Recibe este cronista la noticia de la venta de Aguas de Barcelona a la empresa francesa Suez. Les ahorro los detalles, que son muy interesantes, porque los pueden conocer por la prensa diaria. Al menos lo que es público.
Por motivos profesionales tuve hace unos años una relación intensa y controvertida con Aguas (Aigües, como se la conoce en Barcelona) y a propósito de este asunto de actualidad voy a mostrarles cómo funciona esa vinculación tan íntima entre los intereses empresariales y los de la colectividad. Para que estén preparados frente al mundo.
Para aquellos que por razón de la distancia desconozcan las raíces del asunto, les diré que Aigües es la concesionaria del abastecimiento de agua para la mayor parte de las poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona, unos tres millones de consumidores, usuarios o como les quieran llamar y a través de empresas interpuestas en otras muchas poblaciones de Catalunya, España y de las antiguas posesiones del imperio castellano (de donde en ocasiones Aigües ha tenido que salir por piernas). Aigües es una empresa de larguísima historia y de concepción imperial más que empresarial. Han sido sonadas sus trifulcas con las administraciones catalanas por asuntos de estrategia del abastecimiento. Para confirmarles el tipo de empresa, les diré que pertenece aún al grupo “Caixa”, imperio galáctico que maneja casi todos los asuntos relacionados con el dinero en el Principado, si exceptuamos, de momento, al sector Millet y a todo aquello que huela a riesgo o innovación.
El negocio del agua es en este país un excelente negocio, si está bien gestionado. Tanto es así que numerosas poblaciones peninsulares han recuperado el aliento económico coyuntural vendiendo la concesión del abastecimiento a sus vecinos (una competencia y responsabilidad pública) a empresas privadas que han adelantado a cuenta de los futuros resultados un buen dinerito (eso tiene diversos nombres que no me atrevo a dar). En el Área Metropolitana barcelonesa, este asunto ha tenido sus más y sus menos, puesto que en determinados casos esa operación olía bastante mal. Las tarifas de abastecimiento resultantes no sólo subían para cubrir costes e inversiones (asunto claramente racional, por mucho que les cueste a los vecinos entenderlo) sino que alcanzaban la estratosfera, simplemente para cubrir las expectativas pactadas con el alcalde de turno y el margen de beneficio del nuevo concesionario. Lo hicieron las derechas y las izquierdas.
En la ciudad de Barcelona, Aigües tiene desde tiempos inmemoriales la concesión del abastecimiento. Digo tiempos inmemoriales puesto que nadie sabe, públicamente, de cuándo es la concesión original y cuándo acaba. Tanto es así que hace unos años y para evitar un pleito caballuno se pactó una fecha de nueva caducidad, que lógicamente es para unos cuantos decenios. Parece ser que nadie posee el documento concesional original. Una situación lamentable para los historiadores que han perdido una gran oportunidad para establecer los vínculos entre Aigües y el Ayuntamiento. ¡Qué se la va a hacer! Hay que reconocer que la pérdida, desaparición u olvido de un documento tan importante es algo normal, sobre todo si se logra una especie de renovación concesional sin pasar el correspondiente concurso. Eso es cosa de algunos años atrás.
También es bien conocida la tendencia de Aigües por contratar directivos que hayan tenido cargos de confianza política, generalmente vinculados a la opción de izquierdas hegemónica municipal. Tanto es así que el actual mandamás fue en sus tiempos mandamás de Pasqual en la Corporación, nombre alegórico al Área Metropolitana, antes de ser acuchillada por la espalda una lamentable madrugada por don Jordi Pujol.
