jueves, 7 de marzo de 2013

SOBRE LOS MONOPOLIOS


Es sabido por los lectores mi cerrazón en torno a algunos asuntos que afectan a los servicios públicos básicos y que son aprovechados para hinchar las cuentas de resultados de determinadas empresas.

En mi curriculum figuran frecuentes encontronazos profesionales (e ideológicos) con algunas de ellas, pero la empresa Aigues de Barcelona (AGBAR), o como la quieran llamar, se lleva siempre la palma por su profundo desprecio a lo público, su descarada pretensión de quedarse sola en el suministro de agua en Cataluya y en sus múltiples maneras de influir en algunos partidos, así como de integrar en su panoplia profesional a gestores públicos poco cuidadosos con las incompatibilidades y fáciles candidatos a poner la mano para recibir algunas prebendas que les permitan ir tirando más bien que mal. El resultado son costes altos y muchas reverencias.

Ahí tienen para su disfrute la carta que el movimiento del agua como bien público envía a los eurodiputados. De ella se aprende mucho. Fíjense bien.

Lluís Casas sin filtro y a cloro limpio


“Carta a los Europarlamentarios/as en relación a la invitación de Suez a visitar Barcelona el 1 de marzo
Estimados/as Europarlamentarios/as,
Siendo conocedores/as de la invitación que Suez-Agbar les ha remitido para visitar, el próximo 1 de Marzo, las instalaciones de agua de la región de Barcelona, les pedimos encarecidamente que trasladen esta carta a todas las personas miembros de su partido y que no participen en la misma. Dado que estamos ante un programa sesgado que no incorpora un equilibrio entre los distintos puntos de vista de todos los interesados, como por ejemplo de las ONG. Elementos imprescindibles, más aún cuando se trata de servicios públicos y del medioambiente.
Somos conscientes de la existencia de más de 15.000 “lobbistas”, de las grandes corporaciones y del sector financiero, que día a día sitian el Parlamento Europeo para que sus intereses sean incorporados en legislación europea. Alterando de este modo los propios principios de la política pública, pues ésta deja de responder al Interés General para responder al Interés Privado, produciéndose a su vez un desgobierno de las funciones públicas y poniendo en peligro las bases de la propia democracia.
En el caso del agua y de la gestión de los servicios básicos y fundamentales este tipo de prácticas pone en riesgo la propia cohesión social, los ecosistemas fluviales y la dignidad humana. Además encontramos, paradójicamente, como una de las partes interesadas se erige como experto de la materia, siendo juez y parte, y convirtiendo a las instituciones públicas en cómplices de este macabro círculo de intereses. ¿Está Suez-Agbar asesorando con objetividad cuando sólo en 2012 generó 2.450 millones de beneficios? ¿Cuando la privatización de servicios públicos ha tenido el apoyo de la sociedad civil?
Analizando el programa queremos comentarles:
-Visita del centro de operaciones de Suez-Agbar. Es importante que sepan que una sentencia judicial de 2010afirmó que la gestión de Suez-Agbar en la ciudad de Barcelona era ilegítima por no disponer del respectivo contrato de gestión del servicio, con la gravedad que esto supone para toda la ciudadanía. A ello cabe sumar la posibilidad de que cerca de veinte municipios de la región metropolitana se encuentren en la misma situación. Para salir de tan gran irregularidad, el Área Metropolitana de Barcelona (administración metropolitana) decidió crear una nueva empresa mixta y adjudicarla arbitrariamente a Suez-Agbar. El proceso ha sido denunciado mediante 7 contenciosos administrativos, uno de ellos por parte de la propia Generalitat de Catalunya(gobierno autonómico) por invasión de competencias y otros por empresas del sector por violar la libre concurrencia y la ley de contratación pública, ahora mismo está parado. Ante tal despropósito plataformas de la sociedad civil han presentando un informe a la fiscalía anticorrupción para que investigue posibles delitos penales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y Suez-Agbar.
-Visita a las instalaciones de agua. Es importante que sepan que tanto la desalinizadora de El Prat de Llobregat como la depuradora metropolitana del Baix Llobregat, la barrera hidráulica contra la intrusión salina o la planta de osmosis inversa y potabilizadora de Sant Joan Despí, por destacar algunas instalaciones, han sido financiadas con Fondos de la Generalitat y Fondos de cohesión europeos, Suez-Agbar no ha invertido ni un solo euro en las mismas. Es más, la propia Generalitat de Catalunya ha denunciado delante los tribunales que la planta de Sant Joan Despí es propiedad y competencia de la Generalitat y no de la administración metropolitana, ni mucho menos de Suez-Agbar. Además, es sorprendente ver como infraestructuras financiadas con Fondos de cohesión europeos que tenían por objetivo “proyecto de inversión pública destinados a mejorar el medio ambiente” se hayan convertido, en pocos años, en infraestructuras asociadas a fines lucrativos de las multinacionales del agua.
