BANCOS, HIPOTECAS Y POLÍTICA DE VIVIENDAS

En el momento en que escribo, la UE ha advertido al gobierno español que su legislación hipotecaria no cumple los requisitos necesarios para la protección del consumidor (es decir del hipotecado). Eso, traducido, significa que el sistema de embargo inmediato que se incluye en la ley hipotecaria actual no es más que un gran abuso de poder por parte del facilitador del crédito, las entidades bancarias.

Esa advertencia, que podría transformarse en algo más substancioso, obliga al ejecutivo español a revisar con mayor profundidad una ley que ya estaba camino de la reforma. Esa reforma, detenida a la espera de lo que ya ha dicho la UE, se contemplaba con una perspectiva bancaria, es decir, reforma pero suave, no vaya a ser que el sistema financiero, la madre del cordero, se nos cabree.

El PP e incluso el PSOE, ya tuvieron que asumir más mal que bien la ILP presentada por un millón y medio de españoles de a pie para que esa reforma no fuera un simple lavado de cara, sino que atendiera a solucionar los brutales problemas humanos que está generando la aplicación de la ley hipotecaria y lo que le cuelga entre las familias afectadas por la crisis y que sin trabajo no pueden cumplir con el pago de las cuotas. En un tris tras estas se ven en la calle, sin vivienda, que ha pasado a pertenecer al banco, y con una mochila repleta de una deuda complementaria fruto del un imaginativo diferencial entre el valor de la vivienda (reducido en un gran porcentaje) y la hipoteca debida a la que se suman, faltaría más, los intereses de los intereses de los intereses.

La suma de todo ello resulta a día de hoy una expectativa de respiro para las familias que aun están pendientes de embargo o que se sitúan en los límites finales del aguante económico de las cuotas de su hipoteca. También es lluvia de Mayo para el movimiento cívico, la PAH, que está llevando en todas partes una guerra total contra lo que es un desproporcionado abuso de poder y una legislación exenta de justicia y humanidad.

Ya veremos, pues, la salida a todo ello. Salida parlamentaria, salida callejera si la primera no atiende consecuentemente a la realidad social y salida financiera por lo que hace a la financiación de la vivienda en propiedad.

Las consecuencias que yo saco van por otro derrotero. La vivienda, considerada por la Constitución (eso intocable y sagrado según algunos) es un derecho fundamental y como tal debiera ser tratado en la legislación que le afecta. No es nada sorprendente que de lo dicho en la Constitución no haya salido nunca lo que la lógica más elemental deduciría: la vivienda tratada como la sanidad, como la educación, como la protección social. Es decir, la vivienda como un bien de necesidad básica que se provee fuera del mercado.

Esto es así por las peculiaridades de la economía española y por las esencias del empresariado patrio que han visto siempre el urbanismo, la construcción y por ende la vivienda como un generador de plus valías a todo ritmo. A ellos, con substancial adhesión, las entidades financieras han generado un negocio de grañidísimas cifras durante un larguísimo periodo. Hasta que ha pasado lo que ha pasado.

En fin, la ley hipotecaria actual estaría mejor vista si la vivienda familiar fuese objeto de facilidad de acceso, sin intromisiones del valor especulativo del suelo, sin retenciones en expectativa de incremento de beneficios y sin necesidad de dedicar la mitad de los ingresos familiares (o más) al acceso al techo básico. Simplificando, vivienda pública y de alquiler razonable en los porcentajes que los países compadres de la UE poseen. No menos del 30% del parque de viviendas. Aquí en nuestra casa, ese porcentaje da grima o risa, a elegir, y la dinámica financiera ha conseguido introducir en la neurona del miedo al futuro familiar la necesidad de poseer en propiedad el suelo en donde duermes. De ahí la preponderancia del gasto hipotecario en España.

Así pues, independientemente de la reforma que finalmente se aplique a la ley hipotecaria y a su sistema medieval de resolver los impagados (por cierto unas notas a pie de página, en la Inglaterra dieciochesca una deuda impagada conllevaba el pase a Australia en régimen de esclavitud temporal, o en el rezo del padre nuestro, tan de actualidad hoy, existen unas líneas sobre el perdón de las deudas, que según los sabios son deudas económicas, no de otro signo), lo que hay que hacer es crear ese parque de vivienda pública de alquiler accesible. Un asunto que hoy día tendría fácil solución en base al banco malo y a sus penosos activos pagados por todo quisque.

Lluís Casas desde el Vaticano a la espera que don Francisco diga algo con algún significado.

¿A QUÉ LLAMAMOS CRISIS ECONÓMICA?

Estarán ustedes conmigo en que salvo raras excepciones, los utilizadores del lenguaje, en la prensa, en la literatura, en la política e incluso en los diccionarios históricos de la Real Academia, por no añadir ese monstruo deformador del sentido de las palabras, de la adecuada gramática y de la ineludible y rígida ortografía que es el mundo inaprensible digital, han conseguido prostituir de tal modo el sentido y la esencia de los nombres de las cosas que estas son cada día más irreconocibles. De tal modo que llegará el momento en que al salir a la calle no sepamos como nombrar lo que vemos, ni, obviamente, interpretar lo que nos pasa, por la falta de lo más simple: un lenguaje realmente vinculado a los hechos y las cosas.

