SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Varias veces les he comentado, como de pasada, mi situación laboral dado que es un tanto peculiar: soy funcionario, alto cargo en los dos gobiernos de izquierda en Catalunya y ahora me encuentro recluido (por razones de simple represalia política) en un despacho compartido de 12 metros cuadrados, sin luz natural, ni trabajo asignado. Eso si, cobro regularmente una cifra no precisamente menor en razón a mi larga trayectoria de trabajo y gracias a las leyes protectoras (de momento) frente a la arbitrariedad política (también para eso existe la ley de la función pública). He reducido mi jornada laboral y estoy pendiente de la tramitación de mi jubilación de forma casi inmediata. No era esa mi intención, puesto que me siento competente y satisfecho con el trabajo público, pero dado lo que hay, he decidido dedicarme a otros asuntos no remunerados y dependientes de mi santa voluntad: una de ellas sería dirigir el departamento de prospectiva económica de este blog, Metiendo bulla.

¿Por qué les explico esto? Simplemente porque no soy el único implicado en este tipo de tratamiento. En un principio, los propietarios genéticos de la Generalitat, al recuperarla de las hordas bárbaras que lo habían ocupado durante siete largos años, pretendieron expulsar por decreto a todo quisque que oliera a izquierda, sobre todo si el olor era verdadero. En otros casos, con olores más sutiles, ustedes ya me entienden, la reacción fundamentalista fue mucho más matizada, tanto que un alto porcentaje pensó que nada cambiaria (un error fatal). En fin, que para ahorrar en recortes nos tienen mano sobre mano esperando que unos se desintegren mentalmente, a otros les caiga una viga en la cabeza y a los restantes nos llegue el beneplácito de la jubilación o un trabajo (obviamente caído del cielo) que nos permita solicitar la baja. Un trabajo fino. Es de agradecer que no hayan implicado a alguna mafia local para el simple exterminio. Debe ser su parte de alma (demo)cristiana.

Algunos pensaran que en realidad tengo un chollo. Cobrar sin trabajar. Aunque yo matizo que sigo levantándome a las seis y media, entrando en el despacho antes de las ocho y volviendo a buen recaudo con las 37 horas y media consabidas a la espalda.

Las normas que se aplican a los funcionarios públicos resultan a la vista de esta actitud de represalia perfectamente comprensibles. Un funcionario público, al margen de su constitucional opinión y organización política, si la hay, es funcionario público a todos los efectos sea quien sea el que encabece el gobierno. Tanto en la Generalitat, en un ayuntamiento o en cualquier otro centro público.

La alternativa a esa “protección anti ideológica” es la vuelta a los viejos tiempos de liberales y conservadores, cuando un cambio de gobierno comportaba la substitución incluso de los conserjes. El trabajo público (les estoy hablando no de servicios públicos directos a los ciudadanos como la salud) es una especialidad profesional tan específica que difícilmente es adaptable al orden privado. Esa es otra motivación para que el cambio en los gobiernos, en las mayorías parlamentarias o de plenarios municipales, no comporten un vaciado de las organizaciones. Se entiende que dentro de las normas constitucionales y el resto de la legislación democrática, la ideología individual del funcionario o del trabajador público sólo debe valorarse por su dedicación, eficiencia y capacidad. Esas sí deben controlarse y comprobarse.

Que no haya nadie que piense que esa garantista norma protectora es una inutilidad. En absoluto. Después de muchos años (aquello de la experiencia) y de haber pasado voluntariamente por múltiples administraciones, puedo valorar el coste de los cambios por simples motivos de “confianza”. Eufemismo que oculta el desprecio a la ley y la presencia del amiguismo tan clásico en el Mediterráneo. Ese coste pude ser menudo, pero en realidad casi siempre es elevado. Desconocer los procedimientos, ignorar el carácter de la institución, no estar al tanto de las características de cada servicio, la cercanía a los intereses privados, la inexperiencia de una organización técnico-política y un largo etcétera cuestan a los ciudadanos, tanto como a los usuarios de un servicio público (o como contribuyentes) un alto precio. Se ve demasiado a menudo cómo la llegada de un electo provoca cambios de organización totalmente inadecuados a los fines de esta, a veces simples ocurrencias, a veces una especie de enfermedad contagiosa consistente en pensar que si uno es elegido con ello es suficiente para llenar los vacíos de conocimiento, experiencia y práctica necesarios para enfrentar una maquinaria tan compleja como la pública.

No crean que con lo dicho sea un partidario acérrimo del funcionario como tal, en absoluto. Pero sí quiero resaltarles en estos difíciles momentos que el sector público y sus trabajadores, una parte funcionarios, son garantía de democracia.

La elección de la función pública actual ha sido una decisión política, las leyes y sus normas consecuentes han salido del congreso, de los parlamentos autonómicos y de los plenarios locales. Todos ellos ocupados por electos surgidos de los partidos. Si eso fue un error, seria bueno que sus responsables lo reconocieran y explicaran el modelo alternativo. Tal vez habría posibilidades de cambio sin necesidad de desprestigiar a quien está dando buenos servicios a los ciudadanos. Pero tal cosa no ocurre. De modo que me digo que o no hay modelo alternativo o no hay capacidad técnica y política para enfrentar el asunto de modo racional y consecuente. Así es que el sueldo del funcionario y las garantías legales sobre su puesto de trabajo se utilizan como vía de desvío de cierto descontento populachero. No pocos parados tienen de qué mal hablar, sin fijarse en sus empresarios, en los bancos, en la derecha neoliberal.

Las típicas políticas populistas que tanto están creciendo en este continente a cargo de inmigrantes.

Digamos bien alto: delenda est Carthago; digo: delenda est reforma laboris.

(1) Radio Parapanda. http://www.youtube.com/watch?v=1-l-Xw8dn_s