Les escribí no hace mucho sobre el conglomerado de
intereses personales
y profesionales que casi constituían una mafia entre los directivos de la
sanidad catalana, tanto los que se movían en la red pública, como los que lo
hacían en la privada, que en buena parte está concertada y, por lo tanto, financiada
por la Generalitat.
(Quiero hacer mención que el mal atañe al que lo hace, puesto que muchos de los
directivos tienen una honestidad equivalente a cualquier otro profesional)
Los periódicos dan día a día noticias sobre ese chanchullo en el
que suenan nombres variados que están de una manera u otra vinculados a los dos
partidos hegemónicos en el Principat. Son nombres que se intercambian gerencias
y cargos de relevancia al albur de las elecciones y del conseller o consellera de turno.
Casi nadie se queda sin trabajo de entre los que componen ese magma de interés
o, mejor dicho, casi nadie de esa mutua se queda sin ingresos, que no son
precisamente equivalentes al subsidio de paro, cuando las circunstancias los
apartan momentáneamente de la actividad habitual.
Este es un asunto en el que se mezclan negocios privados en base
a adjudicaciones públicas, a veces incluso auto adjudicaciones. Y no
precisamente por cifras modestas, al contrario. Una mezcolanza de múltiples
intereses que no son simplemente económicos, aunque en buena parte así sea.
En fin, la historia se está explicando ahora a cachos y ustedes
pueden y, me atrevería a decir, deben de seguirla, puesto que hay mucho de la
idiosincrasia catalana en ella. Cosas que se deben aprender de ese idílico e
inexistente paraíso catalán.
Hoy, partiendo de lo dicho, quisiera hacer una reflexión de
algunos de los porqués que hay detrás de ese mejunje.
La sanidad catalana es distinta a la del resto de España. Aquí
por motivos históricos muy diversos han existidos distintas redes públicas o
cuasi públicas al margen de la sanidad estatal, lo que ahora es el InstitutCatalà
de la Salut. Algunos
ayuntamientos o diputaciones crearon
su hospital, su centro de atención primaria u otros equipamientos que
financiaron a su coste durante décadas. Incluso el reconocido Clínic de la
calle Casanovas era un equipamiento sanitario de dependencia estatal, pero no
sanitaria (Justicia y Universidad). Algunas entidades religiosas o cívicas,
como la Cruz Roja ,
hicieron lo mismo e incluso hubo colaboraciones espectaculares entre muchos
actores, como es el ejemplo de Sant Pau, en el que existe todavía la MIA (Muy Ilustre
Administración), cuyo nombre ya nos retrotrae a antiguos y periclitados
tiempos. También por motivos variados siempre ha existido una potentísima red
privada que funcionaba por intereses económicos. Una parte de ella se integraba
o colaboraba con distintas mutuas, de entre las cuales las había con o sin
interés económico. Con la aparición de la estructura pública sanitaria
general y global muchos de los centros privados se vincularon mediante
contratos (conciertos) con la asistencia pública y recibieron financiación de
los presupuestos.
Todo este jaleo se constituyó en lo que se vino a llamar el
“model català” de sanidad. Dando características de acierto a la inevitable
(por falta de decisión política y a los intereses de los gobernantes del
nacionalismo de derechas) conjunción de todas las redes en un sistema sin
verdadero alfabeto. Probablemente en su momento fue una decisión inevitable,
incluso apoyada desde la izquierda. Pero lo que fue un día no lo ha sido
posteriormente.
El resultado ha sido una panoplia muy amplia de consorcios, empresas,
mutuas, ICS que han dado en crear un monstruo ejecutivo difícil de dirigir,
imposible de financiar coherentemente y plagado de intereses menores, mayores,
ocultos y públicos. El coste “directivo” es extraordinariamente alto en función
de esas más que múltiples organizaciones que obligan a que los cargos públicos
de la Generalitat
y de algunas entidades locales tengan varias docenas de puestos en consejos de
representación o equivalentes. Presidentes de una cosa u otra hailos tantos
como entidades y gerentes y el resto del aparato digestivo lo mismo.