Conocen también los lectores mis manías con los medios, tanto propietarios oficiales, como propietarios de verdad, así como redactores y jefes, que en función de intereses asaz variados retuercen lo que vemos para que no lo reconozcamos. Como siempre hay que subscribir esas excepciones que en graves situaciones como las de ahora nos salvan del más absoluto desastre.

Por el contrario pienso que a los lectores parapandeses, esas reflexiones no les sorprenden, aunque si pueden despistarles dado el titular de cabecera.

El asunto viene a cuento por lo que esa revista superrealista,Mongolia, está haciendo en los últimos números: aflorar la parte oculta de determinados medios, explicar quiénes mandan y por qué en determinados títulos de prensa.

No es habitual en el interior de los gremios poner en primera plana determinadas cosas. A lo sumo algunas peleas barriobajeras (hoy mejor debería decirse barrio alteras) para ver quien la dice más gorda (expresión literal catalana) o quien se lleva el gato al agua en números editados o vendidos, en portadas espectaculares o en ingresos de publicidad. Del resto de la intrahistoria pasan lo más delicadamente posible.

No comentaré lo que pueden leer directamente en Mongolia, sino que al hilo de lo expuesto en ella les confesaré que ya no creo en la existencia de la crisis económica.

De hecho deberíamos renombrarla y hablar directamente de crisis societaria, estructural y democrática. La suma de las variables siguientes nos lo confirma: la hegemonía alemana en Europa con políticas de sumo interés propio y totalmente ajenas al del resto. El cambio profundo en la forma de hacer de la alabada democracia Norteamérica, en donde el segundo partido de los dos existentes camina con paso firme e inflexible hacia la fascinación del autoritarismo y sorprendentemente, dado que fue ese partido el que abolió la esclavitud en su país, el impulso a la degradación social y económica de grandes sectores de su población con políticas de entorpecimiento más dadas al nacionalsocialismo que a la tradición estadounidense. La hegemonía demoníaca del capital financiero, con sus submundos especulativos, sus territorios sin ley y su ansia insaciable de beneficios que a estas horas son más ficticios que efectivos. La desaparición lenta e inexorable de la prensa (en cualquiera de los medios que contemplemos) que mira y comenta la realidad con el máximo de rigor posible e informa caiga quien caiga. El papel trazado por la dominancia europea sobre las políticas de la Unión, que insisten cabezonamente en la reducción de los sistemas de bienestar y el equilibrio de las rentas para lanzarse a una fase definitivamente al servicio de la aristocracia del dinero.

En fin, si no ven lo que me parece observar a mi, les agradeceré me iluminen, mi estado psíquico se lo agradecerá. Y fíjense que no he añadido a la lista nada concerniente a la corrupción general (no solo la política), ni a la mierda añadida en determinados pasteles de origen empresarial sueco. Por si no se atreven a comprar la Revista Mongolia, ahí va una pequeña parte de lo que contiene: El País no es de El País, sino del banco de Santander y de La Caixa.

¿Entienden lo que quiero decir?

Lluís Casas que cada martes aconseja a los hipotecados que no pueden pagar como tirarse por la ventana. Para disminuir los costes, digamos, y que no hagan torpes ensayos.

SOBRE LOS MONOPOLIOS

Es sabido por los lectores mi cerrazón en torno a algunos asuntos que afectan a los servicios públicos básicos y que son aprovechados para hinchar las cuentas de resultados de determinadas empresas.

En mi curriculum figuran frecuentes encontronazos profesionales (e ideológicos) con algunas de ellas, pero la empresa Aigues de Barcelona (AGBAR), o como la quieran llamar, se lleva siempre la palma por su profundo desprecio a lo público, su descarada pretensión de quedarse sola en el suministro de agua en Cataluya y en sus múltiples maneras de influir en algunos partidos, así como de integrar en su panoplia profesional a gestores públicos poco cuidadosos con las incompatibilidades y fáciles candidatos a poner la mano para recibir algunas prebendas que les permitan ir tirando más bien que mal. El resultado son costes altos y muchas reverencias.

Ahí tienen para su disfrute la carta que el movimiento del agua como bien público envía a los eurodiputados. De ella se aprende mucho. Fíjense bien.

Lluís Casas sin filtro y a cloro limpio

“Carta a los Europarlamentarios/as en relación a la invitación de Suez a visitar Barcelona el 1 de marzo

Estimados/as Europarlamentarios/as,

Siendo conocedores/as de la invitación que Suez-Agbar les ha remitido para visitar, el próximo 1 de Marzo, las instalaciones de agua de la región de Barcelona, les pedimos encarecidamente que trasladen esta carta a todas las personas miembros de su partido y que no participen en la misma. Dado que estamos ante un programa sesgado que no incorpora un equilibrio entre los distintos puntos de vista de todos los interesados, como por ejemplo de las ONG. Elementos imprescindibles, más aún cuando se trata de servicios públicos y del medioambiente.