Otrosí, es la tendencia de la citada empresa para erigirse en el sabio único de la gestión del agua y dar con la puerta en los mocos a las administraciones competentes, sean estas municipales o de la Generalitat por cualquier motivo adyacente. Aigües ha intentado por todos los medios disponibles transformarse en el mandamás del agua en Catalunya, iniciando combates callejeros con las autoridades por cualquier causa que permitiera dejar a la administración hecha unos zorros. La última fue como consecuencia de la crisis de abastecimiento por la falta de lluvias. Aigües tenía su teoría, su práctica, sus intereses y algunas cosas más e intentó saltarse a la torera todo cuanto la administración hacía por gestionar la escasez. Las tensiones entre empresa y administración son proporcionales al alejamiento de los gestores de las primeras fuerzas políticas. Cuanto más lejos el gestor, más tensiones. Una forma de decir que Aigües tiene buena entrada en unos despachos y no tanto en otros. Como todo el mundo sabe.
Como es justo reconocer, el negocio del agua, en términos empresariales, es estratégico para la población y la economía y es un instrumento de planificación territorial y sectorial de primer orden. La normativa ambiental y urbanística ha acabado reconociendo que la población y las actividades deben desarrollarse en donde hay un planificado urbanismo disponible y agua en condiciones adecuadas. De ahí la importancia de que ese recurso básico esté gestionado, o como mínimo regulado y ordenado por la administración y no por intereses privados. Estos tienden en desmesura a valorar el futuro colectivo a la luz del suyo propio, cosa que no es adecuada a la vida colectiva y social, a menos desde mí entender.
Ese papel de dueño de la parcela que tiende a adoptar la empresa frente a los intereses generales ha dado lugar a problemas graves y se ha logrado mantener en un cierto equilibrio por la gestión política arriesgada de ICV-EUIA[1]. Si no me creen, lean La Vanguardia, portavoz acreditado de la empresa y verán como ponen a ese equipo político en cada circunstancia en que topa con intereses privados no del todo legítimos. Para que vean la dimensión del asunto, no hace mucho, corría por los corrillos (perdón por la insistencia) que ATLL (Aigües Ter-Llobregat) empresa de abastecimiento en alta de la Generalitat seria absorbida por Aigües, de modo que obtendría el monopolio absoluto del agua en Catalunya. Por lo visto, o no era verdad, o no pudo ser verdad. Alabado sea el señor y la normativa anti-monopolio que lo impide. Aigües hubo que conformarse con la construcción de la desaladora más grande del mundo (la del Prat del Llobregat) y, por lo que sé, también opta con muchos puntos a hacerse con la gestión. Son premios de consolación que para mi querría en cualquier circunstancia, pero que no son suficientes para la ambición empresarial.
Aigües siempre ha creído, creído porque carece de pruebas a favor, que un mundo regido por el beneficio y la empresa es mucho mejor que si está en manos de los representantes de los ciudadanos. Y está dispuesta a asumirlo.
Finalmente, esa voraz ambición ha derivado hacia la transferencia de los activos a manos de un socio de siempre, Suez, con lo que tenemos el abastecimiento en manos privadas y en manos privadas francesas. Dicho así, dado que con la UE ya no somos extranjeros. Es la última maniobra en beneficio de la colectividad que la histórica Aigües ha hecho. O su Hada madrina, la Caixa. Veremos en el futuro como explota esa mezcla de imperio y de propiedad francesa.
Lo dicho, empresa y bienestar colectivo no parecen ir parejos, a menos que alguien ejerza de autoridad legítima y democrática. Sobre todo si se trata de servicios públicos básicos y estratégicos. Ahí hecho a faltar un cierto detalle por parte de la Presidencia de la Generalitat, un alto a la maniobra para ponerla en unos carriles más próximos. Como no tengo la certeza, debo decir que tal vez ha existido y si no ha cuajado tal vez ha sido porque la burguesía “nostrada”[2] está ocupada destripando a su socio Millet.
Lluís Casas antimonopolista
[1] Existe una anécdota cierta que contemplé: por navidad de 199... Aigües hizo entrega de sus regalos empresariales a los ejecutivos de una administración hidráulica. Estos los devolvieron con una tarjeta cariñosa: no se aceptan regalos, muchas gracias. Las relaciones se hicieron mucho más duras.
[2] La burgesia catalana
