martes, 27 de mayo de 2008

LA UBICUA INANIDAD DE LOS SERES MENORES

En un reciente escrito publicado aquí mismo me refería con cierto desparpajo e ineludible ironía a los políticos de ahora mismo como seres menores. Retomo el adjetivo con ánimo descriptivo dadas las circunstancias post electorales con que las fuerzas de las mayorías parlamentarias acometen la pugna por el poder cuatrianual y por todos los recovecos de autoridad que ello genera. La pugna nos asiste incluso en el mismo interior de ellas, y con las mismas penosas características.

El término fue utilizado en un excelente film para referirse a las personas con discapacidades psicológicas, yo lo utilizo para referirme a personas con capacidades normales, exclusivamente normales que en la vida de paisano serían una más, sin renombre propio significativo. Simplemente gente normal tirando a lista. Con ello no quiero decir que una persona normal no deba atender a un cargo político, de ninguna de las maneras. Me refiero a que para merecer un cargo político debe poseerse, según mi criterio, cualidades específicas y, si es posible, trayectoria recomendable.

Fíjense que fundo capacidades propias del sujeto y de su historia, ambas me parecen necesarias y convenientes. Un alcalde, por ejemplo, debe ser capaz en sentido técnico de dirigir el cartapacio y entender con cierta soltura normas y contabilidad. Pero además ha de ser reconocido en si mismo por sus vecinos como alguien merecedor del cargo. Repito lo mismo para consellers, ministros y presidentes. Esa valoración la considero independiente de si merecen el voto de simpatía o ideológico. No tengo dudas respecto a las cualidades de Jordi Pujol y en cambio no lo voté nunca. Lo mismo diría de Pascual Maragall.

Un repaso a la nomenclatura actual nos sugiere que pocas personas con responsabilidades políticas de importancia responden al esquema citado y un repaso a nuestra historia reciente nos acentúa la impresión.

No ha sido así siempre. Consta en la historia i en las hemerotecas, incluso las recientes, abundantes nombres que pueden brillar por si mismos, no por la política. Por ello deduzco que el departamento de personal de los partidos, órgano fundamental en cualquier organización, no atiende a alcanzar a esas personas con fundamento.

No pretendo un gobierno de los mejores, discusión ya vieja desde Atenas, sino simplemente resaltar que no es bueno que la capacidad personal, el triunfo (como mal diríamos hoy) civil se vea alejado de la decisión política. El político debe responder a ciertas características profesionales (es un oficio muy duro que exige eso), pero muy distinto es ser un producto de la política.

Les propongo un juego: hagan una lista de los políticos con mando en plaza que tengan más cercanos y anoten sus cualidades reconocidas, oficios en los que es competente, sabidurías varias, libros o escritos, formas de expresión escrita, capacitad de mando, valentía personal, etc. Añadan lo que más crean exigible. Después puntúen.

El resultado creo que puedo anticiparlo, pero para no repetirme, lo obvio. Ahora mismo, yo estoy pensando en mi alcalde e incluso en el conseller de medi ambient. No atino con los ministros, francamente, no me se ni los nombres.

Lluis Casas hipercrítico. (Parapanda’s University)


viernes, 23 de mayo de 2008

DICTAMEN SOBRE LOS DINEROS DE LAS AUTONOMIAS (3)


Seguiré con la tabarra de la financiación autonómica, aunque les prometo que este comentario será el último, de momento. Daremos tiempo a la negociación, si es que el mecanismo con que ha de definirse la financiación pública de Catalunya y por ende del resto de CCAA merece tal nombre.


El comentario de hoy, reservado desde el principio al espacio de los números, será un repaso a los dineros actuales que disponen las CCAA para proporcionar a sus ciudadanos los servicios que necesitan. Les advertiré de entrada que verán ustedes cosas sorprendentes. Si alguna vez se han creído ustedes el discurso de la España única, las cifras de gasto (y financiación) de los servicios básicos de bienestar social les harán cambiar de opinión. Esto no solo es un estado federal, sino la anarquía más pura o como se dice en Parapanda: una zahúrda. Cada uno tiene lo que le da la gana al... al gobierno español. Pueden ustedes cambiar lo que le da la gana por circunstancias: queda más elegante, y gobierno por gobiernos para repartir la carga.


