De cara a las elecciones conviene comprobar el grado de capacidad, honradez y acierto de un gobierno que, para mayor horror, pretende presentarse a un plebiscito para obtener mayoría absoluta y hacer lo que le plazca independientemente de los intereses de los ciudadanos o, al menos, de su mayoría.
El caso viene al pelo: El gobierno de Artur Mas ha puesto en venta (es una forma de expresión sintética) algunas de las autopistas que no son solo de su propiedad, si no que las administraba directamente a través de empresas públicas y que generaban sus beneficios monetarios y sociales. Una de ellas es la que conecta, mediante los túneles de Vallvidrera, Barcelona y el Vallés. Nada menos.
El asunto es coincidente con la pretensión de vender otros activos estratégicos del país, como la empresa suministradora de agua ATLL, edificios emblemáticos en Barcelona y otros muchos objetos de sumo interés económico. La pretensión, utilizando el erróneo y campechano término que el gobierno de los mejores aprovecha es "hacer caja” [fer caixa]. Con la caja se pagaran, espero, las deudas contraídas con las residencias de ancianos, las contribuciones para los discapacitados, para la ley de la dependencia y otras obras sociales que en el duro entender de ese conglomerado de intereses que nos gobierna estarían más que bien en manos de Cáritas y de las mesas petitorias encabezadas con las señoras de sombrero y plumas.
El asunto es de por sí bastante oscuro y más, cuando está en las manos quien está: una coalición que se ha aprovechado a fondo del poder para ganar dinero que le permita mantenerse cómodamente al frente de los votos (ese dichoso 3%, que me han asegurado que ahora es variable, como corresponde a una coyuntura difícil), habituada a repartir favores entre amigos y socios de club y en fin, hacer lo consecuente entre amigos de toda la vida. Hoy por ti, mañana por mí.
Si eso es así y ahí está, ahí está, el Palau de la Música para comprobación de descreídos, en este caso es todavía más sospechoso.
Veamos, se convocan concursos públicos para Aigües Ter Llobregat, autopistas, edificios, etc. esos concursos, ¡oh maravilla! terminan desiertos como el Sahara (que por no pertenecer al acervo público catalán de momento no está, por ahora, en venta) y a continuación, gracias a la truqueria legal, se pasa a negociar directamente entre hipotéticas empresas interesadas y el gobierno, sin testigos y con albaceas.
Por una parte, el estado de los bolsillos empresariales no está para alegrías, no por falta de efectivo o de capacidad de crédito para algunos, sino simplemente porque los beneficios de la actividad pueden ser dudosos y por qué obligan a los compradores a elevar el precio de las cosas en porcentajes maravillosos (el agua entre un 30% y un 40%). Ahí es nada, el riesgo de pegarse un trompazo puede ser elevado a vida cuenta que la espera prudente parece descartada.
Lo que ocurra en los despachos, en los restaurantes y en las sedes empresariales o políticas nos es desconocido, pero puede ser imaginado.
Lo que valen realmente esas entidades de servicios, que trabajan como monopolios públicos, puede adornarse de modo que el incentivo aumente. Las pérdidas solo afectaran a la caja pública, no a los comisionistas y el favor permanecerá en espera de ser devuelto. De modo y manera que en todos los casos podríamos acertar de lleno quien se llevará el gato al agua, nunca mejor dicho.
Lo que no sabremos, a menos que Pepe Carvalho resucite, es la suma monda y lironda de todo ello, con su distribución caso por caso y cuenta por cuenta.
Atención ciudadanos, si sienten una ligera presión en el bolsillo en donde conservan la cartera, no se preocupen. Es la larga mano de los (sedicentes) mejores aplicando independencia, dret a decidir y patriotismo a los casos mentados. Vigilen incluso la calderilla.
Lluís Casas, monocorde
