Mis intenciones iniciales para hoy al ponerme al mando del ordenador eran proseguir con los comentarios sobre el presupuesto federal que nuestro gran líder ya ha iniciado con mucho acierto y elegancia, el debate debía proseguir y yo tenía grandes deseos de añadirme a él. Pues no va a ser así, al menos de momento.
“Según me cuentan, el primer alcalde democrático de Badalona, Màrius Díaz, a poco de sentarse en el cargo, recibió la visita de un ejemplar empresario interesado en las obras, los servicios y las licencias municipales. El susodicho puso a la vista del alcalde un maletín repleto de billetes (pesetas por aquel entonces). El oferente, que, por lo visto después, carecía de la más elemental cultura e información, pensaba encontrase donde siempre durante el franquismo. El alcalde le hizo un enorme favor al indocumentado. Llamó al depositario de fondos del municipio y le dijo que recogiese la maleta en la que había una donación desinteresada al municipio. Nunca más ningún despistado llamó a la puerta de ese alcalde. Ni por lo que dicen a las puertas de la organización a la que pertenecía.”
La anécdota es cierta y es representativa de muchas ocurrencias parecidas que tienen que sufrir los cargos públicos. La inmensa mayoría pasan con nota.
Por si lo quieren saber, les cuento lo que siguió: El alcalde perdió las siguientes elecciones a manos de alguien que visitó asiduamente los juzgados por algo más que sospechas, pero, a pesar de ello, triunfó repetidas veces en su ámbito electoral.
Como deben ya intuir, es imprescindible hablar de lo que toca, los casos de corrupción pública y privada que están dejando Catalunya hecha unos zorros son la materia que viene a continuación. Como no es la primera vez que comento semejantes actividades, me permitiré un cierto relativismo en términos comparativos antes de introducirme en aguas más procelosas. Advierto al estimado público que lea lo que sigue con espíritu abierto. El que firma es militante acérrimo anti corrupción y nuestro insigne líder tiene pruebas fehacientes de ello.
Primera, en contra de lo que dice la prensa hay que resaltar que las mayorías y minorías políticas tienen un grado de honradez más que suficiente. Otra cosa es la impresión que causa todo caso de corrupción, pues produce un daño que impide reconocer la verdadera realidad.
Segunda, la corrupción a un cierto nivel (del que yo desconozco la cifra exacta) es inevitable si los sujetos lo desean y lo planifican. Y los sujetos están al albur de de las flaquezas humanas. Ni las inmensas normativas existentes, ni la policía, ni los jueces, ni la cárcel van a evitar que entre los miles de administraciones públicas aparezcan de vez en cuando casos de corrupción. Oigan, más de 9.000 ayuntamientos en España, más de 900 sólo en Catalunya y el resto de administraciones y empresas y organismos públicos. Estamos hablando de un mundo de unos 20.000 organismos públicos.
Tercera. No todo el mundo es igual. La expresión garrula de que todos son iguales no es cierta de ningún modo. Si nos referimos a personas es más que claro. ¿Quien aceptaría el principio de que si mi vecino es un mujeriego toda la escalera lo es? Si nos referimos a organizaciones también. Incluso tratando de organizaciones que han sufrido y en algún momento fomentado casos de corrupción, el término todos son iguales encierra una enorme injusticia y una incapacidad de adecuada reflexión en beneficio de todos aquellos que en esas organizaciones hacen del servicio público una actividad digna. Y son muchos.
Cuarta, hay que matizar entre la impresión que produce un caso de corrupción y las acciones jurídicas que se emprenden. No es lo mismo que el Sr. Millet estuviera hoy en prisión preventiva que en la actual e incomprensible circunstancia, en donde un auto confeso ladrón y estafador circula libremente. Eso añade una cantidad indescriptible de leña al fuego. La inmediatez de la reacción mediática tampoco favorece al buen análisis. En muchas ocasiones, la acción policial o judicial levanta unas expectativas que posteriormente no son ciertas. Tanto respecto a los responsables, como al objeto material del caso. El tiempo siempre es necesario para confirmar lo presunto.
