Como ya sabrán ustedes (presumo) a menos que hayan estado estos dos últimos meses en la selva amazónica y sin teléfono, el próximo 22 de Mayo tenemos elecciones a los Ayuntamientos y a las CCAA (excepto las que se rigen por elecciones independientes, Catalunya, Euskadi, Galicia y Andalucía). Eso no es ninguna noticia, como tampoco lo es el escaso interés en lo que dicen la mayoría de candidatos que tenemos los votantes, incluso aquellos altamente politizados y creyentes en el sistema democrático. De hecho, estas elecciones van a ser recordadas porque casi nadie citará en el proceso electoral el asunto de enjundia que estará sobre la mesa al día siguiente de la toma de posesión de regidores, alcaldes y diputados autonómicos y que dominará por completa una o dos legislaturas. Esto es, la crisis financiera de casi todos los ayuntamientos y de todas las CCAA.
Poco a poco se va citando el asunto en los medios de comunicación, pero siempre por artículos periodísticos o de colaboradores que no se presentan a la elección. Ellos sí tienen interés en el asunto, realmente relevante donde los haya. En cambio, el que está en campaña elimina de su discurso (cuando tiene alguno que merezca tal nombre) toda referencia al casi imposible papel que tendrán que ejercer los electos sobre unos ingresos menguados y una estructura de gasto alimentada por la fase expansiva de la burbuja inmobiliaria y urbanística, así como por las numerosas necesidades, viejas y nuevas, de los ciudadanos.
Independientemente de la dura realidad escondida estos últimos dos ejercicios en los cuales los efectos de la crisis fiscal han sido tremendos, pero que se ha mantenido medianamente escondida y a la que no se ha plantado cara en razón a la perspectiva electoral, hay que reconocer que la imposibilidad real de gestionar la nueva situación con las leyes en la mano es evidente. De modo que los nuevos equipos de gobierno se encontraran con déficits enormes y con la acumulación de deuda financiada y deuda sin financiar, es decir, con los cajones llenos de facturas sin contabilizar. Por otro lado, tendrán que lidiar con el miura de una estructura de ingresos ciertamente obsoleta y unas necesidades de servicios ingentes a causa precisamente de la crisis laboral.
Si la situación del gobierno federal es como es, a la vista del esperpento al que hemos asistido desde el verano pasado, lo que va a ocurrir a nivel municipal y autonómico puede ser peor.
El estado federal, en definitiva, posee algunos mecanismos de ajuste macroeconómico y ciertamente acceso a fondos que difícilmente estarán a disposición de Parapanda, por poner un ejemplo.
Si nos fijamos en la estructura de los ingresos locales y contemplamos el panorama de su evolución los últimos seis años, veremos un incremento mantenido de los ingresos provinentes del urbanismo y la vivienda que permitieron (a través de la torpeza de muchos) expandir el gasto en programas de difícil limitación ahora. Esta evolución se trunóo brutalmente con la crisis, sin dejar márgenes de maniobra o tiempo para la reflexión.
Los ayuntamientos, las diputaciones y demás administraciones locales, viven en un mundo en donde la subvención es más de un tercio de sus ingresos y la fiscalidad rígida otro tercio. Los ingresos sólo se mueven con eficacia hacia arriba cuando el mundo inmobiliario crece, el impuesto de obras, el IBI, la plus valúa, etc. Atienden al mundo inmobiliario. Por tanto, en su conjunto, los ingresos locales no siguen el ritmo de la actividad económica general, una vez desparecido el impuesto de actividades económicas. Las bases fiscales son ciertamente escleróticas y muy vulnerables a la crítica populista, los precios de los servicios urbanos, agua, transporte, limpieza, recogida de residuos, etc. No son fáciles de colocar y en general terminan siendo servicios parcialmente subvencionados. La otra cara del municipio, los servicios a las persones, los servicios sociales, educativos, culturales, etc. se llevan también una tajada solemne del fisco propio, sin alcanzar el equilibrio de ingresos por tasas, precios o aportaciones del gobierno federal o autonómico.
La descripción de la situación respecto a las CCAA es parcialmente parecida, aunque estas poseen una capacidad fiscal y autónoma mayor que los ayuntamientos. Tienen a su disposición un amplio abanico de bases fiscales que pueden hacer tributar y ciertos márgenes de incremento sobre los grandes impuestos federales, como el IRPF.
Dicho esto, comprenderán que no es el momento para erigirse en alcalde y menos en concejal de hacienda. Si bien, los equipos salientes han despistado mucho sobre el esfuerzo que la realidad demanda, los nuevos no podrán hacer lo mismo. Están obligados a poner sobre la mesa una reducción substancial de la actividad para mantenerse en los niveles de déficit que la UE y el gobierno federal han acordado. Durante los próximos tres años, la tensión financiera va a producir un órdago de no te menees. El espectáculo será muy crudo, despidos, aldabonazo a algunos equipamientos, reducción salarial para los trabajadores públicos, menos servicios para la ciudadanía y una enorme tensión en el entorno.
Dada la variedad sociológica de los ayuntamientos veremos un abanico de actuaciones de una enorme variedad. Desde el cruzado del recorte, al grito de Deus ho volt, llegando hasta el que pretenderá resistir sin hacer recortes, en espera de la visita del comendador que le toque con el ayuntamiento en quiebra.
Será espectacular y tremendamente dramático. Ya lo verán ustedes. Un asunto en el que los elegidos para la gestión se verán impedidos a hacer lo que necesita el municipio e impulsados a hacer todo lo contrario.