-Debate sobre las políticas de agua en la UE. En primer lugar alertar, como ya hicimos en una carta enviada al comisario Rehn, que las medidas para acceder al “rescate” impuestas por la Troika (CE, BCE y FMI) relativas a la privatización de los servicios de agua en Grecia (Atenas y Tesalónica) y Portugal (Aguas de Portugal) suponen una violación de la neutralidad que la UE debe mantener ante la cuestión de la propiedad pública o privada y la gestión de los servicios de agua colectivos (artículo 345 del TFUE y Art. 17. 1 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior). En segundo lugar les recordamos que el pueblo italiano convocó un referéndum constitucional vinculante en el que más del 95% se opuso a la privatización de los servicios de agua votando sí a la gestión pública y a la eliminación del ánimo de lucro en su gestión. Incomprensiblemente en una carta de Mario Draghi y Jean –Claude Trichet a Mario Monti en la que se intrometieron inadmisiblemente en contra de la soberanía del pueblo italiano y paralizó la implementación de dicho referéndum. Finalmente les trasladamos nuestro rechazo al documento “un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa” que liberalizaría por primera vez el sector del agua, así como los servicios sociales y la sanidad. Un documento que constata una voluntad manifiesta de impulsar las Colaboraciones Público Privadas (CPP) en todos los sectores, aún teniendo muchos ejemplos que constatan que estas prácticas no conllevan en ningún caso una mejora del servicio sino que aumenten los costes para la ciudadanía, descapitalizan la administración y tienen devastadores impactos en los ecosistemas acuáticos. Hay pruebas más que suficientes que muestran la incapacidad de los mercados para gestionar correctamente los servicios públicos y los bienes comunes, en realidad lo que se produce es un secuestro de la información necesaria para gobernar el servicio, lo que conlleva una descatalogación del propio servicio de la categoría de servicio público produciéndose de facto una dimisión de responsabilidades de la administración competente. En definitiva un espolio democrático que comporta un verdadero sabotaje de la economía familiar.
Pero no queremos desaprovechar la ocasión para comentar algunos aspectos más de la situación del agua en España. En la propia respuesta del comisario Rehn encontramos que “la privatización debe llevarse a cabo una vez que existe un marco regulatorio adecuado que evite los abusos de losmonopolios privados. Al mismo tiempo que el acceso público a los bienes básicos debe estar garantizados”. Pues bien, en España no existe ningún marco regulatorio, más bien deberíamos hablar de una desregulación constante de las administraciones por parte del sector privado, introduciendo, por ejemplo, “cánones concesionales” no finalistas que sirven para comprar voluntades y permitir a alcaldes/esas sanear sus maltrechas arcas municipales. Unos cánones y prácticas que además promueven lacorrupción en la adjudicación y gestión de los servicios de agua (podréis encontrar investigaciones abiertas e informes jurídicos relativos a ello enAndalucíaGaliciaAsturias y Catalunya). En referencia al monopolio abusivo, comentarles que en España el sector privado se concentra únicamente en dos empresas: Aqualia-FCC y Suez-Agbar y en comunidades como Catalunya, por ejemplo, sólo Suez-Agbar abastece el 80% de la población. Finalmente, sólo destacar que el acceso al agua hoy en día no está garantizado, los cortes de agua en España no han hecho sino aumentar exponencialmente desde el inicio de la crisis financiera. Sólo en la región metropolitana de Barcelona se pasó de 25.000 aperturas de expedientes en 2011 a 69.000 al año siguiente. En otras ciudades, como Murcia, la población han presentados denuncias a los tribunales por subidas de tarifa abusivas que vulneraban el acceso y reconocimiento del agua y saneamiento como derecho humano aprobado recientemente por la Asamblea de Naciones Unidas.
Y tampoco queremos olvidar comentarles en que estado se encuentra la implementación de la Directiva Marco del Agua. Es importante destacar que España lleva un retraso muy importante en la entrega de sus Planes Hidrológicos, la mayoría de los cuales aún no han sido presentados a la Comisión. Cabe destacar que Catalunya sí que entregó el Plan de Cuencas Internas gracias a la gestión pública i participativa de la ciudadanía. Las presiones de los diversos actores de usos económicos (agrícolas, hidroeléctricos, empresas de abastecimiento urbano, etc.) han generado está gran demora, la cual está suponiendo diversos apercibimientos de sanción por parte de la CE, al dificultar la incorporación de medidas efectivas que contribuyan al buen estado de las masas de Agua para el 2015, uno de los principales objetivos de la DMA. Otro ejemplo claro de la desregulación que provocan la privatizaciones de la gestión del agua lo encontramos vinculado a los incumplimientos de caudales ecológicos; la recién privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a manos de Acciona ha comportado una sobreexplotación del río Ter por ser el agua más rentable, el medio ambiente queda en segundo lugar ante la maximización de beneficios y el regulados para ser regulado.
Por todo ello les animamos a participar en el encuentro que tendrá lugar en Bruselas el próximo 19 de marzo, encuentro organizado por organizaciones de la sociedad civil. Para que escuchen las voces de la ciudadanía que piden, des de hace tiempo, una protección efectiva de los servicios públicos ante unos mercados que buscan su mercantilización, que piden que protejamos los ecosistemas acuáticos, fuente de vida del planeta. Les instamos a qué se sumen conjuntamente con la ciudadanía de Portugal, Grecia, Italia, Francia, Alemania, España, de toda Europa, a la Iniciativa Ciudadana Europea del Agua: “¡El agua y el saneamiento un derecho humano! ¡El Agua un bien público no una mercancía!” Ya hemos recogido 1,2 millones de firmas y esperamos en septiembre tener muchísimas más para que el Parlamento Europeo no le quepa la menor duda de la voluntad de la ciudadanía y qué rumbo tomar en el futuro.
Atentamente,