Quinta, hay muchos tipos de corrupción. No es lo mismo cobrar una “comisión” por adjudicar una obra (asunto penal e intolerable) que facilitar al poder del dinero grandes negocios o grandes prebendas (subvenciones, acceso a la información, facilidades sin fin, por ejemplo). Lo segundo, siendo más grave según mi punto de vista es más que difícil de pillar. Hemos de aceptar que en general se persigue al dinero, cuando hay muchos casos en que el dinero es inexistente o poco importante.
Sexta, el político o el funcionario público no es un ser especial, no es angélico, tiene las mismas tentaciones, sinó más, que cualquier otro mortal. Es evidente que en la vida no política, ni administrativa, la corrupción, si quieren con otros nombres, circula en abundancia. Por ello hay que tener presente que una cosa y la otra, la corrupción social y la corrupción política y administrativa, surgen de la misma sociedad. Son ambas producto de los principios ideológicos imperantes y de determinadas tolerancias sociales. Si el dinero se considera el gran triunfo y no se valoran otras cuestiones como la honradez, la honestidad, el esfuerzo, etc. la corrupción campará a sus anchas en los dos mundos, el público y el privado.
Séptima, piensen por un momento en que todos los defraudadores fiscales y todos los que huyen a paraísos fiscales son en esencia corruptos. Eso debe darles una idea de lo que intento explicar.
Octava, el elector, un activo político de primer orden, puede forzar a la rectificación si vota y lo utiliza adecuadamente. Si es insensible a la honestidad y a la honradez, o si, simplemente, deja de votar para ir a la playa se transforma en co-autor del desaguisado. Al margen de las teorías que dan por supuesto que los electores, es decir los ciudadanos, no son responsables de sus actos y toda responsabilidad recae sobre los políticos. La mayoría de los alemanes votaron por los nazis en el 1933. Suya fue la responsabilidad.
Novena, hay un mundo administrativo en donde la corrupción hipotética se encuentra a gusto: el urbanismo y especialmente (aunque no únicamente) la recalificación del suelo. Se lo he explicado y advertido a ustedes desde el mismo momento del Big Bang. Si compramos por diez euros el metro cuadrado una parcela de limoneros y conseguimos que la administración competente le coloque encima la posibilidad de construir un metro cuadrado de vivienda o equipamiento comercial, el valor pasa a de los diez a doscientos, un beneficio bruto del 2.000%. margen que da para comisiones y otros festejos. Una tentación improbable de resistir para el aventurado promotor y una oferta de riesgo calculado para el regidor de turno. Añado que además el consistorio se embolsa en impuestos y tasas 30 euros cuando antes no recibía nada. Multipliquen las cifras por los miles de metros de la parcela y tendrán insomnio por la noche.
Décima, sin corrupción social no hay corrupción de los políticos. Fin.
Mis recomendaciones son relativamente simples. Los partidos y las administraciones deben reaccionar rápidamente frente a los casos de corrupción y con una energía extrema. Deben evitar la mezcla inconfundible de negocios y política. La política exige dedicación exclusiva y alejamiento máximo del mundo del dinero. Deben hacer una buena gestión del personal, un verbo acerado, una sonrisa de cine no son suficientes para pasar la selección.
Nadie debe caer en la tentación que aumentando la normativa puede evitar la corrupción. Lo que produce una normativa a la defensiva son anginas de pecho y muchas llagas de estómago en los gestores públicos. La normativa debe existir, pero solo tiene cualidades terapéuticas, no preventivas. En cambio la fiscalidad es otro asunto. Ahí si hay medidas preventivas que consisten en evitar la apropiación indebida de los beneficios inmobiliarios. La actividad promotora y constructora por si mismas son negocios lícitos y necesarios, pero no deben transformarse en una especie de loterías inmensas. Esos beneficios urbanísticos cuando existen deben transformarse en beneficios sociales a través del fisco.
Y finalmente, adoptemos actitudes cívicas, honestas, honradas e inteligentes para que la sociedad acepte que el dinero y la TV no son la mejor base social.