A lo largo de los últimos treinta años, el periodo de maduración
y de podredumbre del sistema, no ha habido capacidad de decisión para rehacer
el sistema, simplificarlo, abaratarlo y darle un sentido adecuado.
Mientras que un municipio financiaba y se responsabilizaba de un
centro nosocomial era lógica su autoridad en él. Hoy, cuando la financiación
hace ya muchos años es totalmente autonómica, ese papel es una complicación
inútil y costosa. Existen mecanismos a través de los cuales las autoridades
locales participan en la gestión sanitaria de su entorno territorial, con lo
que su papel activo queda consolidado y hace más inútil los dichosos consorcios
y demás parentela. Lo mismo cabría decir de las entidades religiosas o cívicas,
hoy día son apariencias más que realidades.
Desde el punto de vista financiero el asunto compete en
exclusiva a la Generalitat
y como autoridad sanitaria, la planificación, la calidad, el desarrollo del
sistema, lo mismo. No hay pues razones que merezcan tal nombre para mantener
ese “model català”. La lógica nos diría que la integración en una sola red es
lo más adecuado, todo y que en razón a las dimensiones y a las características
del territorio haya una cierta dirección y gerencia descentralizada muy pegada
a la problemática del entorno inmediato.
O lo que es lo mismo, lo que ha ocurrido en el resto de España
por razones bien distintas: existe una sola red autonómica, a causa de la
carencia de iniciativas locales o sociales que si hubo en Catalunya. Todo ello
dicho en términos generales, puesto que excepciones las hay.
A todo ello hay que añadirle la presión del sector mutualista y
privado para, sin perder el control de sus empresas sanitarias, participa en el
(suculento) pastel de la financiación pública. El sector privado ofrecía
equipamientos en funcionamiento y por lo tanto evitaba inversiones públicas.
Alegaba además de una
excelente gestión, que siempre han afirmado que era menos costosa que la
pública. Afirmación que es sin ninguna duda una evidente falsedad. La
diferencia entre lo público y lo privado siempre ha estado en la selección de
patologías, las muy caras han sido de diversos modos rechazadas por el sector
privado y derivadas al público. La investigación, consustancial a la sanidad
pública es enormemente menor en la privada, que además busca patrocinadores e
incluso financiación pública. La cosa ha llegado a extremos que la autoridad
pública ha tenido que invertir en centros privados y/o hacer aportaciones a
fondo perdido para mantener algunos centros totalmente ineficientes.
El resultado lo tenemos hoy frente a nuestros ojos, gastos
desmedidos en dirección, escasa eficacia planificadora, nula autoridad, mezcla
de intereses hasta límites inauditos (les ahorro la lista de subvenciones que
reparte el sector público entre las multitudes institucionales privadas o
profesionales bajo el signo de programas de colaboración o algo parecido). Los
recortes se han distribuido de desigual manera, los sueldos de los
profesionales no tienen homogenización ninguna, los procesos de selección
tampoco, etc.
Y aun a pesar de ello, tanto por la presión social en bien de
una sanidad adecuada, como por la profesionalidad de una gran parte de los
trabajadores (y también directivos y políticos), la sanidad catalana ha estado
considerada como excelente.
Eso que ha sido cierto hasta ahora mismo, ha tenido el defecto
de esconder durante años, los virus creados e inoculados en el sistema. Virus
que ahora aparecen en las portadas de los periódicos por aquellas casualidades
de la vida. Virus que incluso fueron adormecidos por todos menos uno de los miembros de la Sindicatura de Comptes
en un caso bien peculiar y con muchos ceros a la derecha.
En fin, ahí tienen un programa alternativo sanitario. La reforma
y la integración en un solo sistema público de los centros que asisten dentro
de la exigencia constitucional a la salud de los catalanes. Y ello rediciendo
costes, pero no asistencia.
Ahí es nada.
Lluís Casas, celebrando el 30 aniversario de la marcha de la
sanidad catalana.
