerianas), vaya gracia que tiene la cosa. Aunque yo me apunto o simplemente renuevo el carnet.El FMI a la mierda, por fin. Necesitaremos uno nuevo. El Banco Mundial a lo suyo que es el desarrollo y no la difusión de las ideas ultraliberales.Hay que mirar el mapa de la UE, quienes forman parte de ella, quienes están en sus cercanías y quienes se mantenían alejados. A continuación hay que ver como les va el asunto de la crisis financiera a los que no están en la UE. Mal, les va peor que a los que si estamos. Fíjense en Islandia.Anotaciones morales:Quien vive con especuladores de la vivienda, del petróleo, de los alimentos básicos, muere con ellos y con su fortuna. A dios gracias, me digo. Aunque me asalta una pregunta: ¿por que dejamos que especulen con cosas tan importantes para todos?
Todo lo que es barato y fácil ha de resultar sospechoso. Pueden estar seguros que no incluyen todos los costes. Por lo tanto, alerta, vigilen en que compañía aérea y en que avión viajan. Y acérquense a los motivos de las rebajas de cualquier producto. Por ejemplo, el aeropuerto de Girona da suculentas subvenciones a una compañía aérea muy utilizada para ir a comprar tabaco a Londres.El lujo no sirve, de hecho no ha servido nunca, aunque no lo sabíamos o lo habíamos olvidado. Me dicen que los restauradores (las comilonas excelsas a precios desorbitados) consideran que tienen también una burbuja (creo que se refieren a un exceso de oferta y a una oferta desmesuradamente cara y no a un problema con el suflé).Lo lento y estable es más seguro y va más lejos. Lo decía un buen tipo en el siglo 19, a propósito de algunos animales. Los humanos también somos animales. Algunos mucho más que otros, sin señalar a nadie.Lo importante son las cosas, no la percepción que se tiene de ellas en Wall Street. Si se hubiera seguido esa idea, nadie hubiera comprado sacos de deuda podrida.Valoraciones varias:Tenemos la generación de políticos más banal desde la 2ª guerra mundial. No hay duda de ello. Si por algunos fuera y las circunstancias se repitieran volverían a dejar a Hitler a sus anchas.Me pregunto en medio de lo que está cayendo: ¿son fiables los gobiernos de abogados? Yo mismo me respondo: No creo, son una cofradía excesivamente pendenciera.Sabemos luchar contra la recesión; si queremos podemos reemprender una vía de desarrollo más sostenible. Espero ideas de esos líderes en los que confío tan poco.Como el tío Solbes parece no enterarse de cómo va el asunto económico (recuerden la campaña electoral de marzo, no había ninguna clase de crisis y todo lo que ha ido diciendo después) y dado que se le ha resuelto el problema ocular que tenía, concluyo que ahora debe tener problemas de sordera. Ho había visto nunca un vicepresidente económico negarse a si mismo cada día y durante seis meses. Ni ahora consigue conectar con la tendencia global.El comentario sobre el tío Solbes por lo menos remite a su existencia, en el caso del conseller Castells la pregunta es más profunda, ¿quien es, a qué se dedica? ¿Su cargo tiene algo que ver con la economía?Cuando todo se acaba, la familia es lo que cuenta. Todos hemos pensado en ello viendo peligrar pensiones, trabajo, ahorros e hipoteca. Triste destino del estado social de derecho, ¿no creen?Los arquitectos no saben de que hablan, ¿o sí? Lo deduzco viendo plus valías y ciudades horrendas. No hablan de ello, será que no tienen nada que ver o que nada quieren decir.
Vargas Llosa está que no se entera, no sabia lo que muchos anticipaban respecto a la crisis, vaya cosas que se le ocurren, un ideólogo liberal desinformado, ¿o no será eso?. Tal vez estemos simplemente frente a la mutación del ultraliberal en intervencionista que termina creyendo culpables de su propio error, faltaría más, al comunismo, al izquierdismo, al socialismo, etc. Ya nos lo sabemos. Mejor que escriba novelas y abandone definitivamente el oficio de inquisidor, hoy incluso inquisidor de la lengua catalana.El fiscal del Estado, es decir el gobierno socialista, acusa a Garzón de abrir una causa general contra el franquismo (léase por el exterminio franquista). Pues claro, todos lo hemos entendido. Me pregunto en que estará pensando el fiscal, al que solo le suena la cosa a delito penal, es decir una especie de robo de gallinas. No hay vergüenza o hay más mercenarios de los que pienso.Zapatero y la ley de la dependencia, vaya por dios. Un abogado cree que haciendo una ley todo está arreglado. Olvida la tramitación (de la que les he hecho cumplida referencia hace poco) y la financiación. Es decir solo olvida que la ley debe llegar a sus acreedores (la tramitación) en un tiempo adecuado al caso y que todo se paga, incluso las residencias, las cuidadoras, etc De ello dimos cuenta en nuestro anterior artículo.
Lluis Casas, lector de prensa