En fin, además añadiría, como decimos en Parapanda, eso de cruzar los dedos.
Lluís Casas soñando con un mundo mejor.
“Según me cuentan, el primer alcalde democrático de Badalona, Màrius Díaz, a poco de sentarse en el cargo, recibió la visita de un ejemplar empresario interesado en las obras, los servicios y las licencias municipales. El susodicho puso a la vista del alcalde un maletín repleto de billetes (pesetas por aquel entonces). El oferente, que, por lo visto después, carecía de la más elemental cultura e información, pensaba encontrase donde siempre durante el franquismo. El alcalde le hizo un enorme favor al indocumentado. Llamó al depositario de fondos del municipio y le dijo que recogiese la maleta en la que había una donación desinteresada al municipio. Nunca más ningún despistado llamó a la puerta de ese alcalde. Ni por lo que dicen a las puertas de la organización a la que pertenecía.”
La anécdota es cierta y es representativa de muchas ocurrencias parecidas que tienen que sufrir los cargos públicos. La inmensa mayoría pasan con nota.
Por si lo quieren saber, les cuento lo que siguió: El alcalde perdió las siguientes elecciones a manos de alguien que visitó asiduamente los juzgados por algo más que sospechas, pero, a pesar de ello, triunfó repetidas veces en su ámbito electoral.
Como deben ya intuir, es imprescindible hablar de lo que toca, los casos de corrupción pública y privada que están dejando Catalunya hecha unos zorros son la materia que viene a continuación. Como no es la primera vez que comento semejantes actividades, me permitiré un cierto relativismo en términos comparativos antes de introducirme en aguas más procelosas. Advierto al estimado público que lea lo que sigue con espíritu abierto. El que firma es militante acérrimo anti corrupción y nuestro insigne líder tiene pruebas fehacientes de ello.
Primera, en contra de lo que dice la prensa hay que resaltar que las mayorías y minorías políticas tienen un grado de honradez más que suficiente. Otra cosa es la impresión que causa todo caso de corrupción, pues produce un daño que impide reconocer la verdadera realidad.
Segunda, la corrupción a un cierto nivel (del que yo desconozco la cifra exacta) es inevitable si los sujetos lo desean y lo planifican. Y los sujetos están al albur de de las flaquezas humanas. Ni las inmensas normativas existentes, ni la policía, ni los jueces, ni la cárcel van a evitar que entre los miles de administraciones públicas aparezcan de vez en cuando casos de corrupción. Oigan, más de 9.000 ayuntamientos en España, más de 900 sólo en Catalunya y el resto de administraciones y empresas y organismos públicos. Estamos hablando de un mundo de unos 20.000 organismos públicos.
Tercera. No todo el mundo es igual. La expresión garrula de que todos son iguales no es cierta de ningún modo. Si nos referimos a personas es más que claro. ¿Quien aceptaría el principio de que si mi vecino es un mujeriego toda la escalera lo es? Si nos referimos a organizaciones también. Incluso tratando de organizaciones que han sufrido y en algún momento fomentado casos de corrupción, el término todos son iguales encierra una enorme injusticia y una incapacidad de adecuada reflexión en beneficio de todos aquellos que en esas organizaciones hacen del servicio público una actividad digna. Y son muchos.
Cuarta, hay que matizar entre la impresión que produce un caso de corrupción y las acciones jurídicas que se emprenden. No es lo mismo que el Sr. Millet estuviera hoy en prisión preventiva que en la actual e incomprensible circunstancia, en donde un auto confeso ladrón y estafador circula libremente. Eso añade una cantidad indescriptible de leña al fuego. La inmediatez de la reacción mediática tampoco favorece al buen análisis. En muchas ocasiones, la acción policial o judicial levanta unas expectativas que posteriormente no son ciertas. Tanto respecto a los responsables, como al objeto material del caso. El tiempo siempre es necesario para confirmar lo presunto.
Quinta, hay muchos tipos de corrupción. No es lo mismo cobrar una “comisión” por adjudicar una obra (asunto penal e intolerable) que facilitar al poder del dinero grandes negocios o grandes prebendas (subvenciones, acceso a la información, facilidades sin fin, por ejemplo). Lo segundo, siendo más grave según mi punto de vista es más que difícil de pillar. Hemos de aceptar que en general se persigue al dinero, cuando hay muchos casos en que el dinero es inexistente o poco importante.
Sexta, el político o el funcionario público no es un ser especial, no es angélico, tiene las mismas tentaciones, sinó más, que cualquier otro mortal. Es evidente que en la vida no política, ni administrativa, la corrupción, si quieren con otros nombres, circula en abundancia. Por ello hay que tener presente que una cosa y la otra, la corrupción social y la corrupción política y administrativa, surgen de la misma sociedad. Son ambas producto de los principios ideológicos imperantes y de determinadas tolerancias sociales. Si el dinero se considera el gran triunfo y no se valoran otras cuestiones como la honradez, la honestidad, el esfuerzo, etc. la corrupción campará a sus anchas en los dos mundos, el público y el privado.
Séptima, piensen por un momento en que todos los defraudadores fiscales y todos los que huyen a paraísos fiscales son en esencia corruptos. Eso debe darles una idea de lo que intento explicar.
Octava, el elector, un activo político de primer orden, puede forzar a la rectificación si vota y lo utiliza adecuadamente. Si es insensible a la honestidad y a la honradez, o si, simplemente, deja de votar para ir a la playa se transforma en co-autor del desaguisado. Al margen de las teorías que dan por supuesto que los electores, es decir los ciudadanos, no son responsables de sus actos y toda responsabilidad recae sobre los políticos. La mayoría de los alemanes votaron por los nazis en el 1933. Suya fue la responsabilidad.
Novena, hay un mundo administrativo en donde la corrupción hipotética se encuentra a gusto: el urbanismo y especialmente (aunque no únicamente) la recalificación del suelo. Se lo he explicado y advertido a ustedes desde el mismo momento del Big Bang. Si compramos por diez euros el metro cuadrado una parcela de limoneros y conseguimos que la administración competente le coloque encima la posibilidad de construir un metro cuadrado de vivienda o equipamiento comercial, el valor pasa a de los diez a doscientos, un beneficio bruto del 2.000%. margen que da para comisiones y otros festejos. Una tentación improbable de resistir para el aventurado promotor y una oferta de riesgo calculado para el regidor de turno. Añado que además el consistorio se embolsa en impuestos y tasas 30 euros cuando antes no recibía nada. Multipliquen las cifras por los miles de metros de la parcela y tendrán insomnio por la noche.
Décima, sin corrupción social no hay corrupción de los políticos. Fin.
Mis recomendaciones son relativamente simples. Los partidos y las administraciones deben reaccionar rápidamente frente a los casos de corrupción y con una energía extrema. Deben evitar la mezcla inconfundible de negocios y política. La política exige dedicación exclusiva y alejamiento máximo del mundo del dinero. Deben hacer una buena gestión del personal, un verbo acerado, una sonrisa de cine no son suficientes para pasar la selección.
Nadie debe caer en la tentación que aumentando la normativa puede evitar la corrupción. Lo que produce una normativa a la defensiva son anginas de pecho y muchas llagas de estómago en los gestores públicos. La normativa debe existir, pero solo tiene cualidades terapéuticas, no preventivas. En cambio la fiscalidad es otro asunto. Ahí si hay medidas preventivas que consisten en evitar la apropiación indebida de los beneficios inmobiliarios. La actividad promotora y constructora por si mismas son negocios lícitos y necesarios, pero no deben transformarse en una especie de loterías inmensas. Esos beneficios urbanísticos cuando existen deben transformarse en beneficios sociales a través del fisco.
Y finalmente, adoptemos actitudes cívicas, honestas, honradas e inteligentes para que la sociedad acepte que el dinero y la TV no son la mejor base social.
En fin, además añadiría, como decimos en Parapanda, eso de cruzar los dedos.
Lluís Casas soñando con un mundo mejor.
