Recordarán ustedes el programa de TVE que hizo famoso este término, hoy lo utilizo como inicio de una pequeña serie que quiere asombrar, alertar y divulgar la estupidez, por no decir otra cosa, de algunas leyes. La que resulta de mayor interés ahora es la ley hipotecaria que ha promovido un inmenso malestar popular y unos crímenes merecedores del museo de cera de Londres.
Esta ley es un texto producto del siglo XIX, reformada y actualizada, por no atreverme calificarla de modernizada, en el maravilloso año de 1946, cuando los pueblos de España disfrutaban de una encantadora forma de representación política, de una libertad sin limites regimentales y de una orientación moral tendente al espera al más allá y confórmate, pero de momento no jodas o te joderemos.
Que una ley que regula derechos vinculados al acceso a la vivienda (entre otras cosas del mundo de la propiedad y el crédito) surja de lo mías profundo del capitalismo iniciático y se adapte en plena dictadura a los planteamientos y necesidades del sector privilegiado de la sociedad ya anuncia que estamos en el mal camino.
Que además esa ley se aplique durante los años de la democracia sin que hayan variado substancialmente las circunstancias que contempla, las formas que instruyen y la urgencia y violencia que aplica en sus resoluciones tampoco añade nada bueno a los que han tenido el deber de gobernar.
Entiéndanme que no voy por el camino de eliminar el derecho a la propiedad y la obligación de cumplir con los compromisos contractuales. Eso seria otra cosa.
Simplemente quiero acercarme a un hecho mucho más sencillo: la ley hipotecaria deja indefensos a los deudores y facilita múltiples maniobras más o menos de derecho a los acreedores. El resultado es que, quien por motivos objetivos (pérdida del trabajo u otros) deja de poder abonar el compromiso hipotecario, nada, ni nadie puede legalmente encontrar soluciones que no pasen por el trauma de la exclusión social: sin vivienda, con cargas financieras complementarias que se llevarán lo poco que pueda ingresar y con un futuro atado por muchos años a su imposibilidad económica. El asunto tiene tales rigideces que ni la edad, ni la existencia de menores afectados, ni casi nada vinculado a los derechos de una persona pueden resultarle de ayuda. Una ley ciega, sorda y muda.
Hoy con la mentada ley y una crisis de horror conseguimos distintos objetivos, ninguno de los cuales interesa o es beneficioso para nadie.
En primer lugar las familias afectadas pierden la vivienda y lo invertido en ella, asumen una deuda complementaria por el diferencial de valor entre la hipoteca en su coste inicial y la valoración actual de su vivienda (que se ha reducido enormemente por la crisis), ello conlleva una especie de condena bíblica al más puro estilo del antiguo testamento (por no citar a los familiares avalistas complementarios, inmersos en el mismo abismo).
A cambio, la entidad bancaria otorgante del crédito, ocupa un piso que no podrá vender en tiempo, que se ha desvalorizado y le crea la exigencia de generar provisiones en su balance, y debe hacer frente a los gastos comunitarios como nuevo propietario (cosa que no hace habitualmente creando otro problema en las comunidades de vecinos). En síntesis, tenemos a una familia sin vivienda y a una vivienda sin familia, con costes para todos complementarios. Fantástico.
Dicho lo dicho y solo para empezar, les explicaré que tal absurdidad llega a unos máximos en el caso que la familia tan mal pagadora tenga en casa alguna mascota, es decir un perro, un gato o un canario para sintetizar.
La familia una vez decretada su expulsión de la vivienda deja de tener derechos, ellos, sus fardos o maletas y muebles son lanzados (este es el termino administrativo) a la calle y allí te las compongas como puedas. Ello se realiza mediante asaltos policiales y judiciales que utilizan todo tipo de instrumentos de cerco de ascendencia medieval, escaleras, revienta puertas y un largo etcétera producto de la imaginaría de los capataces del asalto.
Bien, pues todo ello queda frenado ante la milagrosa presencia de la mascota, puesto que siendo ella, como es, un animal no racional no está comprendido entre las personas, los muebles y los diversos bártulos. Y como ahora, a dios gracias, tenemos leyes de protección de los animales, dichas mascotas deben tratarse con respeto y con toda la ayuda de expertos, cuidadores, asistentes y centros de acogida. Por lo que el mencionado lanzamiento es detenido en espera de completar el ejército de cerco con los aditamentos humanos y técnicos que cumplimenten la ley protectora de los animales. La familia, en fin, obtiene un respiro hasta que se reúnan los mencionados requisitos.
De ello se deduce una estrategia, en cuanto vean que no pueden pagar un solo recibo hipotecario, adquieran discretamente un perro, a ser posible pequeño, pues gasta menos y lo muestran posteriormente en el momento del lanzamiento con testigos del movimiento a favor de los animales. Van a joderles la marrana a los asaltadores. Por cierto, si la adquisición la hacen en la perrera municipal, el pobre perro simplemente va a volver a ella y puede inscribirse en un nuevo ciclo de apoyo a las familias. Además conocerá perfectamente al personal que va a hacerse cargo de él. Será como volver con la antigua familia. Precioso.
Seguiremos.
Lluís Casas metido como al inicio en asuntos de vivienda.