miércoles, 22 de octubre de 2008

UNA LEY MODELICA (2)





Les recuerdo un reciente relato verídico en torno a las vicisitudes de una familia en pos de la ayuda que la ley otorga como un derecho. En ese primer relato con la descripción de la situación a final de Julio, dejamos a la familia con una resolución administrativa que confirmaba la máxima dependencia de la persona afectada: LA LEY DE DEPENDENCIA: ¿Una ley modélica?


Después…


La familia, pasado el duro verano con una resolución jurídica que dice: usted es dependiente en grado máximo y le corresponde la protección de la ley, recuperamos la vida habitual y continuamos las innumerables gestiones.

A primeros de septiembre, a través de contactos se consigue una entrevista con la asistenta social de la zona (la lista de espera habitual es de más de tres meses). En dicha entrevista se explica a los familiares que todo y disponiendo de una resolución oficial en donde consta lo que debe constar, los servicios sociales no pueden hacer nada hasta que en el ordenador les aparezca el nombre de la persona afectada como caso valorativamente resuelto. No es el caso. El ordenador está durmiendo y no se ha enterado de la resolución, por lo que debemos esperar. La cara de los familiares ante tamaña explicación es tal que la asistenta social se levanta y comprueba e incluso hace una consulta directa a HAL 2001.


Parece ser que el ordenador sabe alguna cosa indeterminada y que está presto a comunicar a los servicios sociales de la existencia del caso y de la resolución. Por lo tanto, hay esperanzas. En unos días se comunicará a los familiares la cita para una visita en el domicilio. El asunto pendiente es hacer el PIA. El PIA no es una postura contorsionista, sino un documento denominado, Programa de Atención Individualizada, cosa mucho más comprensible y esperanzadora.

Pues bien, a finales de septiembre hacemos el PIA. En realidad lo hacemos cuatro personas, un familiar, la cuidadora permanente, la asistenta social y la persona afectada. El asunto consiste en una visita protagonizada por una excelente asistenta social, muy joven, con contrato moderno, es decir para hacer horas a tope, que dispone de un complejo instrumental. El primer elemento es una entrevista pautada a la persona afectada, a los familiares y a los cuidadores (de hecho la misma entrevista se hizo en Mayo). El segundo elemento es un interrogatorio en torno a los servicios que se desean para la persona afectada (cosa que ya se comunicó anteriormente).


Posteriormente aparece el artefacto principal que consiste en un cuadro fotocopiado y debidamente protegido por una funda plastificada en donde consta para cada hipotético servicio la aportación que hace la modélica ley de la dependencia. Eso si es una novedad apabullante y tecnológica. En síntesis, cuidados en casa, (les recuerdo que estamos ante un caso de máxima dependencia, la persona afectada necesita ayuda permanente y total) a los que les corresponden 405 euros al mes, la cifra elimina otras posibles ayudas que la casualidad y el ardor familiar hayan conseguido. Entre 600 y 900 euros para una residencia asistida, el intervalo entre una cifra y otra no he logrado explicármelo. Hay otras cifras imprescindibles que les ahorro, como la asistencia de día y demás. Como dato capital les diré que una residencia asistida tiene un coste oscilante, dependiente de la calidad, entre 1.800 euros y 2.500 euros (hay más caras para las clases dirigentes, pero no obtienen el concierto con la administración).