Empecemos con algo perfectamente compresible:


Recursos por ciudadano que disponen las CCAA en materia de salud, educación y servicios sociales:


Salud, educación y servicios sociales en el 2006 euros por persona %. [Perdonen la chapuza del siguiente cuadro. El informático no acudió a la redacción por embriaguez]



ANDALUCIA

1.901,

97,1

ARAGÓN

2.038.

104,1

ASTURIAS

2.008,

102,6

CANARIAS

2.132,

108,9

CANTABRIA

2.158,

110,3

CASTILLA LA MANCHA

2.137,

109,2

CASTILLA LEON

2.055,

105,0

CATALUNYA

1923.

98,3

COMUNITAT VALENCIANA

1.715,

87,6

EXTREMADURA

2.195,

112,1

GALICIA

1.981,

101,2

ILLES BALEARS

1.720,

87,8

LA RIOJA

2.298,

117,4

MADRID

1.900

97,1

MURCIA

1.858,

94,8

PAIS VASCO

2.295,

117,3

NAVARRA

2.323

118,6





Las diferencias son enormes, un 35% entre Navarra y El Pais Valencià, no es una cifra baladí. No creo que haya nada en el mundo que explique la racionalidad de esa diferencia. Ni de las otras que se observan. Alguien podria aludir a un sistema de solidaridad en el gasto. No estoy de acuerdo, pues estamos tratando con el coste de un tratamiento de cáncer a una persona sea quien sea, o de la educación de Manolito, 8 años, independientemente de quien sea hijo o donde tenga la escuela. En el fondo esas cifras nos dicen que el mismo Manolito que en Navarra, La Rioja o Cantabria tiene una escuela razonablemente bien dotada si se va Andalucía o Catalunya lo tiene más chungo.


El efecto de la información anterior es inmediato: ¿como es posible establecer en la constitución que todos somos iguales ante el estado, cuando las cifras de presupuesto demuestran que no es así? ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano en Catalunya y otro en Andalucía o en Cantabria para que existan las diferencias mayúsculas en recursos? ¿Cómo es posible que La Rioja o Cantabria estén en las cercanías del concierto vasco?


La respuesta oficial es que las diferencias se deben a índices demográficos o geográficos que corrigen las necesidades básicas de los ciudadanos. Bien, en todo caso estos correctores podrían explicar parcialmente la diferencia, pero, sin ninguna duda, la magnitud real se debe a la irracionalidad del cálculo de necesidades, por decirlo de algún modo. Hay un indicador irrefutable de la incoherencia, Andalucía está por debajo de Extremadura un 16% y por debajo de la media estatal. ¿Quién me lo explica?.


Veamos ahora que nos dicen los números con respecto a las aportaciones de los ciudadanos, según su distrito postal:


POBLACIÓ

Capacitat fiscal per càpita

ANDALUCIA

7.975.672,0

3.252,1

ARAGÓN

1.277.471,0

4.527,2

ASTURIAS

1.076.896,0

3.881,7

CANARIAS

1.995.833,0

1.575,7

CANTABRIA

568.091,0

4.252,8

CASTILLA LA MANCHA

1.932.261,0

3.367,1

CASTILLA LEON

2.523.020,0

3.726,4

CATALUNYA

7.134.697,0

4.951,0

COMUNITAT VALENCIANA

4.806.908,0

3.946,5

EXTREMADURA

1.086.373,0

2.664,4

GALICIA

2.767.524,0

3.333,3

ILLES BALEARS

1.001.062,0

5.804,6

LA RIOJA

306.377,0

4.190,1

MADRID

6.008.183,0

5.654,9

MURCIA

1.370.306,0

3.514,8




total regimen común

41.830.674,0

4.056,1

imports total millares euros


169.670.141,8


Aquí corresponde decir que los milagros no existen y que el cuadro anterior obtiene su clarificación en este: Los ingresos fiscales dependen del nivel de renta de los contribuyentes (en realidad solo de los que cumplen adecuadamente con las normas fiscales, distinción esta siempre oportuna), de ello se deduce que los que declaran más generan más recursos para las administraciones. Nada que decir al respecto. La sorpresa viene cuando esos flujos se transforman de ingresos individuales (la aportación fiscal de cada uno) en recursos para el gasto. Me explico, mientras el sistema de ingresos es individualizado, sin componente territorial o colectiva que no sea el volumen de las rentas o los negocios, el sistema actúa correctamente respecto al criterio social de quien tiene más paga más. El salto se produce cuando nos situamos en el mundo de los servicios públicos. Estos están gestionados principalmente por las CCAA y estas tienen una financiación global (no individual). Los recursos que obtienen terminan siendo extraordinariamente desiguales, hasta el punto de romper la idea que las necesidades frente a la salud, la educación y los servicios sociales son a nivel individual muy parecidas. El asunto termina en que las comunidades en donde hay mayor recaudación fiscal, tienen menores recursos económicos para atender las mismas necesidades personales.


En síntesis es lo que se está debatiendo ahora: las personas estén donde estén tienen el derecho a niveles parecidos de prestaciones sociales, independientemente de donde vivan.


Para remachar el asunto les pondré un ejemplo: ¿Qué pensarían si en el momento de la jubilación les dijeran que su pensión es el 15% menor por que viven en Catalunya que la que obtendrían en Cantabria? Eso pasa cada día en el mundo de la sanidad, la educación u los servicios sociales.


Sería bueno que alguien dejara aparcada la demagogia y sentáramos las bases de un sistema de financiación para los servicios públicos básicos coherente y justo.


Lluis Casas, matemático (Parapanda School of Economics)


miércoles, 14 de mayo de 2008

POLEMIZANDO CON MUCHOS: Los dineros de la solidaridad (2)

En la última entrega de mis comentarios situaba la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas en una fase distinta a la actual (que daba por finiquitada en términos de adaptación a la nueva realidad española).


Los días transcurridos han dado en aumentar la información circulante en los medios, resalto lo que El País y El Periódico publicaron el sábado y el domingo: un excelente artículo del Presidente Montilla (no puedo resistir la tentación de comentarles que en el momento de su elección pensé que Montilla sería el presidente de la (metafórica) independencia de Catalunya, pues no tiene pecados capitales, nacido en Andalucía, y no podía tropezar por segunda vez; la primera fue Maragall, con la piedra central del PSOE). El segundo era una descripción muy cruda de la distribución de los recursos públicos entre las CCAA.


Considero que ustedes los leyeron y evitó así aburrirles con lo que ya conocen. Pero insisto en que los dos situaban el problema excelentemente bien: una redundancia que me parece enfáticamente útil.


Hoy voy a describirles lo que, con bastante mala fortuna, el conseller de economía, Castells, y alguna catedrática tributaria llama el problema entre ricos y pobres: regiones ricas (Catalunya) y pobres (Extremadura).


En realidad esa distinción entre comunidades ricas y pobres no es una descripción adecuada de la situación y menos en relación a la financiación de los servicios públicos. Lejos de mi la tentación de creer que no existe la pobreza y la riqueza, ni tampoco las tensiones entre ricos y pobres, pero aduzco que eso es otra cosa distinta a lo que nos llevamos entre manos.


Pues bien, el sistema español de distribución de los recursos públicos entre las CCAA ha sido siempre más una chapuza producto del ajuste de la política coyuntural que un acuerdo con fundamento técnico y político. Esto no ha impedido que el sistema haya dado excelentes frutos de redistribución de la renta, de reequilibrio territorial, de distribución de buenas infraestructuras. Pero ha sentado las bases de su inmovilidad, de rentas políticas populistas, de tensiones absurdas territoriales y de efectos nocivos entre algunas de las comunidades que aportan recursos netos al sistema. Hoy lo nocivo pesa mucho y debe ser rectificado.


Les explico ahora como funciona un sistema que yo, personalmente, considero caduco.


Dos persones de renta equivalente situadas en una comunidad “rica” (la llamaremos A) y en una comunidad “pobre” (la llamaremos B), aportan a través del sistema fiscal recursos parecidos, un total de 150*2=300 unidades monetarias (el sistema fiscal es prácticamente único en España). El estado redistribuye esos recursos y devuelve a la comunidad A 100 unidades y a la B 120, en función del sistema de solidaridad y retiene 80 para sus gastos (muchos de ellos en Madrid). Esos recursos revierten en proporción parecida a los aportantes. Luego el residente en A, todo y pagar lo mismo, recibe menos que B, siendo ambos personas de renta equivalente. Ocurre lo mismo entre ciudadanos de rentas bajas o altas. Siempre el ciudadano de vive en una zona A obtiene menos prestaciones que el ciudadano que lo hace en la B. La cosa puede resultar esperpéntica cuando un ciudadano rico de B recibe más que un ciudadano pobre de A. Así ocurre ahora. Es decir, el sistema actual de solidaridad no garantiza lo que podríamos llamar la solidaridad general, con independencia de la zona en que se vive y atendiendo exclusivamente a la situación de renta. Existe una fuerte penalización sobre los ciudadanos de baja renta que viven en comunidades consideradas ricas.


En definitiva los fondos para atender lo que podríamos llamar el sistema básico de bienestar social son inferiores en las zonas de rentas altas a los de las zonas de rentas bajas. De ahí la menor cobertura para ancianos, sanidad, educación que tenemos en Catalunya.


Un sistema adecuado que evite esas contradicciones se basa generalmente en que la solidaridad se manifiesta en la recaudación e iguala los recursos por ciudadano para las prestaciones sociales. Pueden considerarse correctores en función de algunos parámetros objetivos, coste de la vida, inmigración, envejecimiento y otros, pero eso no variará substancialmente la igualdad en la recepción de servicios públicos.


Otro aspecto es considerar si la solidaridad debe ir más allá de las prestaciones básicas del estado del bienestar. Probablemente hoy por hoy y conseguido un estado de suficiencia en infraestructuras de todo tipo, la respuesta es no. La solidaridad acaba en ese límite de las prestaciones sociales: sanidad, educación, servicios sociales y tal vez vivienda.


Otra cosa sería considerar si el sistema de solidaridad debe ser más recio en el interior de cada comunidad (y eso es política de cada una) utilizando los instrumentos fiscales propios. Por ejemplo, si se considera (y está bien considerado) que los ricos deben aportar más que los pobres ¿qué hacemos con los ricos que viven en zonas pobres?, ¿no deben ser doblemente solidarios?


Dejo el asunto en este punto y acepto encantado que discrepen. Continuaremos.


Lluis Casas


miércoles, 7 de mayo de 2008

FECHA TOPE: El 9 de Agosto que viene

Con la llegada del buen tiempo y del final del desaliño post electoral se nos avecina un reto de complicada gestión: la financiación autonómica plasmada en el estatuto de Catalunya. El temblor bíblico en torno al abastecimiento de agua nos habrá servido de ejercicio previo para la fase más dura de la agenda política inmediata y además con cita fija: el 9 de agosto ha de quedar resuelto el asunto por indicación expresa de la ley.

Los lectores estarán al tanto de mi (probada) predisposición ecuménica hacia la solidaridad en el sistema de financiación público y también estarán al cabo de la calle de que estoy más que convencido que continuar con el mecanismo actual perjudica inmerecidamente a Catalunya y de rebote, también al resto de comunidades.

Voy a hacerles unas notas aclaratorias bajo control, para ser, dentro de lo que cabe, objetivo.

La primera aseveración puede resultar esperpéntica, pero no lo es: 2008 no es el año 1980. Han pasado 28 años y mucha agua bajo las puentes del Ebro. Con ella, se nos ha colado una enorme recomposición en positivo de las grandes diferencias de renta y de servicios públicos en el país. Ya no tenemos, afortunadamente y justamente, zonas dejadas –dicho con humilde laicismo-- de la mano de los hombres. Las infraestructuras y equipamientos de que gozan todas las comunidades son excelentes y la red de prestaciones públicas relativamente homogénea. Esta afirmación rotunda la hago para recordar que los flujos de renta entre comunidades han dado resultado y que una vez conseguido las prioridades pueden y deben ser otras. Con ello se ha de modificar el futuro de otra manera.

La segunda es que incluso desde el punto de vista de las rentas el cambio es substancial. Algo que la propia UE constata cuando deja fuera de la financiación de los fondos a la mayoría de las comunidades españolas. Para Europa, las comunidades españolas ya no merecen ayudas especiales, pueden circular solas a la búsqueda de su bienestar. Si la UE piensa eso y actúa en consecuencia con la aprobación del propio estado español, creo yo que las cosas están meridianamente claras y la lógica debe llevarnos a terreno propio con la financiación autonómica en revisión.