Hagan cuentas, en España tenemos 9.000 municipios y en Catalunya la linda cifra de más de 900. Imaginen por un momento una asamblea de alcaldes o concejales de hacienda con todos los nueve mil y enfrente la ministra de economía y los mercados.
Todo llegará. Ya lo verán ustedes.
Lluis Casas de espectador, afortunadamente, puesto que nadie me ha pedido ser concejal de hacienda. Siempre me quedará Parapanda.
Poco a poco se va citando el asunto en los medios de comunicación, pero siempre por artículos periodísticos o de colaboradores que no se presentan a la elección. Ellos sí tienen interés en el asunto, realmente relevante donde los haya. En cambio, el que está en campaña elimina de su discurso (cuando tiene alguno que merezca tal nombre) toda referencia al casi imposible papel que tendrán que ejercer los electos sobre unos ingresos menguados y una estructura de gasto alimentada por la fase expansiva de la burbuja inmobiliaria y urbanística, así como por las numerosas necesidades, viejas y nuevas, de los ciudadanos.
Independientemente de la dura realidad escondida estos últimos dos ejercicios en los cuales los efectos de la crisis fiscal han sido tremendos, pero que se ha mantenido medianamente escondida y a la que no se ha plantado cara en razón a la perspectiva electoral, hay que reconocer que la imposibilidad real de gestionar la nueva situación con las leyes en la mano es evidente. De modo que los nuevos equipos de gobierno se encontraran con déficits enormes y con la acumulación de deuda financiada y deuda sin financiar, es decir, con los cajones llenos de facturas sin contabilizar. Por otro lado, tendrán que lidiar con el miura de una estructura de ingresos ciertamente obsoleta y unas necesidades de servicios ingentes a causa precisamente de la crisis laboral.
Si la situación del gobierno federal es como es, a la vista del esperpento al que hemos asistido desde el verano pasado, lo que va a ocurrir a nivel municipal y autonómico puede ser peor.
El estado federal, en definitiva, posee algunos mecanismos de ajuste macroeconómico y ciertamente acceso a fondos que difícilmente estarán a disposición de Parapanda, por poner un ejemplo.
Si nos fijamos en la estructura de los ingresos locales y contemplamos el panorama de su evolución los últimos seis años, veremos un incremento mantenido de los ingresos provinentes del urbanismo y la vivienda que permitieron (a través de la torpeza de muchos) expandir el gasto en programas de difícil limitación ahora. Esta evolución se trunóo brutalmente con la crisis, sin dejar márgenes de maniobra o tiempo para la reflexión.
Los ayuntamientos, las diputaciones y demás administraciones locales, viven en un mundo en donde la subvención es más de un tercio de sus ingresos y la fiscalidad rígida otro tercio. Los ingresos sólo se mueven con eficacia hacia arriba cuando el mundo inmobiliario crece, el impuesto de obras, el IBI, la plus valúa, etc. Atienden al mundo inmobiliario. Por tanto, en su conjunto, los ingresos locales no siguen el ritmo de la actividad económica general, una vez desparecido el impuesto de actividades económicas. Las bases fiscales son ciertamente escleróticas y muy vulnerables a la crítica populista, los precios de los servicios urbanos, agua, transporte, limpieza, recogida de residuos, etc. No son fáciles de colocar y en general terminan siendo servicios parcialmente subvencionados. La otra cara del municipio, los servicios a las persones, los servicios sociales, educativos, culturales, etc. se llevan también una tajada solemne del fisco propio, sin alcanzar el equilibrio de ingresos por tasas, precios o aportaciones del gobierno federal o autonómico.
La descripción de la situación respecto a las CCAA es parcialmente parecida, aunque estas poseen una capacidad fiscal y autónoma mayor que los ayuntamientos. Tienen a su disposición un amplio abanico de bases fiscales que pueden hacer tributar y ciertos márgenes de incremento sobre los grandes impuestos federales, como el IRPF.
Dicho esto, comprenderán que no es el momento para erigirse en alcalde y menos en concejal de hacienda. Si bien, los equipos salientes han despistado mucho sobre el esfuerzo que la realidad demanda, los nuevos no podrán hacer lo mismo. Están obligados a poner sobre la mesa una reducción substancial de la actividad para mantenerse en los niveles de déficit que la UE y el gobierno federal han acordado. Durante los próximos tres años, la tensión financiera va a producir un órdago de no te menees. El espectáculo será muy crudo, despidos, aldabonazo a algunos equipamientos, reducción salarial para los trabajadores públicos, menos servicios para la ciudadanía y una enorme tensión en el entorno.
Dada la variedad sociológica de los ayuntamientos veremos un abanico de actuaciones de una enorme variedad. Desde el cruzado del recorte, al grito de Deus ho volt, llegando hasta el que pretenderá resistir sin hacer recortes, en espera de la visita del comendador que le toque con el ayuntamiento en quiebra.
Será espectacular y tremendamente dramático. Ya lo verán ustedes. Un asunto en el que los elegidos para la gestión se verán impedidos a hacer lo que necesita el municipio e impulsados a hacer todo lo contrario.
Hagan cuentas, en España tenemos 9.000 municipios y en Catalunya la linda cifra de más de 900. Imaginen por un momento una asamblea de alcaldes o concejales de hacienda con todos los nueve mil y enfrente la ministra de economía y los mercados.
Todo llegará. Ya lo verán ustedes.
Lluis Casas de espectador, afortunadamente, puesto que nadie me ha pedido ser concejal de hacienda. Siempre me quedará Parapanda.