Somos conscientes de la existencia de más de 15.000 “lobbistas”, de las grandes corporaciones y del sector financiero, que día a día sitian el Parlamento Europeo para que sus intereses sean incorporados en legislación europea. Alterando de este modo los propios principios de la política pública, pues ésta deja de responder al Interés General para responder al Interés Privado, produciéndose a su vez un desgobierno de las funciones públicas y poniendo en peligro las bases de la propia democracia.

En el caso del agua y de la gestión de los servicios básicos y fundamentales este tipo de prácticas pone en riesgo la propia cohesión social, los ecosistemas fluviales y la dignidad humana. Además encontramos, paradójicamente, como una de las partes interesadas se erige como experto de la materia, siendo juez y parte, y convirtiendo a las instituciones públicas en cómplices de este macabro círculo de intereses. ¿Está Suez-Agbar asesorando con objetividad cuando sólo en 2012 generó 2.450 millones de beneficios? ¿Cuando la privatización de servicios públicos ha tenido el apoyo de la sociedad civil?

Analizando el programa queremos comentarles:

-Visita del centro de operaciones de Suez-Agbar. Es importante que sepan que una sentencia judicial de 2010afirmó que la gestión de Suez-Agbar en la ciudad de Barcelona era ilegítima por no disponer del respectivo contrato de gestión del servicio, con la gravedad que esto supone para toda la ciudadanía. A ello cabe sumar la posibilidad de que cerca de veinte municipios de la región metropolitana se encuentren en la misma situación. Para salir de tan gran irregularidad, el Área Metropolitana de Barcelona (administración metropolitana) decidió crear una nueva empresa mixta y adjudicarla arbitrariamente a Suez-Agbar. El proceso ha sido denunciado mediante 7 contenciosos administrativos, uno de ellos por parte de la propia Generalitat de Catalunya(gobierno autonómico) por invasión de competencias y otros por empresas del sector por violar la libre concurrencia y la ley de contratación pública, ahora mismo está parado. Ante tal despropósito plataformas de la sociedad civil han presentando un informe a la fiscalía anticorrupción para que investigue posibles delitos penales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y Suez-Agbar.

-Visita a las instalaciones de agua. Es importante que sepan que tanto la desalinizadora de El Prat de Llobregat como la depuradora metropolitana del Baix Llobregat, la barrera hidráulica contra la intrusión salina o la planta de osmosis inversa y potabilizadora de Sant Joan Despí, por destacar algunas instalaciones, han sido financiadas con Fondos de la Generalitat y Fondos de cohesión europeos, Suez-Agbar no ha invertido ni un solo euro en las mismas. Es más, la propia Generalitat de Catalunya ha denunciado delante los tribunales que la planta de Sant Joan Despí es propiedad y competencia de la Generalitat y no de la administración metropolitana, ni mucho menos de Suez-Agbar. Además, es sorprendente ver como infraestructuras financiadas con Fondos de cohesión europeos que tenían por objetivo “proyecto de inversión pública destinados a mejorar el medio ambiente” se hayan convertido, en pocos años, en infraestructuras asociadas a fines lucrativos de las multinacionales del agua.

-Debate sobre las políticas de agua en la UE. En primer lugar alertar, como ya hicimos en una carta enviada al comisario Rehn, que las medidas para acceder al “rescate” impuestas por la Troika (CE, BCE y FMI) relativas a la privatización de los servicios de agua en Grecia (Atenas y Tesalónica) y Portugal (Aguas de Portugal) suponen una violación de la neutralidad que la UE debe mantener ante la cuestión de la propiedad pública o privada y la gestión de los servicios de agua colectivos (artículo 345 del TFUE y Art. 17. 1 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior). En segundo lugar les recordamos que el pueblo italiano convocó un referéndum constitucional vinculante en el que más del 95% se opuso a la privatización de los servicios de agua votando sí a la gestión pública y a la eliminación del ánimo de lucro en su gestión. Incomprensiblemente en una carta de Mario Draghi y Jean –Claude Trichet a Mario Monti en la que se intrometieron inadmisiblemente en contra de la soberanía del pueblo italiano y paralizó la implementación de dicho referéndum. Finalmente les trasladamos nuestro rechazo al documento “un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa” que liberalizaría por primera vez el sector del agua, así como los servicios sociales y la sanidad. Un documento que constata una voluntad manifiesta de impulsar las Colaboraciones Público Privadas (CPP) en todos los sectores, aún teniendo muchos ejemplos que constatan que estas prácticas no conllevan en ningún caso una mejora del servicio sino que aumenten los costes para la ciudadanía, descapitalizan la administración y tienen devastadores impactos en los ecosistemas acuáticos. Hay pruebas más que suficientes que muestran la incapacidad de los mercados para gestionar correctamente los servicios públicos y los bienes comunes, en realidad lo que se produce es un secuestro de la información necesaria para gobernar el servicio, lo que conlleva una descatalogación del propio servicio de la categoría de servicio público produciéndose de facto una dimisión de responsabilidades de la administración competente. En definitiva un espolio democrático que comporta un verdadero sabotaje de la economía familiar.

Pero no queremos desaprovechar la ocasión para comentar algunos aspectos más de la situación del agua en España. En la propia respuesta del comisario Rehn encontramos que “la privatización debe llevarse a cabo una vez que existe un marco regulatorio adecuado que evite los abusos de losmonopolios privados. Al mismo tiempo que el acceso público a los bienes básicos debe estar garantizados”. Pues bien, en España no existe ningún marco regulatorio, más bien deberíamos hablar de una desregulación constante de las administraciones por parte del sector privado, introduciendo, por ejemplo, “cánones concesionales” no finalistas que sirven para comprar voluntades y permitir a alcaldes/esas sanear sus maltrechas arcas municipales. Unos cánones y prácticas que además promueven lacorrupción en la adjudicación y gestión de los servicios de agua (podréis encontrar investigaciones abiertas e informes jurídicos relativos a ello enAndalucía, Galicia, Asturias y Catalunya). En referencia al monopolio abusivo, comentarles que en España el sector privado se concentra únicamente en dos empresas: Aqualia-FCC y Suez-Agbar y en comunidades como Catalunya, por ejemplo, sólo Suez-Agbar abastece el 80% de la población. Finalmente, sólo destacar que el acceso al agua hoy en día no está garantizado, los cortes de agua en España no han hecho sino aumentar exponencialmente desde el inicio de la crisis financiera. Sólo en la región metropolitana de Barcelona se pasó de 25.000 aperturas de expedientes en 2011 a 69.000 al año siguiente. En otras ciudades, como Murcia, la población han presentados denuncias a los tribunales por subidas de tarifa abusivas que vulneraban el acceso y reconocimiento del agua y saneamiento como derecho humano aprobado recientemente por la Asamblea de Naciones Unidas.

Y tampoco queremos olvidar comentarles en que estado se encuentra la implementación de la Directiva Marco del Agua. Es importante destacar que España lleva un retraso muy importante en la entrega de sus Planes Hidrológicos, la mayoría de los cuales aún no han sido presentados a la Comisión. Cabe destacar que Catalunya sí que entregó el Plan de Cuencas Internas gracias a la gestión pública i participativa de la ciudadanía. Las presiones de los diversos actores de usos económicos (agrícolas, hidroeléctricos, empresas de abastecimiento urbano, etc.) han generado está gran demora, la cual está suponiendo diversos apercibimientos de sanción por parte de la CE, al dificultar la incorporación de medidas efectivas que contribuyan al buen estado de las masas de Agua para el 2015, uno de los principales objetivos de la DMA. Otro ejemplo claro de la desregulación que provocan la privatizaciones de la gestión del agua lo encontramos vinculado a los incumplimientos de caudales ecológicos; la recién privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a manos de Acciona ha comportado una sobreexplotación del río Ter por ser el agua más rentable, el medio ambiente queda en segundo lugar ante la maximización de beneficios y el regulados para ser regulado.

Por todo ello les animamos a participar en el encuentro que tendrá lugar en Bruselas el próximo 19 de marzo, encuentro organizado por organizaciones de la sociedad civil. Para que escuchen las voces de la ciudadanía que piden, des de hace tiempo, una protección efectiva de los servicios públicos ante unos mercados que buscan su mercantilización, que piden que protejamos los ecosistemas acuáticos, fuente de vida del planeta. Les instamos a qué se sumen conjuntamente con la ciudadanía de Portugal, Grecia, Italia, Francia, Alemania, España, de toda Europa, a la Iniciativa Ciudadana Europea del Agua: “¡El agua y el saneamiento un derecho humano! ¡El Agua un bien público no una mercancía!” Ya hemos recogido 1,2 millones de firmas y esperamos en septiembre tener muchísimas más para que el Parlamento Europeo no le quepa la menor duda de la voluntad de la ciudadanía y qué rumbo tomar en el futuro.

Atentamente,

European Water Movement  y Red Agua Pública”

QUISICOSAS DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Recordarán ustedes el programa de TVE que hizo famoso este término, hoy lo utilizo como inicio de una pequeña serie que quiere asombrar, alertar y divulgar la estupidez, por no decir otra cosa, de algunas leyes. La que resulta de mayor interés ahora es la ley hipotecaria que ha promovido un inmenso malestar popular y unos crímenes merecedores del museo de cera de Londres.

Esta ley es un texto producto del siglo XIX, reformada y actualizada, por no atreverme calificarla de modernizada, en el maravilloso año de 1946, cuando los pueblos de España disfrutaban de una encantadora forma de representación política, de una libertad sin limites regimentales y de una orientación moral tendente al espera al más allá y confórmate, pero de momento no jodas o te joderemos.

Que una ley que regula derechos vinculados al acceso a la vivienda (entre otras cosas del mundo de la propiedad y el crédito) surja de lo mías profundo del capitalismo iniciático y se adapte en plena dictadura a los planteamientos y necesidades del sector privilegiado de la sociedad ya anuncia que estamos en el mal camino.

Que además esa ley se aplique durante los años de la democracia sin que hayan variado substancialmente las circunstancias que contempla, las formas que instruyen y la urgencia y violencia que aplica en sus resoluciones tampoco añade nada bueno a los que han tenido el deber de gobernar.

Entiéndanme que no voy por el camino de eliminar el derecho a la propiedad y la obligación de cumplir con los compromisos contractuales. Eso seria otra cosa.

Simplemente quiero acercarme a un hecho mucho más sencillo: la ley hipotecaria deja indefensos a los deudores y facilita múltiples maniobras más o menos de derecho a los acreedores. El resultado es que, quien por motivos objetivos (pérdida del trabajo u otros) deja de poder abonar el compromiso hipotecario, nada, ni nadie puede legalmente encontrar soluciones que no pasen por el trauma de la exclusión social: sin vivienda, con cargas financieras complementarias que se llevarán lo poco que pueda ingresar y con un futuro atado por muchos años a su imposibilidad económica. El asunto tiene tales rigideces que ni la edad, ni la existencia de menores afectados, ni casi nada vinculado a los derechos de una persona pueden resultarle de ayuda. Una ley ciega, sorda y muda.

Hoy con la mentada ley y una crisis de horror conseguimos distintos objetivos, ninguno de los cuales interesa o es beneficioso para nadie.

En primer lugar las familias afectadas pierden la vivienda y lo invertido en ella, asumen una deuda complementaria por el diferencial de valor entre la hipoteca en su coste inicial y la valoración actual de su vivienda (que se ha reducido enormemente por la crisis), ello conlleva una especie de condena bíblica al más puro estilo del antiguo testamento (por no citar a los familiares avalistas complementarios, inmersos en el mismo abismo).

A cambio, la entidad bancaria otorgante del crédito, ocupa un piso que no podrá vender en tiempo, que se ha desvalorizado y le crea la exigencia de generar provisiones en su balance, y debe hacer frente a los gastos comunitarios como nuevo propietario (cosa que no hace habitualmente creando otro problema en las comunidades de vecinos). En síntesis, tenemos a una familia sin vivienda y a una vivienda sin familia, con costes para todos complementarios. Fantástico.

Dicho lo dicho y solo para empezar, les explicaré que tal absurdidad llega a unos máximos en el caso que la familia tan mal pagadora tenga en casa alguna mascota, es decir un perro, un gato o un canario para sintetizar.

La familia una vez decretada su expulsión de la vivienda deja de tener derechos, ellos, sus fardos o maletas y muebles son lanzados (este es el termino administrativo) a la calle y allí te las compongas como puedas. Ello se realiza mediante asaltos policiales y judiciales que utilizan todo tipo de instrumentos de cerco de ascendencia medieval, escaleras, revienta puertas y un largo etcétera producto de la imaginaría de los capataces del asalto.

Bien, pues todo ello queda frenado ante la milagrosa presencia de la mascota, puesto que siendo ella, como es, un animal no racional no está comprendido entre las personas, los muebles y los diversos bártulos. Y como ahora, a dios gracias, tenemos leyes de protección de los animales, dichas mascotas deben tratarse con respeto y con toda la ayuda de expertos, cuidadores, asistentes y centros de acogida. Por lo que el mencionado lanzamiento es detenido en espera de completar el ejército de cerco con los aditamentos humanos y técnicos que cumplimenten la ley protectora de los animales. La familia, en fin, obtiene un respiro hasta que se reúnan los mencionados requisitos.

De ello se deduce una estrategia, en cuanto vean que no pueden pagar un solo recibo hipotecario, adquieran discretamente un perro, a ser posible pequeño, pues gasta menos y lo muestran posteriormente en el momento del lanzamiento con testigos del movimiento a favor de los animales. Van a joderles la marrana a los asaltadores. Por cierto, si la adquisición la hacen en la perrera municipal, el pobre perro simplemente va a volver a ella y puede inscribirse en un nuevo ciclo de apoyo a las familias. Además conocerá perfectamente al personal que va a hacerse cargo de él. Será como volver con la antigua familia. Precioso.

Seguiremos.

Lluís Casas metido como al inicio en asuntos de vivienda.

SALARIOS PÚBLICOS

En diversas ocasiones he utilizado este medio para explicar algunas cositas sobre la retribución de los políticos y los altos gestores públicos. Hoy, insistiré en ello por recomendación del futuro Papa de Parapanda, inevitable hecho pronto a ocurrir y que tendrá la aquiescencia de los más conspicuos militantes del laicismo del lugar.

La coincidencia mediática sobre la marea corrupta que aflora torrencialmente y la publicación en paralelo de los sueldos que cobran los regidores de la ciudad de Barcelona parece inducir que todo ello es lo mismo. Al margen de cifras y letras enmarcados en letra grande y negra, debo considerar que lo uno y lo otro son cosas distintas y diferentes, a elegir. Y la coincidencia en su publicación no es más que meter en el mismo saco manzanas y ciruelas, con lo que poco vamos a aprovechar de estas últimas.