La tercera es que el sistema aplicado hasta ahora ha producido algunos monstruos injustificables y sobre todo incontinuables. Las comunidades que generan mayor renta pasan a segunda división después de los flujos financieros. Eso significa que si en términos por capita Catalunya está al inicio de la carrera en primer lugar, al final ha quedado octava y ha sido adelantada por casi todas las que tenía atrás y reciben más de lo que recaudan.

Esta distorsión es absolutamente injusta y además desfigura un sistema de solidaridad. Este se basa en que el que más tiene aporta más y que desde la perspectiva de los servicios públicos todos puedan gozar de prestaciones parejas. Después del balance, los recursos para prestaciones públicas de algunas comunidades (como es el caso de Catalunya) son inferiores a las de otra, que inicialmente estaba más atrás (como es el caso de Andalucía por ejemplo).

La cuarta, la afectación más grave se sitúa en una zona oscura de prestaciones sociales: aquellos colectivos que viviendo en comunidades de mayor renta, no disponen de los servicios y ayudas equivalentes a la de sus vecinos extremeños, por poner un caso. Más todavía, la distorsión también significa que una familia o individuo siendo de renta elevada puede obtener servicios en Extremadura, cuando en Catalunya no los recibiría.

Quinto, la solidaridad del sistema de financiación no debe adormecer las inquietudes por el desarrollo personal y colectivo: han de ser garantía de servicios públicos adecuados, pero deben conllevar exigencias de buena administración y de prioridad al desarrollo.

Sexto, la solidaridad se sitúa entre territorios como entes abstractos, pero también entre sectores sociales (clases, ¿se acuerdan?), de modo que si mi yo catalán aporta al fondo comunitario, mi yo extremeño debería aportar más al fondo para Extremadura. La presión fiscal sobre los sectores de renta alta en las zonas receptoras de financiación debería ser razonablemente más alta que para los de las zonas aportadoras. Así eliminaríamos las múltiples distorsiones entre sectores sociales y territorios.

Séptimo, papá estado no solo debe velar por los intereses propios, sino también por los del conjunto del sistema. Y por ello debería ser acicate de realismo financiero y distributivo. Un déficit fiscal permanente y por encima del 5% es insoportable económicamente y socialmente.

El reto es que lo entienda y acepte quien recibe y se ha acostumbrado a ello. Pero esa dificultad no ha de entorpecer el conocimiento cabal del problema, ni afectar a la imagen de quienes están señalados con el dedo, cuando forman parte de los aportadores financieros.

En catalán se dice aquello de cornut i pagar el beure, cuya traducción no se ofrece por estar, en estos momentos, en un horario infantil.

Lluis Casas y lo timbaler del Bruc

miércoles, 30 de abril de 2008

DESVELANDO ENTRETELAS DEL CAPITALISMO


Los sufridos lectores estarán al cabo de la calle respecto a mi tibio reformismo. No creo haber escrito en los últimos treinta años nada que no pudiera encajar en una economía imperial, pero con un fuerte acento social y de desarrollo humano, ambiental y político. Por eso mi impresión al leer el suplemento económico de El País del pasado domingo rozó el soponcio. Un periódico de izquierda putativa en lo económico hacia gala de una crisis que cambiaría el capitalismo liberal actual. Está en la entrada del folletín sepia. Posteriormente se descolgaba con las nuevas hambrunas globales y terminaba con distintos golpetazos a nuestro insigne tío Solbes.

Fue demasiado para un espíritu ya de capa caída. A duras penas logré terminar mi lectura, puesto que mis piernas tendían a la huída absoluta. Pasó por mi mente, no solo la crisis del 29 (que también aparece en el suplemente susodicho), sino el amotinamiento del Potenkim y la larga marcha, pasando por la Comuna de Loja. En fin, que el trotskismo y la revolución permanente han vuelto, a pesar de los denodados esfuerzos en su contra por parte de Walter Veltroni.

Esta (aparente) frívola entrada corresponde a la realidad de lo que se puede leer en El País. No puedo certificar lo acertado de los análisis (ni yo, ni nadie ¿estamos?) pero sí que corresponden a un solemne cambio de perspectiva respecto a lo que se ha dicho recientemente sobre la crisis. Léanlo ustedes y fórmense una opinión directa.