Hagan ustedes sumas y restas a partir de una pensión, que no estando mal es de 900 euros y saquen conclusiones o porcentajes. En el caso de la asistencia en el domicilio, la cosa es mucho más variable, pero atendiendo a los costes del personal contratado debidamente y necesitando dos personas para cubrir el servicio, la cosa no baja de 2.500 euros, al que hay que añadir comida y gastos en el domicilio. Y además sumar, si cabe, los gastos que conllevan los sistemas de gestión familiar de la plantilla, en caso de enfermedad, fiestas, vacaciones, etc. Por lo que el asunto puede llegar fácilmente a 3.000 euros mensuales. Hay que decir que en ese caso es necesario, clínicamente, la asistencia de día para ejercitar todo lo que el enfermo pueda, costes complementarios 1.000 euros más.

Asumiendo que el personal visitante hace lo que puede y más, las reclamaciones familiares se almacenan para expresarlas en donde toca: en las próximas elecciones y cuando tropecemos con el alcalde o cualquiera de los presidentes.Una vez definido el dichoso PIA, quedan los detalles: la asistencia domiciliaría no se paga a la cuidadora, sino que se hace constar como cuidador a un familiar para ahorrar trámites y más dificultades. Desde hace un mes tengo otro oficio y un complemento de 405 euros. En cuanto Hacienda se entere voy arreglado y espero que no me apliquen la ley de incompatibilidades.


Finalmente la eficaz y comprensiva asistente social nos dice que en unos días firmaremos un contrato con las cláusulas definidas. La cosa parece moderna: un contrato y todo, al que denominan Acuerdo PIA. Lean bien, no es acuerdo pío.

Unos días después, con gran alarde de eficacia, somos llamados a la firma del contrato, cosa que hacemos y obtenemos un plus económico espectacular: la ley de la dependencia exige que se nos pague la asistencia realizada desde el día en que se solicitó la ayuda a razón de los susodichos 405 euros al mes. Albricias, algo positivo de todo ello sacamos.


Con el contrato en la mano se nos emplaza a realizar una encuesta en el mercado de las residencias y a aportar tres documentos de solicitud de tres de ellas, en alguna de las cuales tenemos la intención de ingresar a la persona dependiente. Toma ya. Aquí debo citar que la administración sabe y conoce todas y cada una de las residencias de la galaxia, tiene acuerdos con ellas de diferente tipo, una especie de concierto, conoce las plazas disponibles y los movimientos de altas y bajas. Es decir lo sabe todo y lo controla, espero que adecuadamente, pero no sabe administrar. O no quiere.

La familia se moviliza y se obtienen las tres piezas administrativas necesarias, que se trasladan a los servicios sociales de la zona. Toda la familia respira. Por fin hemos terminado el papeleo, pensamos los familiares.

Falsa impresión, me temo. Semanas después se procede a consultar como está el asunto (pregunta hispánica donde las haya), puesto que hay plaza en alguna de las residencias propuestas y esta no ha recibido comunicado alguno de la Generalitat.


Sorpresa, los papeles todavía están en algún lugar indeterminado del ayuntamiento para su eficaz revisión. Posteriormente han de pasar a un organismo concertado entre la CCAA y el ayuntamiento y parece que por fin y finalmente pasan a un organismo especializado de acrónimo impronunciable.

Este si que determina la cosa. Total algo más de tres meses más.
En esta fase, al menos, la espera está compensada a base de 405 euros del ala cada mes. Menos da una piedra. Las cuentas de la administración son mejores que las familiares, puesto que cada mes que pagan 405 y se ahorran 900.

Pero las oportunidades de plaza no esperan. Solución: contraten ustedes los servicios de forma privada y cuando todo se resuelva, la administración ya compensará los costes. Mal asunto desde el punto de vista de los dineros. La experiencia acerca de las devoluciones y otros artificios administrativos es penosa, pero estamos aquí para correr riesgos.


Por esas mismas fechas, a finales de octubre, el presidente Montilla le canta las cuarenta al presidente Zapatero a propósito de los costes de la ley de la dependencia. El gobierno central, hacedor de la ley, solo paga un tercio de los costes. El resto viene de la CCAA, que ha tenido que buscarlos en donde no habían. Zapatero contesta con la gracia y el acierto habitual una mentira más. Un periódico responde al presidente federal que en Catalunya hay 62.474 personas que tienen derecho a las ayudas y que solo 31.161 las cobran. Cifras absolutamente inciertas, puesto que yo poseo una solicitud cursada en mayo del 2007 que no ha sido tramitada y por lo que se está esperando en un rincón junto con otras miles.

En este caso, el presidente Montilla tiene más razón que un santo. Aunque no acierta a proponer que los trámites para aplicar la ley podrían ser lógicos, breves y eficaces. Lo está intentando con los artilugios administrativos para la creación de empresas, ¿por que no hacerlo con los trámites de las personas, le pregunto en sede parlamentaria? Si un empresario podrá en breve instalar empresa y equipos sin licencia, en espera de inspección, hagamos lo mismo con las familias.
Para que entiendan todo el asunto brevemente les diré que en unos pocos días se cumplirá el primer aniversario del inicio de los trámites administrativos para obtener lo que aún no tenemos: una asistencia adecuada para un enfermo de Alzheimer. Para el caso inicial se cumplirá un año y medio y sin PIA, ni resolución.


Todo un record. Vaya, o eso me parece a mí.


Lluis Casas, el cuentista de nunca acabar

viernes, 17 de octubre de 2008

MERCENARIOS Y MERCEDARIOS





Les supongo enterados de la enorme diferencia conceptual entre los dos términos que encabezan estas notillas. Una sola letra es un mundo. Ambos son términos que casualmente tienen connotaciones mercantiles, muy de actualidad hoy en día. Uno, los mercenarios, conocidos por ofrecer servicios a cambio de dinero, sin contemplaciones concurrentes y con la venta del alma incluida, corresponde a un más que viejo oficio no sólo ligado al viejo ejercicio de las armas, sino a otros campos relacionados con el poder, es decir con el dinero. Sus recursos son inconmensurables, no tienen, que se conozca, limitaciones psicológicas o morales. Su garantía es el pago constante, independientemente de los resultados.


Los otros, los mercedarios, son conocidos por ofrecerse a sí mismos en prenda, en espera del rescate de otro, es decir en espera del dinero o parné. Fueron partícipes privilegiados de guerras marítimas en el Mediterráneo, en donde el hombre o la mujer eran piezas que se contabilizaban en oro, siempre que lo tuvieran. Los mercedarios tampoco tenían condiciones concurrentes, aguantaban lo que tocara; aunque, eso sí, se preservaba el alma. Han resultado siempre muy útiles para quien tenía esperanzas de intercambio. En caso contrario, las cosas eran más difíciles y complejas. Como intermediarios del dinero eran fiables y por ello reconocidos y respetados por las partes en cuestión: raptores y raptados. Duro oficio al que no correspondía el premio complaciente de la violación, el robo y otras actividades delictivas en la vida normal, pero ampliamente aceptadas como corolarios de la actividad mercenaria. Oficio que garantizaba una depredación mediterránea, puesto que ponía medios para su resolución caso a caso y con dinero… siempre que fuera contante y sonante.


