El proceso que en el Tribunal Supremo se está llevando contra Baltasar Garzón está situando en un primer plano la apropiación por las agencias de creación del derecho de una lógica no democrática que va proyectando su alcance en cada vez mayores ámbitos de la sociedad. En este caso, lo que se desprende de la instrucción que el juez Varela está realizando es la criminalización de cualquier intento de investigación de la represión franquista como un hecho no sólo incompatible con el orden constitucional, sino dotado del especial desvalor social que le sitúa en la órbita del delito. La situación es insostenible y se debe reaccionar con energía. Son muchos los manifiestos de solidaridad con Garzón - el blog hermano Metiendo Bulla ha recordado esa solidaridad en su carátula - pero por su trascendencia debe destacarse el que acaba de realizar el Grupo de Estudios de Política Criminal (www.gepc.es), un colectivo de más de cien juristas académicos, magistrados y fiscales, especializados en el derecho penal y que constituyen un punto de referencia ineludible en la crítica a las tendencias represivas del ordenamiento y en la presentación de propuestas de regulación alternativas. Es seguro que en breve los representantes sindicales del trabajo aslariado manden también una señal muy directa sobre este tema. Estaremos atentos. Véase:
