Me sorprende
la fuerte tendencia que observo en aplicar criterios de progresividad a los
sistemas de bienestar social, como salud, educación, pensiones, servicios
sociales, etc.
Me explico:
de unos años a esta parte numerosos políticos, expertos, periodistas,
comentaristas sobre el mundo en general, etc. arguyen que la disposición
de rentas por encima de la media (media puede ser casi cualquier cosa) implica
mecanismos de copago en la utilización de determinados servicios públicos. De
hecho, una cierta variedad de servicios ya tiene mecanismos ad hoc en
funcionamiento. El ejemplo último de ello lo aporta Dolors
Montserrat, ministra de la salud, con espectacular
desmentido. Joven ella, que puede inaugurar el Ministerio de la Palabrería.
La dicha
ministra alude a la necesidad que los jubilados que disfrutan de rentas por
encima de los 18.000 euros anuales aporten un mayor copago en el consumo de
medicamentos. La ministra lo dice con el convencimiento y el argumento que
quien tiene más, pague más. Una sorprendente deriva en el PP, dado que en
cuanto a impuestos no opinan lo mismo. En la prensa, como sucede a menudo, se
confunde pensión con ingresos y la cosa se hincha como el globo sonda que es.
Alguno puede
pensar que eso es cosa de derechas, pero si piensa así se equivoca. ¡El ultra
liberalismo se infiltra cómodamente en el pensamiento socialista y, OJO!, en
los que se sitúan fuera de la casta. No es extraño oír en asambleas
alternativas la creencia que en cuanto uno cobra, sea nómina o pensión ya es un
privilegiado que debe expulsarse del ámbito de las prestaciones. Argumento que
proviene directamente del escaso pensamiento de las patronales y sus
insustanciales equipamientos de sociología.
La sorpresa
insinuada por la ministra, adolece de complemento imprescindible para quien
quiera entender el asunto y para ello apunto lo siguiente: Si bien ya resulta
habitual esa pretensión reformista de las prestaciones sociales, nadie arguye
que, en materia de carreteras, aviones, autopistas, etc. se aplique el mismo
pensamiento onanista. Y, la verdad, es que no entiendo por qué he de pagar más,
o, preciso, progresivamente más, por la aspirina y no por el uso de la autovía
a Lleida. O, si nos ponemos románticos, con el tren que me llevará a visitar en
un futuro próximo a mi nieta en Bilbao. No olvidemos que casi todo el sistema
de transporte forma parte de la economía subvencionada.
Tampoco los
proponentes de la progresividad en el uso de las prestaciones públicas dicen
nada de aplicarlo a la alimentación, obviamente una necesidad indiscutible
hasta hoy día y perfectamente adaptable a los criterios de renta con el uso de
las tarjetas de pago. Tal vez porque ahí ya tienen el negocio montado.
En
definitiva, se trataría, si llegamos consecuentemente al final del argumento, a
pagar progresivamente por los bienes y servicios y a no pagar impuestos sobre
las rentas, beneficios y patrimonio. Una sociedad justa basada en la tarjeta de
pago con indicación de la renta y el porcentaje de copago exigible. Una propuesta
que debería incorporar Extremadura al asunto de la subvención por compra de
muebles, bienes que por descontado son de primerísima necesidad.
¿Dónde está
el truco en esas propuestas y, no lo olvidemos, en sus aplicaciones?
En primer
lugar, una parte del truco consiste en no entender que las prestaciones, el
sistema de bienestar social es un derecho aplicable a todos, independientemente
de su riqueza o de cualquier otra consideración segregacionista. Ese derecho
global es la mejor defensa frente a los que propugnan una sociedad dual, los
ricos se lo pagan todo con seguros y redes privadas y no pagan impuestos y los
pobres ya se espabilan con “cap nen sense jogina” y similares.
En segundo
lugar, la calidad y la exigencia de buen funcionamiento de una prestación
pública viene determinada por el uso colectivo de ella, resintiéndose siempre
cuando se aplica selectivamente. Una parte de la población se desentiende de
ese servicio, considerando que quien tiene derecho a usarlo ya se apañará.
En síntesis,
un sistema de prestaciones públicas no universal tiende a segregar y a producir
diferencias de clase insalvables y a desplazarse desde el derecho a la caridad.
Me pregunto
si la ministra Montserrat lo sabe.