Ambos conceptos son atribuibles hoy día a personas que ilustran la actualidad con sus acciones u omisiones en asuntos cargados de dinero. De dinero en sentido fuerte, intenso, de muchos ceros a la derecha del primero. Hemos visto mercenarios de la bolsa o de entidades financieras (¿merecen tal nombre, me pregunto?) que han estado estafando durante años al colectivo mundial mediante el llano proceso de vender por bueno verdadera porquería. Les concreto: se empaquetan en un documento jurídico compromisos de pago por cosas diversas, principalmente relacionadas con la compra de vivienda o de algo que parece que se le parece, se estructuran al modo del saco de patatas, las mejores arriba, en donde puedan ser vistas fácilmente y hacia el interior las desechadas por ruines y podridas. Se pasa el control, previamente aleccionado (con dinero de por medio o no), por cierto otro mercenario, y este certifica que a la vista de las primeras patatas el conjunto es de excelente calidad. Posteriormente se exportan al mercado interior o exterior, en donde tienen vida propia y derivados comerciales varios. Nadie vuelve a abrir el saco, y si alguno lo hace, calla la verdad, vuelve a cerrarlo e intenta vender deprisa. Finalmente el saco acaba en manos de bancos o cosa parecida y vinculados a productos de ahorro o inversión. Véase planes de pensiones. La tortilla de patatas futura que los ahorradores esperaban hacer se queda sólo con el huevo.


Esos mercenarios, que no se juegan la vida por cierto, son retribuidos a niveles sin adjetivo, por un trabajo tan sucio como ningún otro. Son, además, mercenarios ideológicos, no solamente dinerarios, puesto que mientras construyen sus mentiras y ocultaciones, venden excelsos programas de saneamiento financiero a Etiopia y dificultan las ayudas internacionales a Haití, por poco ortodoxo financieramente. En ambos casos hay victimas en el pleno sentido de la palabra, con nombre, apellido y en general de corta edad. Esos mercenarios han llegado muy arriba, incluso en entidades como gobiernos estatales u organismos de programación y vigilancia financieras globalizados. El mundo los ha estado sufriendo, sin saberlo hasta hace dos días. Hoy, en franca retirada estratégica se preparan para gestionar justo lo contrario de lo que han estado imponiendo. Son parecidos en arte y parte a los que acordando planes, horarios, retribuciones y ayudas estatales, despiden en un tris tras a 1.500 trabajadores de NISSAN, sin que les tiemble el pulso. Cobran por ello mucho más que por vender vehículos o carne asada. Y, como buenos mercenarios, vuelven a casa tranquilos y satisfechos cada día, incluso cuando se toman prendas extra al curro diario, hundiendo en la miseria empresas proveedoras o pueblos enteros.


El conjunto del mercenariazgo, gremio antiguo en paradero desconocido, se trasmuta por periodos de tiempo aleatorios, tomando las formas que la sociedad y el poder del dinero les exige. Son por ello, muy variables en forma y fondo y se adaptan a cualquier circunstancia histórica o ideológica. Como ven son muy peligrosos y difíciles de reconocer antes de sufrir su mordedura.


Otro caso son los mercedarios, hoy apátridas de nombre, pero existentes en abundancia. Se ocupan de facilitar y garantizar el tránsito de la crisis económica o ideológica a un nuevo estado de relax, sin cuentas pendientes, simplemente aplicando la partida doble: los mercenarios se embolsan el canje y son recolocados. Habitualmente ocupan cargos públicos y han tenido grandes amistades con mercenarios conocidos, incluso algunos han formado parte de la primera cofradía en algún momento de su vida. Ofrecen al conjunto de la población un punto de agarre, una posibilidad de flotamiento, una esperanza. Y son recompensados por ello con medallas, renombres ilustres y reconocimiento perenne.


Si abren hoy cualquier periódico de Parapanda verán los nombres de los mercedarios en primera página, si rebuscan en el armario los números atrasados de la prensa de hace un mes, verán los nombres de los mercenarios.


Esa publicidad, antes no pasaba. Eran otros tiempos, tal vez más recatados y humildes.


