Nadie puede en este momento estar satisfecho con un estado
incumplidor, mentiroso, agresivo verbalmente, incompetente, incapaz de cumplir
sus compromisos, incluso cuando estos tienen forma de ley, que se doblega a
cambiar la Constitución por la vía rápida y con independencia
de lo que piensan sus ciudadanos por la presión de una potencia extranjera.
Como en tiempos pasados. Un Estado que transfiere las rentas de las clases medias y
menos medias a los bancos, al sector económico de la corrupción y que no tiene
ni idea del significado de la democracia, de la necesidad permanente de las
reformas políticas e institucionales para adaptarse a los tiempos, a los
problemas, a los nuevos sentimientos de la ciudadanía e impone in inmovilismo
frustrante y enormemente costoso tanto en términos económicos, como políticos.
Un estado que es absolutamente sordo a las reclamaciones
populares de transparencia, de participación, de limitación de los poderes de
los lobbies, del saneamiento de la política, de las reformas territoriales y un
etcétera tan largo que no cabría en un artículo con mala leche como este.
El asunto salta a grandes alturas, como tantas veces, por
la presión llegada de Catalunya (independientemente de lo que cada uno pueda
pensar al respecto). Catalunya impulsó el estado de las autonomías, aun
reduciendo considerablemente sus expectativas. Y lo hizo en bien de todos y del
desarrollo de la democracia. Catalunya impulsó por tres veces reformas
profundas en la distribución competencial y del sistema de financiación que
fueron extrapoladas a todas las CCAA.
Estatuto que fue debidamente pulido por el Sr. Guerra en
el Congreso y pasado por la piedra por 11 personajes nombrados a dedo para
conformar un núcleo de taponamiento político, el tribunal Constitucional. Da
igual el voto parlamentario, da igual el voto ciudadano. Lo que importa son las
cuitas y las ordenes emanadas de otros centros de poder.
Hoy, algunos sectores en Catalunya, con un peso
significativo y de creciente influencia han provocado unas elecciones
anticipadas (hay razones oscuras de interés partidista también) bajo el
eslogan: queremos largarnos (permítanme la ligereza de la expresión).
Al margen de opiniones, incluso de la mía propia respecto
a ese hecho, hay que reconocer que la realidad ha dado un giro casi copernicano
y la realidad nunca debe ignorarse. Pues bien la respuesta está siendo el
hurgar en las sensibilidades, en los derechos estatutarios y constitucionales
(desde el gobierno, desde los partidos de alcance estatal, des de los medios de
centro derecha) y en una serie de palabrerías imperiales alejadas del nivel más
bajo de lo que es una democracia, en donde la solución de problemas de ese
orden, de esa magnitud pasa siempre por rebajar el suflé, negociar, llegar a
acuerdo y der un salto democrático en beneficio de todos. Vean sino ese
depósito de fondos desconocido hasta ahora que va a permitir al Sr. Wert
financiar un sistema escolar segregado en Catalunya y orientado –dice
achulapadamente—a “españolizar a los niños catalanes”.
¿Es necesario llegar hasta donde hemos llegado para
ponerse a entender que el senado debe reformarse urgentemente? ¿Hace falta
manifestarse en forma de cientos de miles para comprender que la solidaridad
económica, que siempre ha defendido la mayoría de catalanes, no puede pasar por
la laminación de la capacidad de inversión pública, de la capacidad de
financiación de las prestaciones básicas para la ciudadanía? Puesto que de eso
se trata en el fondo y con independencia del nivel de sentimiento nacional que
tiene una parte de los catalanes, y sea lo que sea eso del sentimiento
nacional, al margen de lengua, cultura e historia.
Solo con el envite hemos asistido a un resurgir de
opiniones, de artículos, de posiciones políticas, ciudadanas, sociales que
vuelven a defender la introducción de medidas federalizantes que den
satisfacción a las demandas largamente expresadas por Catalunya. No como medida
exclusiva para ella, si no para establecer un marco nuevo y eficaz en donde desarrollar
las iniciativas de cada uno, de equilibrar los flujos financieros, de definir
la coordinación necesaria, la confianza imprescindible y la solemne honestidad
institucional entre unos y otros.
Solo como un ejemplo, entre la aprobación definitiva
del nuevo sistema de financiación que impulso el Estatut del 2006 en el Consejo
de política financiera (en donde se sientan todas las CCAA y el estado central)
y su publicación en el BOE, se produjeron cambios relevantes que no habían
pasado por el Consejo, ni habían sido debatidos con nadie. Ese es el estado
español actual. Un tramposo (y al margen de las trampas que también en centro
derecha catalán está utilizando). Tal para cual.
Tramposo, como lo es el que incumple su compromiso de
inversión establecido en el Estatut, una ley orgánica. Aduciendo que no hay
dinero. No se trata de dinero en este caso, sino de porcentajes, cosa muy
distinta y comprensible incluso para un lego en aritmética.
En cambio, ya esta semana, ese estado está planificando la
salvación de la red de autopistas de la capital, para rescatar al capital
privado pillado en unas obras sin rendimiento. Beneficios privados, costes
públicos. La forma casi permanente del estado español. Honor a las excepciones,
que las ha habido.
En El País (10.12.12), diversos artículos apuntan en
ese sentido de recuperar la capacidad de negociar y de cambiar al ritmo de los
tiempos, de las necesidades y de los deseos de la ciudadanía. Se los señalo, de
J. Ernesto Ayala-DIP, Los contratiempos de Isabel. De Nicolás Sartorius
(lástima que escriba o le publiquen poco), Cataluña: se debe reconducir la
situación. De Santiago Lago, Márgenes en la financiación autonómica.
Claro está que El País no es el país. Hay otras ofertas
mediáticas a las que lo único que les va es el exabrupto, la pura y simple
mentira, la invención de problemas, para solucionar, ¿qué? Para salvar, ¿qué?
Mientras tanto, los capitales siguen saliendo de España a
ritmo acelerado y los bancos alemanes y franceses abandonan sus riesgos
privados en España para traspasarlos al estado español, a todos los ciudadanos.
El gobierno central sigue con sus cuitas y sus indefiniciones a la espera de
calendarios electorales. Un truco del almendruco ya utilizado con Andalucía
solo asumir el gobierno y que ahora se repite para el caso específico de
Galicia. Aunque también se vota en Euskadi y un mes después en Catalunya.
Tanto valor se le da a la poltrona para ocultarse y no
tomar decisiones trasfiriendo coste tras coste a la mayoría de los ciudadanos
que ven como la base de un estado democrático, los servicios públicos de
bienestar, se degradan y, algunos, desaparecen para financiar las malas
decisiones de los bancos privados españoles , alemanes y franceses.
Lluís Casas, como ven un tanto alterado.
