Es sabido por
los lectores mi cerrazón en torno a algunos asuntos que afectan a los servicios
públicos básicos y que son aprovechados para hinchar las cuentas de resultados
de determinadas empresas.
En mi curriculum
figuran frecuentes encontronazos profesionales (e ideológicos) con algunas de
ellas, pero la empresa Aigues de Barcelona (AGBAR), o como la quieran llamar,
se lleva siempre la palma por su profundo desprecio a lo público, su descarada
pretensión de quedarse sola en el suministro de agua en Cataluya y en sus
múltiples maneras de influir en algunos partidos, así como de integrar en su
panoplia profesional a gestores públicos poco cuidadosos con las
incompatibilidades y fáciles candidatos a poner la mano para recibir algunas
prebendas que les permitan ir tirando más bien que mal. El resultado son costes
altos y muchas reverencias.
Ahí tienen para
su disfrute la carta que el movimiento del agua como bien público envía a los
eurodiputados. De ella se aprende mucho. Fíjense bien.
Lluís Casas sin filtro y a cloro limpio
“Carta a los Europarlamentarios/as en
relación a la invitación de Suez a visitar Barcelona el 1 de marzo
Estimados/as Europarlamentarios/as,
Siendo conocedores/as de la invitación que Suez-Agbar les ha
remitido para visitar, el próximo 1 de Marzo, las instalaciones de agua de la
región de Barcelona, les pedimos encarecidamente que trasladen esta carta a
todas las personas miembros de su partido y que no participen en la misma. Dado
que estamos ante un programa sesgado que no incorpora un equilibrio entre los
distintos puntos de vista de todos los interesados, como por ejemplo de las
ONG. Elementos imprescindibles, más aún cuando se trata de servicios públicos y
del medioambiente.
Somos conscientes de la existencia de más
de 15.000 “lobbistas”, de las grandes corporaciones y del sector financiero, que
día a día sitian el Parlamento Europeo para que sus intereses sean incorporados
en legislación europea. Alterando de este modo los propios principios de la
política pública, pues ésta deja de responder al Interés General para responder
al Interés Privado, produciéndose a su vez un desgobierno de las funciones
públicas y poniendo en peligro las bases de la propia democracia.
En el caso del agua y de la gestión de los
servicios básicos y fundamentales este tipo de prácticas pone en riesgo la
propia cohesión social, los ecosistemas fluviales y la dignidad humana. Además
encontramos, paradójicamente, como una de las partes interesadas se erige como
experto de la materia, siendo juez y parte, y convirtiendo a las instituciones
públicas en cómplices de este macabro círculo de intereses. ¿Está Suez-Agbar
asesorando con objetividad cuando sólo en 2012 generó 2.450 millones de
beneficios? ¿Cuando la privatización de servicios públicos ha tenido el apoyo
de la sociedad civil?
Analizando el programa queremos comentarles:
-Visita del centro de operaciones de
Suez-Agbar. Es importante que sepan que una sentencia judicial de 2010afirmó que
la gestión de Suez-Agbar en la ciudad de Barcelona era ilegítima por no
disponer del respectivo contrato de gestión del servicio, con la gravedad que
esto supone para toda la ciudadanía. A ello cabe sumar la posibilidad de que
cerca de veinte municipios de la región metropolitana se encuentren en la misma
situación. Para salir de tan gran irregularidad, el Área Metropolitana de
Barcelona (administración metropolitana) decidió crear una nueva empresa mixta
y adjudicarla arbitrariamente a Suez-Agbar. El proceso ha sido denunciado
mediante 7 contenciosos administrativos, uno de ellos por parte de la propia
Generalitat de Catalunya(gobierno autonómico) por invasión de competencias
y otros por empresas del sector por
violar la libre concurrencia y la ley de contratación pública, ahora mismo está
parado. Ante tal despropósito plataformas de la sociedad civil han presentando
un informe a la fiscalía anticorrupción para
que investigue posibles delitos penales del Ayuntamiento de Barcelona, el Área
Metropolitana de Barcelona y Suez-Agbar.
-Visita a las instalaciones de agua.
Es importante que sepan que tanto la desalinizadora de El Prat de Llobregat
como la depuradora metropolitana del Baix Llobregat, la barrera hidráulica
contra la intrusión salina o la planta de osmosis inversa y potabilizadora de
Sant Joan Despí, por destacar algunas instalaciones, han sido financiadas con
Fondos de la
Generalitat y
Fondos de cohesión europeos, Suez-Agbar no ha invertido ni un solo euro
en las mismas. Es más, la propia Generalitat de Catalunya ha denunciado
delante los tribunales que la planta de Sant Joan Despí es propiedad y
competencia de la
Generalitat y
no de la administración metropolitana, ni mucho menos de Suez-Agbar. Además, es
sorprendente ver como infraestructuras financiadas con Fondos de cohesión
europeos que tenían por objetivo “proyecto de inversión pública destinados a
mejorar el medio ambiente” se hayan convertido, en pocos años, en
infraestructuras asociadas a fines lucrativos de las multinacionales del agua.