Lluis Casas, antropólogo

jueves, 9 de octubre de 2008

SEPARAR LA VIVIENDA DEL NEGOCIO ESPECULATIVO





Así se titulaba una reciente colaboración periodística en un artículo extraordinariamente acertado de la prensa diaria. Frente al sector inmobiliario que ha sido la base logistica que ha promovido la crisis actual --tanto en los USA, como en tierras más cercanas-- la idea que exponía el autor confirmaba todo lo dicho en este espació cibernético a propósito de la falta de política consecuente en materia de vivienda por parte de las autoridades competentes en este su territorio hispano. Nos hubiéramos ahorrado una parte significativa de la crisis y de los dolores de cabeza subsecuentes. Y, tal vez, algunos ahorros costosamente acumulados estarían a buen recaudo y sus propietarios más tranquilos.

Esta frase corta y contundente que encabeza el comentario reúne los principios básicos de una sociedad basada en los principios sociales, sociedad que da a las necesidades básicas un tratamiento colectivo distinto a otros bienes. Se considera, muy acertadamente, que esas prestaciones, servicios y bienes no pueden ser productos de mercado. La fijación de precios, los costes y la accesibilidad a la mayoría así lo recomiendan a las ánimas con perspectiva de futuro y sentimiento trágico. Esto ya es así en la educación, en la sanidad, en gran parte de los servicios sociales, en muchas infraestructuras, en ciertos medios de transporte y de movilidad, en la justicia, en la seguridad y otros muchos. Incluso a pesar de esa invasión huna (de aquellos hunos de antaño) que encabeza Esperanza Aguirre en la comunidad madrileña, con objetivos tan primorosos como la subasta de la sanidad pública, a pesar de ello o de ella, eso sigue siendo así.

La vivienda, siendo como es igual a los anteriores servicios y prestaciones citados, es decir, un servicio esencial, no ha sido tratada como tal. Al menos, no aquí y en los últimos treinta años. Sin la vivienda no hay vida digna. Con ella puede haberla.

Es clamorosamente cierto que la vivienda no puede promoverla el mercado. Hoy es fácil decirlo, puesto que la constatación empírica así lo demuestra, pero muchos lo hemos ido advirtiendo frente a los oídos taponados con rancio cerumen de los que debieran escuchar y actuar, y no lo hicieron. La vivienda, al menos la que podríamos denominar la vivienda básica, con unos precios y una forma de acceso que permitan realmente a la mayoría de la población el uso de ese bien de forma razonable, sin hipotecar vidas y sueldos para treinta años, no está, ni estará en el mercado. Muchos otros factores ajenos a esa necesidad han oscurecido u ocultado esa aseveración cierta. Unos costes financieros bajos, una explosiva especulación inmobiliaria, un cierto bienestar creciente, un ansia por atesorar los ahorros en forma de propiedad, etc. Ahora bien, ninguno de los factores citados, ni otros que pudieran citarse, atañe a la esencia del caso: la vivienda debe tener un fácil acceso, en oferta y coste, para la mayoría de la población. Y eso no ha sido así.

Si extraemos del mercado libre, como exige el título, la forma social de la vivienda, nos anotaremos diversos tantos de set y tal vez de partido.

En primer lugar, los agradecidos ciudadanos que aspiran a una vivienda normal pagarán por ella unas cifras razonables, esencialmente en forma de alquiler. Liberando recursos para enfrentar otros gastos necesarios e incluso el ahorro. Segundo, la promoción inmobiliaria libre se alejará del sector en donde hace más victimas, la vivienda de necesidad social. Sus expectativas especulativas se centraran en las promociones de servicios, de lujo o de segundas residencias. Lugares donde el urbanismo planificado y ordenado puede afrontar el asunto sin muchos más gastos que los del cuerpo de investigación de la corrupción de la guardia civil, debidamente reforzada por políticas fiscales racionales. Tercero, no tendremos un sector de la construcción cancerígeramente enorme, que es un riesgo cierto y permanente de vaivenes económicos y de paro cíclico. Alejaremos, también, un crecimiento sobre falsas bases especulativas en los precios inmobiliarios y desplazaremos la ocupación con poca formación, típica de la construcción acelerada, hacia, tal vez, horizontes de mayor valor añadido.

Los bienes, como ven, son muchos y apreciables. Hay que asumir un crecimiento más lento, pero, claro está, más seguro y difuso.