Pese a pesar de mis abundosas sospechas sobre lo escrito, no puedo negar que mucho de ello corresponde a la realidad, aunque pienso que no es de la magnitud que se apunta, pero que de todas formas no es cosa de dos días, ni se solucionará con la alegría que algunos prevén. De hecho las previsiones del PIB hispánico estarán a no más tardar ligeramente por encima de lo negativo. Aun a costa de esas discrepancias, anoto que me hubiera gustado leer un cierto relato de las cosas que se han hecho incorrectamente o no se han hecho (leyendo entre líneas si están) tanto respecto a nuestros propios gobiernos, como a los “estamentos” de gobierno internacionales. Anoten:

Con respecto a los aspectos financieros de la crisis:

La falta de rigor en los mecanismos financieros internacionales (hoy extraordinariamente complejos). Hoy es posible trasladar un riesgo solemne en forma de producto financiero a la Cochinchina (término parejo a Sebastopol), perdiendo con ello todo rastro real del significado económico de la operación y dejando al buen albur de la casualidad lo que puede ocurrir después. Me explicaré, hoy día yo puedo vender a una entidad financiera un papel que diga: Menganito hará efectivo un millón de euros a Zutanito dentro de diez años. La entidad me paga 300 y en paz. El mismo papel puede cambiar de mano sesenta veces y al final el poseedor no sabe de qué va el asunto. Finalmente, resulta que Menganito me ha comprado un piso con aluminosis y tiene un ingreso inestable de 15.000 euros al año. ¿Se dan cuenta del posible resultado de tamaña operación, no es verdad? Así está siendo esta crisis. El problema es mucho mayor, porque junto a la deuda de Menganito está la deuda de otros señores y señoras que naturalmente está en disposición de pagar, pero entre tantas idas y venidas nadie lo sabe y los últimos tenedores de los paquetes de deuda presos por el temor financiero todo les suena a lo mismo.

La ruptura de la prudencia en los intercambios financieros mundiales. Nada puede crecer en valor financiero a tasa anual de más del 20% o incluso mensual. Cuando esto ocurre es que hay un invento sin credenciales en marcha.

La falta de regulación internacional y nacional respecto a los riesgos que asumían las entidades bancarias, creando submercados nada transparentes, especializados en la más pura especulación irracional. Los gobiernos y las entidades internacionales deben velar para que el funcionamiento bancario corresponda a la realidad económica de empresas, países, sectores, etc. Y cuando estas se desmandan exigir certificados y controles.

El mantenimiento de zonas “off lawer” (término propio, no lo encontraran en el diccionario de Wall Street, fuera de la ley, cuando los mercados financieros funcionan sin traba ninguna). Eso permite la trampa y el cartón en los negocios sucios y en los que hieden. Estoy hablando de esas zonas en las que todo vale, excepto saber quien y que.

El deslizamiento gubernamental acomodándose a una situación que se ha ido haciendo insoportable y perfectamente previsible. Cada día que pasaba obligaba a los gobiernos a una mayor dureza frente a una loca carrera inmobiliaria y financiera. Por ello nada se hizo cuando todo fue evidente. Todos esperaban que otros tomaran las decisiones adecuadas.

Respecto a los factores de coste de la crisis:

La falta de sensibilidad política respecto a las tendencias energéticas mundiales y nacionales. Los esfuerzos para la reducción de la dependencia social y económica de la energía dan risa si los comparamos con lo que sabemos del futuro inmediato. Vean si no el consumo de carburante de esos vehículos tan prácticos para llevar los niños al cole, Porsche, 4*4, etc. Y la falta de inversiones para transporte público, no lo olviden.

Lo mismo con respecto a las tendencias de demanda de alimentos básicos, tanto por el fuerte crecimiento de las economías asiáticas, como por la substitución de variedades alimenticias por las energéticas. Nadie puede llamarse a engaño. China e India crecen a ritmos altísimos, seguidos por un pelotón cercano. En total suman más de la mitad de la población mundial. Ahí es nada pasar de un coste decreciente de la alimentación básica a la de incrementos del 40%, en pocos meses. ¿Hacia dónde miraban quienes debían mirar?

Respecto a los factores ambientales:

Bien es sabido que hasta hace unos pocos meses la opinión influyente en la política y en la economía trataba de no aceptar la realidad del cambio climático e incluso la negaba con solemnidad de estúpido. En unos meses se ha puesto al descubierto la simpleza al respecto de los más insignes institutos, sociedades y demás elementos de reflexión mundiales. Mi inocencia al respecto me hacia sospechar que a pesar de la falta de contundencia gubernamental acerca del cambio climático los estados disponían de planes b, c y d, debidamente estructuras y ocultos. No hay nada de ello. Simplemente cruzar los dedos y esperar con acciones parciales.

Respecto a los factores económicos:

La dependencia en muchos países de una revalorización exagerada de los precios de los inmuebles se ha pasado de frenada. Cuando un inmueble exige que su usuario deposite por anticipado treinta o cuarenta años de su vida laboral en el pago de la financiación, la cosa no va bien. Algo falla y es el valor real, en términos de coste de materiales, de inputs en definitiva. La quiebra del fatal mecanismo (compro a 10 vendo a 20, y así sigue) ha despachado en un tris tras las perspectivas de crecimiento sano de la economía. Esta breve e incompleta lista es así mismo una propuesta de acción política y económica, pero sobre todo un intento por recordar lo que se ha hecho mal o no se ha hecho. La descripción del desastre no debe llevarnos al olvido, hay propuestas políticas y económicas y nombres que no han estado donde debieran: defendiendo los intereses colectivos y un desarrollo humano y social. El País amenazando con el holocausto podría estar ocultando quien lo permitió.

Así de clarito.


Lluis Casas. Vocero de la oposición. (Parpanda, casi en puertas del Primero de Mayo)

jueves, 24 de abril de 2008

ABRIMOS LAS TRIPAS A LA ECONOMIA LIBERAL






Van a permitirme unos comentarios sobre algunas de las propuestas que los gobiernos están barajando y aplicando para esta nuestra última crisis económica. Probablemente algunos les suenen a ya sabidos, está dentro de la lógica pues no hay nada nuevo bajo el sol. Mi humilde objetivo es simplemente señalar las medias verdades con que cubren sus vergüenzas los adalides del mercado, estén donde estén, en las corporaciones empresariales, en la banca y, ¡ojo!, en algunos gobiernos de presunta izquierda socialdemócrata.



Ante todo hay que calificar la crisis de anunciada y más que sabida. Todo se veía venir y muchas voces, a derecha e izquierda, lo explicaban. Me refiero tanto a la expansión inmobiliaria internacional, como a la propia. También me refiero a la ceguera (¿) frente a una nula acción por parte de los reguladores públicos (bancos nacionales y entidades internacionales de supervisión financiera) sobre los enormes riesgos de algunos subproductos con que se negociaban los prestamos a la vivienda. De todo ello les he ido escribiendo puntualmente.

Pues bien si el asunto era sabido, la primera pregunta es ¿por qué no se ha actuado con prudencia? De hecho, parece ser que en España a causa de la específica y, en este caso, agradecida prudencia bancaria, la situación de los bancos puede ser más llevadera. Si es así, la pregunta es más dura todavía, pues si un sistema bancario gana mucho dinero trabajando con cierta prudencia, a qué lleva permitir altos riesgos. En todo caso, el comentario está todavía sub iudice a falta de ver la realidad contable (doble o triple) de las pérdidas acumuladas por la experta banca española.

El asunto no es menor. El crecimiento económico en muchos países y especialmente en España se ha basado durante largos años en una subidas enormes de los valores inmobiliarios y en las expectativas de beneficio a corto plazo para los inversores (o los especuladores como término no exactamente igual, pero parecido). Las consecuencias afectan no solamente a quien invertía, como en bolsa, sino a los que entraban en el mercadeo por pura necesidad, iban a por un piso para vivir y se dejaban (no se por qué lo pongo en pasado) el sueldo familiar de décadas. La dinámica se auto alimentaba y las grúas de la construcción se multiplicaban.

El efecto multiplicador y extensivo del sector inmobiliario es muy fuerte, ocupación fácil, negocios sencillos y demanda creciente y diversificada en todos los sectores proveedores de la construcción, materiales, muebles, electrodomésticos, etc. Una enorme corriente económica desatada y vinculada a un concepto etéreo del desarrollo: funciona mientras nadie dude de poder cobrar más mañana de lo que ha pagado ayer. En cuanto la duda aparece, la dinámica se rompe en pedazos difíciles de reconstruir.

Así ha sido: en los USA alguien no pagó su deuda (parecida a la hipoteca nuestra) al banco que le dio crédito, este nada pudo hacer para pagar a quien le compró la deuda inicial y que estaba en un fondo de alto riego asiático. Este se puso nervioso y habló en demasía y fue corriendo la voz: nuestras deudas son de familias que no pueden hacer frente a los pagos. No piensen que les cuento un cuento, más o menos así se cuecen las crisis financieras.

Pues bien, ¿cómo es posible que se tolerara? La respuesta precisa no la conoce nadie, creo yo, pero las cosas serían como sigue. Primero, nadie quiere ser el primero en recortar un negocio en auge (la base de la ambición descontrolada). Segundo, todos los arriesgados piensan que nada malo puede acontecerles, pues los dioses están con ellos (puro humano no racional). Tercero, si algo pasa el gobierno actuará y no será grave: ahí está el principio básico de la economía liberal. Cuarto, todo va muy bien, no vamos a cortar algo que funciona (detrás está la teoría económica ortodoxa), no tenemos alternativas (tenemos ahí la falta de políticas económicas sectoriales). Quinto, el asunto es internacional, por lo que los gobiernos mundiales velaran por los intereses financieros (otra creencia falsa, no hay gobierno mundial). Y finalmente, sexto, los expertos no fallan (de nuevo la mítica creencia en que la economía es una ciencia perfectamente previsible con matemáticas y pagando a los oráculos, que tienden a confirmar los deseos de los que preguntan). Como todos los mandamientos se resumen en menos: no hay freno a la ambición por el dinero, a menos que la sociedad se dote de pensamiento y mecanismos limitadores. O sea, el negocio no es lo primero, los intereses sociales son parcialmente distintos de los intereses particulares y prioritarios. Cuanto más desarrollo y menos crecimiento desbocado haya mejor.

¿Qué está pasando?, lean los periódicos. Los banqueros liberales, los constructores que no permiten las injerencias públicas (algunos no aceptan ni la planificación urbanística) y tutti quanti, lloran desconsoladamente al sector público para que les ayude. Son las horas bajas, solicitando aquel principio de que los beneficios han de ser privados y los costes públicos cuando les haga falta. Los métodos, ningún invento nuevo, ayudas financieras públicas al sistema financiero (no hay sistema propiamente dicho). Gran Bretaña en el colmo del liberalismo cambia cromos hipotecarios dudosos por cromos de deuda pública fetén, con ciertos ajustes en el precio. Más o menos como todos.

Estos mecanismos no evalúan a quien se ayuda, no pone condiciones, no respeta lo que es colectivo (como la deuda y el superávit público). Con desfachatez desvían recursos públicos al mundo privado, siguiendo la creencia en que una mano divina surgida de la iniciativa privada dirige el buen hacer humano.

Los gobiernos están para actuar, claro está. En tiempos de crisis y en tiempos de no crisis, eso hay que aclararlo. Y ahora conviene actuar bien. No seré yo quien lo niegue y tampoco negaré la necesidad de limitar los costes financieros, o la destrucción de empresas con el paro que acarrea. Nada de eso está en discusión. Se trata simplemente de no transferir, sin formas de recuperación, bienes públicos al mundo privado (que es el mundo privado rico, no lo olviden). A mi se me acuden muchas formas de hacerlo y seguramente a otros también. Si se trata de una crisis de intermediación (financiera) entre una demanda real (vivienda) y una oferta (inmobiliarias) que no puede asumir el coste, el método es adquirir los bienes por el precio razonable y transferirlos al sector público para que la demanda pueda acceder a ellos en las condiciones que la realidad de sueldos y salarios permita. De este modo se ayuda a las empresas sin pérdidas públicas y se activa el mercado y se satisface la demanda de vivienda. Probablemente los propios constructores van por esas vías cuando empiezan a anunciar ventas a precio de coste (vayan a saber lo que eso significa). Pero la iniciativa demuestra que la acción pública no puede limitarse a dar pasta, sino a actuar en el sector debido.

O, al menos, eso pienso yo.

Lluis Casas, filósofo social (Parapanda School of Economics)

Premià de Marx, Abril de 2008