-Debate sobre las políticas de agua en la UE. En primer
lugar alertar, como ya hicimos en una carta enviada al comisario Rehn, que las
medidas para acceder al “rescate” impuestas por la
Troika (CE,
BCE y FMI) relativas a la privatización de los servicios de agua en Grecia
(Atenas y Tesalónica) y Portugal (Aguas de Portugal) suponen una violación de
la neutralidad que la
UE debe
mantener ante la cuestión de la propiedad pública o privada y la gestión de los
servicios de agua colectivos (artículo 345 del TFUE y Art. 17. 1 de la
Directiva 2006/123/CE
relativa a los servicios en el mercado interior). En segundo lugar les
recordamos que el pueblo italiano convocó un referéndum constitucional
vinculante en el que más del 95% se opuso a la privatización de los servicios
de agua votando sí a la gestión pública y a la eliminación del ánimo de lucro
en su gestión. Incomprensiblemente en una carta de Mario Draghi y Jean –Claude
Trichet a Mario Monti en la que se intrometieron inadmisiblemente en contra de
la soberanía del pueblo italiano y paralizó la implementación de dicho
referéndum. Finalmente les trasladamos nuestro rechazo al documento “un marco
de calidad para los servicios de interés general en Europa” que liberalizaría
por primera vez el sector del agua, así como los servicios sociales y la
sanidad. Un documento que constata una voluntad manifiesta de impulsar las
Colaboraciones Público Privadas (CPP) en todos los sectores, aún teniendo
muchos ejemplos que constatan que estas prácticas no conllevan en ningún caso
una mejora del servicio sino que aumenten los costes para la ciudadanía,
descapitalizan la administración y tienen devastadores impactos en los ecosistemas
acuáticos. Hay pruebas más que suficientes que muestran la incapacidad de los
mercados para gestionar correctamente los servicios públicos y los bienes
comunes, en realidad lo que se produce es un secuestro de la información
necesaria para gobernar el servicio, lo que conlleva una descatalogación del
propio servicio de la categoría de servicio público produciéndose de facto una
dimisión de responsabilidades de la administración competente. En definitiva un
espolio democrático que comporta un verdadero sabotaje de la economía familiar.
Pero no queremos desaprovechar la ocasión
para comentar algunos aspectos más de la situación del agua en España. En la
propia respuesta del comisario Rehn encontramos que “la privatización debe
llevarse a cabo una vez que existe un marco regulatorio adecuado
que evite los abusos de losmonopolios privados. Al mismo tiempo que
el acceso público a los bienes básicos debe estar
garantizados”. Pues bien, en España no existe ningún marco regulatorio,
más bien deberíamos hablar de una desregulación constante de las
administraciones por parte del sector privado, introduciendo, por ejemplo,
“cánones concesionales” no finalistas que sirven para comprar voluntades y
permitir a alcaldes/esas sanear sus maltrechas arcas municipales. Unos cánones
y prácticas que además promueven lacorrupción en la adjudicación y
gestión de los servicios de agua (podréis encontrar investigaciones abiertas e
informes jurídicos relativos a ello enAndalucía, Galicia, Asturias y Catalunya). En referencia al monopolio
abusivo, comentarles que en España el sector privado se concentra
únicamente en dos empresas: Aqualia-FCC y Suez-Agbar y en comunidades como
Catalunya, por ejemplo, sólo Suez-Agbar abastece el 80% de la población.
Finalmente, sólo destacar que el acceso al agua hoy en día no está
garantizado, los cortes de agua en España no han hecho sino aumentar
exponencialmente desde el inicio de la crisis financiera. Sólo en la región
metropolitana de Barcelona se pasó de 25.000 aperturas de expedientes en 2011
a 69.000 al
año siguiente. En otras ciudades, como Murcia, la población han presentados
denuncias a los tribunales por subidas de tarifa abusivas que vulneraban el
acceso y reconocimiento del agua y saneamiento como derecho humano aprobado
recientemente por la
Asamblea de
Naciones Unidas.
Y tampoco queremos olvidar comentarles en
que estado se encuentra la implementación de la
Directiva Marco del
Agua. Es importante destacar que España lleva un retraso muy importante en la
entrega de sus Planes Hidrológicos, la mayoría de los cuales aún no han sido
presentados a la
Comisión. Cabe destacar
que Catalunya sí que entregó el Plan de Cuencas Internas gracias a la gestión
pública i participativa de la ciudadanía. Las presiones de los diversos actores
de usos económicos (agrícolas, hidroeléctricos, empresas de abastecimiento
urbano, etc.) han generado está gran demora, la cual está suponiendo diversos
apercibimientos de sanción por parte de la
CE , al dificultar la incorporación de
medidas efectivas que contribuyan al buen estado de las masas de Agua para el
2015, uno de los principales objetivos de la
DMA. Otro ejemplo
claro de la desregulación que provocan la privatizaciones de la gestión del
agua lo encontramos vinculado a los incumplimientos de caudales ecológicos; la
recién privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a manos de
Acciona ha comportado una sobreexplotación del río Ter por ser el agua más
rentable, el medio ambiente queda en segundo lugar ante la maximización de
beneficios y el regulados para ser regulado.
Por todo ello les animamos a participar en
el encuentro que tendrá lugar en Bruselas el próximo 19 de marzo, encuentro
organizado por organizaciones de la sociedad civil. Para que escuchen las voces
de la ciudadanía que piden, des de hace tiempo, una protección efectiva de los
servicios públicos ante unos mercados que buscan su mercantilización, que piden
que protejamos los ecosistemas acuáticos, fuente de vida del planeta. Les
instamos a qué se sumen conjuntamente con la ciudadanía de Portugal, Grecia,
Italia, Francia, Alemania, España, de toda Europa, a la Iniciativa
Ciudadana Europea del Agua: “¡El agua y el saneamiento un derecho humano!
¡El Agua un bien público no una mercancía!” Ya hemos recogido 1,2 millones de
firmas y esperamos en septiembre tener muchísimas más para que el Parlamento
Europeo no le quepa la menor duda de la voluntad de la ciudadanía y qué rumbo
tomar en el futuro.
Atentamente,