Insistiendo en lo dicho, no volvamos a tropezar por cuarta vez en la misma piedra y dispongamos de una oferta de vivienda digna para la mayoría, fuera del mercado especulativo. Incluso con lo que está cayendo y posiblemente por ello.

Lluis Casas, harto ya de tanta tontería.

viernes, 3 de octubre de 2008

¿URBANISMO BARCELONES O URBANISMO BARCELONISTA? (2)





Ya les advertí la semana pasada que insistiría en el asunto de la propuesta de modificación urbanística que el Club de Futbol Barcelona desea hacer sobre unos terrenos calificados de equipamiento (privado, pero equipamiento) y en los que ahora existe el llamado mini estadio y otras infraestructuras deportivas de su propiedad. Su ambición es transformar un enorme espacio urbano muy poco denso en una macro urbanización con servicios, grandes equipamientos comerciales, viviendas, etc. Con la lógica propia del que quiere ganar el máximo posible, ni que genere costes sociales.

Lo que busca el Barça, o al menos su presidente, es generar unas enormes plus valías que vayan en parte a engrosar la cuenta de resultados del club, falto de recursos para fichar a Diestefano y a Kubala. La otra parte se repartiría equitativamente entre los agraciados en el concurso constructivo, muy probablemente propietarios de un asiento preferente de tribuna. La propuesta ha encontrado, faltaría más, oposición social, ciudadana y política. A pesar de todo, alguna racionalidad urbana permanece entre los barceloneses. Los vecinos inmediatos al Camp Nou son los que manifiestan más claramente su negativa al, nunca mejor dicho, pelotazo urbanístico, pero no son los únicos. Un partido en el gobierno de la ciudad también se opone, así como diversas entidades y colectivos diversos.

Dado el carácter del proponente y prepotente, el Barça, el asunto tendrá unas características de debate ciudadano de no te menees. Incluso algunos, muy interesadamente, aleccionan que con el Barça y sus socios no se juega, aludiendo a la imposibilidad de oponerse a lo que el club quiera en razón a las consecuencias políticas y electorales que conlleva. Pienso que eso no es así y que el ciudadano, aunque socio, tiene suficientes entendederas para comprender por que hay que frenar ciertas iniciativas del club. Eso sí, hay que explicárselo.
Ahí está, a mi parecer, una gran oportunidad para hablar de algo más importante que la propuesta urbanística concreta: el futuro del urbanismo barcelonés y los límites a la iniciativa privada que ha estado durante veinte años cabalgando las oportunidades generadas por la iniciativa pública y embolsándose riquezas que no les correspondían, al tiempo que, unos (la administración municipal) y otros (los vecinos) andan a la greña sobre esos presuntos beneficios que los ciudadanos hemos tenido y de los que tienen dudas razonables.
Ante todo hay que decir que lo sucedido en estos años de democracia municipal no se perece en nada a lo que ocurría con la anterior democracia orgánica, ahí los intereses inmobiliarios mandaban directamente desde la notaria del alcalde o desde la banca del alcalde.