Antes de entrar en materia insegura, les cuento algunas cosas necesarias para interpretar la situación. En primer lugar, cada pleno municipal o los órganos locales en los que recaiga la competencia son libres de fijar la estructura salarial de sus políticos y de sus altos cargos. Y eso no es malo, aunque conlleva la responsabilidad de responder de ello ante el ciudadano y no escudarse en nadie, ni en nada.

Segundo, la ley de incompatibilidades tiene unas exigencias muy estrictas respeto a la actividad subsecuente a un cargo público de estas características, incluso las tiene durante el ejercicio profesional público. Y ello atañe al elemento político, al alto cargo y a los propios trabajadores, sean funcionarios o no, de la administración. Otra cosa es que se aplique poco y mal.

Tercero, la administración pública actual es una enorme empresa que mezcla política y gestión nunca antes planteada y que regula esta situación más mal que bien. De hecho la empresa más importante de Catalunya es sin lugar a dudas la Generalitat, pero el Ayuntamiento de Barcelona debe ser la segunda. Son cientos o miles los bienes y servicios producidos por estas organizaciones, al margen de la imprescindible existencia de aparatos jurídicos y administrativos muy específicos y exigentes. Estamos pues ante organizaciones complejas, muy complejas, que exigen no solo capacidad política, sino conocimientos técnicos sofisticados y muy diversos.

Los salarios públicos entran de lleno en esa complejidad de gestión y de regulación (incompatibilidades) y deben ser un instrumento para que el funcionamiento y los resultados obtenidos estén a la altura que el ciudadano exige. Un salario exiguo no es ninguna garantía de una administración transparente y eficiente. Tampoco lo es disponer de altísimos salarios. El asunto es hallar una buena conjunción entre retribución, capacidad técnica y/o política y honestidad.

Los salarios conocidos de los regidores barceloneses, todo y alguna reducción realizada en aras del ajuste, son claramente elevados comparados con lo que el ciudadano medio percibe, si es que percibe alguna cosa. Otro asunto es que sean objetivamente excesivos. En primer lugar, la información periodística no hace distingos entre salario bruto y neto, cosa que ofrece una actitud un tanto miserable por parte de los medios. A esos sueldos publicados hay que restarles por lo bajo un 35%. Los cien mil euros del ala publicados se convierten en sesenta y cinco mil. Cifra asaz distinta.

La contraprestación es en general y para una buena parte de los regidores un horario extensivo (muchas veces inútil dada la característica improductiva de las reuniones hispanas) y retos personales bastante exigentes para aquellos que se toman en serio y responsablemente su cargo. Obviamente, el sueldo público no debe cubrir estos riesgos, puesto que se supone que la administración pública es para ellos una actividad voluntaria, circunstancial y vinculada al ideario político, social e ideológico,  y no una manera de vivir, o de medrar.

Si además elevamos la vista y contemplamos la enorme variedad de administraciones, desde Barcelona hasta Belianes en Lérida o la misma Parapanda ahí al lado, debemos concluir que es extraordinariamente difícil establecer medidas comunes para ordenar el asunto. No es lo mismo gestionar miles de millones, que gestionar un municipio charlando por la calle o atendiendo problemas en el bar de la plaza.

La única referencia objetiva está en el sistema de retribución de los funcionarios públicos, que establece una estructura en la que intervienen niveles, retribuciones básicas, complementarias en función de distintos parámetros, etc. Todo y esto, la realidad nos confirma que incluso en base a una legislación bastante reguladora, los salarios de los funcionarios españoles tienen enormes distancias monetarias. Es evidente que el funcionario del Estado está peor pagado, aunque menos exigido y que algunas administraciones locales, como la Diputación de Barcelona adolecen de una permisividad salarial arto excesiva. De modo que no debemos ponernos nerviosos y saltar a la mínima. Hay multitud de ejemplos que la retribución salarial, fuera la que fuera, no es óbice para la corrupción, la gestión estulta y la incompetencia plena. Y al revés, existen ejemplos de excelente gestión política y administrativa basados en salarios francamente ajustados. Dado el tiempo en que vivimos, que mejor que afirmar que de todo hay en la viña del señor.

Llegados a este punto se preguntaran cual es mi opinión al respecto, puesto que parece que quiera escurrir el bulto. Nada de ello. Ahí va.

En primer lugar, la retribución pública debe ser única, sin añadidos vinculados a la presencia complementaria a empresas o entidades vinculadas al cargo original. Solamente eso vaciará considerablemente el cesto que periódicamente recogen los afectados y, por ejemplo, haría que el ex alcalde de Sabadell no tuviera interés en seguir como concejal de base, puesto que la Diputación de Barcelona, en Consell Comarcal del Vallés  y otras hiervas dejarían de rellenar su cesto. Un solo salario por la totalidad de las específicas obligaciones que conlleva el cargo público.

En segundo lugar, la retribución política y la retribución de los funcionarios y trabajadores públicas debe estar vinculada. Si el límite máximo para un alto funcionario es X, el sueldo para un cargo político no puede alejarse mucho de ahí.