Como sabrán, Barcelona es una ciudad cerrada, su espacio está definido por otros municipios, ríos, montañas y mares y no dispone de posibilidades de crecimiento expansivo. Luego, ha sido la transformación de lo existente lo que ha posibilitado su desarrollo urbano actual: de las fábricas al comercio, de los barrios degradados a la vivienda de alto estanding. Como corresponde a un crítico moderado, como el que firma, es justo reconocer que muchas iniciativas se han saldado en mejoras substanciales de la calidad urbana. Pero esa aceptación corresponde a una parte, no al conjunto de los enormes cambios que la iniciativa pública ha propiciado.
Barcelona ha sido siempre una ciudad densa, excesivamente densa para una población que ha vivido hacinada en un espacio reducido, antes por el amurallamiento, hoy por la falta de una visión ciudadana más amplia que la del municipio propiamente dicho. La vista que ofrece la ciudad desde las alturas, Collserola o Montjuic, habla por si sola de la falta de espacio urbano libre, en forma de parques, avenidas, plazas, equipamientos deportivos, etc. Instrumentos de socialización, descanso y esparcimiento de los ciudadanos. Un alcalde de Barcelona se refirió a su ciudad con la expresión: ¡cuanta propiedad inmobiliaria! Y el contenido ideológico de la frase se ha mantenido vigente siempre. El alcalde se refería al negocio que la ciudad promueve como espacio vendible y comprable. El aprovechamiento del espacio ha sido máximo y sorprendentemente hoy ha encontrado una excusa para mantenerse en circunstancias bien distintas: la sostenibilidad de las ciudades densas. Ahora se afirma (algunos lo hacen cuando hace cuatro días decían todo lo contrario) que el consumo energético y la generación de gases invernadero es menor en la ciudad densa. Cierto, aunque tramposo en el caso de Barcelona, iría mejor aplicarlo a Sant Cugat. La trampa ideológica de esa ocurrencia es comparar Barcelona y Los Ángeles, como si no hubiera en medio Berlín o incluso Paris. Verdaderos ejemplos a los que parecerse. La densidad, por encima de ciertos parámetros, tampoco es sostenible, puesto que implica costes no contabilizados. Costes que no son solo ambientales y energéticos, sino sociales, psicológicos y políticos. Y además, en las circunstancias que se dan en Barcelona, afectan positivamente a la economía del promotor inmobiliario y negativamente a la de la sociedad entera. Por encima de esplendidos edificios para grandes corporaciones o extensas zonas comerciales que no deben contabilizarse como haber para el ciudadano, existe una enorme falta de espacio básico, consubstancial con una ciudad de ciudadanos libres.
Ustedes pensaran que Barcelona carece de plan urbanístico a la vista de los comentarios anteriores, nada más falto a la verdad. Existe un plan (sorprendentemente realizado bajo el franquismo por expertos alineados mayormente con la izquierda clandestina de entonces) y detalladísimo, gracias a el la ciudad ha vivido razonablemente bien a pesar de los pesares. Este plan estupendo ha sido sistemáticamente traicionado con un artilugio jurídico ideado para las excepcionales excepciones, pero aplicado en demasía: el traslado de edificabilidad de un sitio a otro de la ciudad o del ámbito metropolitano: si falta edificabilidad en una promoción, ya que el plan pone límites muy concretos, se amplia en el lugar falto de ella y se suma en otra zona distinta. Ese juego primitivo se ha efectuado a lo grande. El invento de los dioses inmobiliarios. Si buscan en las hemerotecas muy pocas promociones inmobiliarias no han resuelto sus contradicciones económicas sin el.
Ahora, igual que con el R.C.D. Español, se trasladará zona de equipamiento de la Diagonal al Sahara occidental. Con lo que la suma se mantiene, aunque la suma con carácter montante y sonante crece solo para unos pocos.

Me temo que hoy mismo la estrategia de la araña está funcionando y Ayuntamiento y Barça están representando una comedia bufa, el Barça agitando su propuesta y reclamando que así ha de ser y el Ayuntamiento planteando rebajas de Enero. El debate, pues, ya ha sido sustraído al ciudadano: no se discute el proyecto en si, sino sus dimensiones pantagruélicas. El ciudadano ya no está sobre si es conveniente que la ciudad de ferias y congresos crezca en detrimento de la ciudad de ciudadanos, sino si habrá mil o dos mil viviendas de alto estanding y trecientas tiendas de perfume parisino. El regidor de la cosa está haciendo muy bien las cosas, sirviendo a su enemigo. ¿O no es su enemigo?

Si con el tranvía por la Diagonal se propone una gran operación de participación ciudadana, con el asunto de la recalificación de can Barça parece que no podrá hacerse lo mismo. ¿Es que los poderes públicos piensan que la calificación urbanística es cosa de los poderosos inmobiliarios y el resto de ciudadanos solo asistimos al espectáculo?

Lluis Casas, ruralista