En tercer lugar se aplicará estrictamente la ley de incompatibilidades, con lo que alejaremos de la función pública aquellos que se manejan en ella como ubérrimo centro de negocios privados.

En cuarto lugar, recomponer la estructura definida en las leyes para homogeneizar las retribuciones y establecer los escalados que la población, el presupuestos y otras variables exigen. Sin olvidar, que los territorios tienen inflaciones y estructura de precios distintos.

Al final les diré respecto al caso de Barcelona que aplicados estos criterios su sueldo se reduciría un tanto, pero que mantendría el equilibrio entre responsabilidades y retribución.

Lluís Casas y Enric Oltra a cuatro manos.

TOROS O PISOS. PISOS Y TOROS

Una vez terminada la primera parte de este film de terror al estilo de Psicosis de Alfred Hitchcock que ha constituido la llegada y la decisión sobre la tramitación parlamentaria dela ILP, con la dación en pago como eje de la propuesta (la entrega del piso hipotecado y la liberalización de las cargas financieras a las familias afectadas, con el consecuente contrato social de arrendamiento para no dejar a nadie en la calle y sin posibilidad de una mínima vida digna), puedo con menor riesgo comentar algunas cositas.

La primera está en el título. No seré yo, en honor al que me recibe en su casa, quien haga bulla de los toros. Simplemente pretendo subrayar la incapacidad política e incluso intelectual de la dirección del PP para encarar los problemas. La inmensa torpeza que demuestra mezclar una cosa con la otra el mismo día, sabiendo que la decisión era que a los toros sí y que a la dación no, resume con trazo grueso y fino a la vez el talante y la práctica poco democrática, nada social e inmensamente prepotente de los que detentan casi todo el poder en este país.

Finalmente, la vergüenza ajena, la presión social y la constatación que el 98% de los españoles en sus diversas vertientes idiosincráticas tenían perfectamente claro que eso de la dación es de razón política, humana y económica, les ha llevado a un cambio copernicano, aunque menos ejemplar, para dejar las maniobras con que piensan satisfacer las exigencias bancarias para el enredo parlamentario posterior. Aunque ya veremos, puesto que no somos tontos y hay demasiados vigías para que pase alguna maniobra en la pretendida oscuridad de las comisiones y demás artilugios propios del artesanado parlamentario, sin que nos demos cuenta y la armemos.

De momento, el movimiento social, la PAH, surgida en Catalunya (conAda Colau como buque insignia) y extendida a todas partes, se ha apuntado un buen tanto. Todo un éxito político y mediático que va a poner las cosas muy difíciles para ese poder omnívoro del oligopolio bancario. Además, junto a la aceptación del trámite, caerán algunos dineritos que reforzaran esas fuerzas absolutamente voluntarias que asumen el impulso de la ILP y la gestión diaria de ayuda a los afectados. Unos dineros que en este caso tienen más legitimidad y honradez que la mayoría de otras subvenciones que figuran en los presupuestos. (Los de los toros también recibirán algo de pasta, vaya por dios).

El día de ayer fue, en definitiva, si le sumamos la vista de Draghi y el autocese en la penúltima monarquía absoluta (solo quedan Corea y Guinea, creo yo), día señalado en el calendario. Lo del BCE es a todas luces otra demostración que el PP carece de lo más mínimo para gobernar o dirigir un simple kiosco. Una demostración de tamaño autoritarismo parlamentario y de ignorancia tecnológica parecen simplemente imposibles. Con el detalle que el propio Draghi va y cuelga en Internet su discurso. Son los años cincuenta.

Lo del Papa de Roma, también tiene tela que cortar. Eximios expertos nos relatarán al ritmo eclesiástico de lo mucho que hay detrás de las cortinas vaticanas. Desde la incompetencia sonora al gangsterismo más clásico. Parece ser que el centro de poder mundial que más hábilmente ha sobrevivido a la ley de la gravedad, a la órbita solar y a Darwin, esté tan cerca de la quiebra técnica simplemente por el sexo y el dinero. Los clásicos para una novela negra.

Lluís Casas en el confesionario público

MARDITO PARNÉ QUE POR TU CURPITA ...

No pretendo aburrirles insistiendo en los miles de tortuosos vericuetos de la corrupción (no tan) generalizada que nos presentan los medios. Hoy mismo, en El País (8 de febrero), aparecen en torno a 15 páginas relacionadas con ello. Al margen del inmenso escándalo existente, hay otras cosas mucho peores y que pasan, voluntariamente, totalmente desapercibidas.

Se ha impuesto que la política, los políticos y los partidos, es decir el 70% de la democracia, son corruptos. No se hacen distinciones entre los que están comprometidos, relacionados, vinculados o presos por esa causa y los que no. Grave falta a la verdad, enorme error mediático en pos de la venta fácil y el populismo mentiroso. Si es cierto que el país necesita una regeneración, no lo es por que todos hayan colaborado en la corrupción y, muy importante, estos forman parte de la solución. Hay que señalarlo y anotar los nombres.

Por otra parte hay varias caras sobre la corrupción. La fácil es la del político pringado. Pero ello supone un mundo privado que tienta,  incita y se aprovecha de la debilidad y la ambición. Luego, hagamos aflorar los nombres de esa segunda parte (tal vez sea la primera parte marxiana) complementaria de la primera. Pero no es así. Los nombres de empresas, empresarios y otros no se citan o solo de pasada y en letra pequeña. Cierto es que Millet y su entorno de influencias son lo que no hay, pero que decir de la empresa que pagaba a sabiendas. La saben ustedes, ¿alguien ha hecho un trabajo periodístico en esa dirección? No les parece que sería muy conveniente concluir que la corrupción forma parte del funcionamiento “normal” de una parte del empresariado español.

Por cierto, un empresariado presidido en sus tres últimas ocasiones por dos no empresarios, simple funcionario de la patronal uno, asistente permanente a consejos de administración otro y por un puro chorizo que está en la cárcel, de momento.

Sigamos por esa senda y hurguemos más a fondo en las relaciones entre dinero (empresa o grandes empresas) y la política. Nadie se llamará a engaño si digo que ciertas fuerzas ideológicas y políticas responden en buena parte a los intereses del gran dinero. Así es desde mucho antes de Nerón y son multitud quienes lo han explicado, denunciado y teorizado. Esos intereses pueden ser legítimos o no, pero en cualquier caso son abundantemente aceptados y servidos en la estructura de la decisión política. Y eso, amigos, es mucho más gordo que la corrupción del 3%.

Me refiero como pueden imaginar a legislar, decretar, hacer normas, definir ámbitos urbanos, etc. para que alguno o algunos se aprovechen de ello con especial preferencia. Es el día a día de parlamentos, plenos municipales y otros muchos órganos de base democrática más discretos y mucho más específicos.

Esto es así y solo el debate abierto, el equilibrio ideológico, social, mediático y político entre los distintos intereses puede ejercer de árbitro y edificar una sociedad con intereses, pero con frenos y marcha atrás. Hoy esto no es así en nuestro país.

Para concretar, que ya es hora, les hablaré de un hecho acaecido hace poco y que ha pasado por delante de nuestras narices sin apenas comentarios que no fueran casi elogiosos.

La banca española (adjetivo muy poco calificativo en el mundo del interés y el dinero) está devolviendo los créditos que el Banco Central Europeo le concedió a tipos de absoluta risa mucho antes de lo previsto. Es decir, un banco que obtiene recursos europeos a menos del 1% de interés y los coloca en deuda pública española al 6%, por ejemplo, con costes de administración totalmente ridículos, devuelve los créditos y deja de ganar el 5% de diferencial de interés. ¡Vaya por dios! Qué cosa más rara.

La explicación mediática y probablemente delicadamente sugerida es que se hace para aumentar el prestigio de la banca, una especie de demostración de lo bien que ya está nuestra banca después de pasar sus pasivos al contribuyente. Una simpleza de explicación donde las haya.

Veámoslo desde otro punto de vista. La economía española, empresas y ciudadanos, necesitan dios y ayuda para obtener un crédito que financie parte de sus inversiones en expansión productiva, el asalto a los mercados exteriores o para montar una empresa o adquirir un piso. Los intereses que se les solicitan, en caso que tengan la inmensa suerte de llegar a este nivel de negociación, no están por debajo de 6-7%, como mínimo. Pero solo muy pocos acceden a este momento mágico en que una entidad financiera se compromete a quedarse con una parte tan significativa de tu negocio o tu sueldo, todo y que ella misma no llega  a pagar un 1% por su riesgo.

Obviamente, no todas las demandas de crédito que llegan a las entidades bancarias son dignas de confianza. Todas no, pero si muchas, que quedan frustradas o frenadas por la falta de fondos suficientes o, mejor, por falta de política bancaria de apoyo. Ello comporta un freno más a la creación de puestos de trabajo, al hipotético crecimiento económico, es decir a los más altos intereses de la nación (en sentido figurado) en estos momentos.

Entonces, ¿Cómo es que ni el gobierno, ni el Banco de España, ni el Parlamento se han ocupado de ello para evitar que esos objetivos fundamentales ahora se vean aún más bloqueados? ¿Qué hay más importante que la ocupación, el crecimiento, etc. que hace que el escaso crédito disponible se devuelva más rápido de lo exigido y se reduzca el estock disponible de crédito?

Probablemente la respuesta es compleja, pero me atrevo a adivinar que la estrategia bancaria y su balance son mucho más importantes que el paro y todo lo demás. Los bancos desinflan su debe y su haber para que sus ratios que son observados detenidamente por hombres y mujeres de negro (no nos olvidemos de al menos dos de ellas), tengan una mejor apariencia.

Ahí me quedo por el momento, seguro que lo dicho podrá complementarse con otras consideraciones. Pero lo relevante es que el interés del dinero (no el interés valorado en porcentaje de coste del crédito) está mucho más allá de lo que el gobierno, el Banco de España y el Parlamento creen que son sus competencias.

Lluís Casas desde el bosón de Higgs