Mis queridos lectores no deben sospechar de la verisimilitud de los dos artículos en torno a las vicisitudes de una paciente familia con los trámites de la mencionada ley al leer el encabezado. Ambos artículos son ciertos como la vida misma. El presente título va por otros derroteros. Al escribir los articulillos anteriores no pude resistirme a la mofa que me produce todo trámite administrativo manifiestamente estúpido. Incluso cuando yo soy el afectado. Les recuerdo el significado del término estúpido: es aquel que con su acción perjudica a los demás y también a si mismo.
Los trámites de la ley responden efectivamente a esa posición estúpida tan humana de no pensar en el usuario, en el ciudadano, en el cliente o el propietario de un derecho, de no prever procedimientos razonables para la cosa, ni de pensar en calendarios adecuados. El resultado final ante tamaña incompetencia es malo para todos. Toda esa imprevisión conforma un procedimiento del que algunos pensarán que ha estado diseñado para inhibir solicitudes o para esperar el fallecimiento de la persona afectada. En definitiva, para ahorrar costes y, en el extremo de la paranoia, para desviar recursos económicos hacia los necesitados banqueros modernos. Algo así he oído en los pasillos kafkianos que estoy recorriendo. En fin, mi reacción ha sido en parte la comedia bufa, por lo que pienso que les debo otro enfoque.
Hoy les hablaré de la incompetencia, de la mala gestión de los asuntos públicos por parte de los legisladores, de la falta de profesionalidad de los directivos y del monstruo que han creado. En el paquete no hago distingos ideológicos o de partido, aunque, claro está, las responsabilidades son distintas si uno está en la oposición o bien no gobierna la cosa, porque no le toca.
Creo que la Ley de la dependencia tiene las características necesarias para pensarla como ejemplo, como mal ejemplo, de lo torpe que puede llegar a ser la administración cuando se deja en manos de los niños.
Empecemos con un recordatorio práctico. La ley va dedicada a ancianos en la ultimísima fase de su existencia, cuando ya no son capaces de gobernar ni su biología, ni su sociología. También está dedicada a seres cuya patología les aleja, y no por edad, de la autonomía mínima imprescindible. Está dedicada a las familias, en el sentido más amplio del término, que ven colapsada su vida económica por los enormes gastos que esas personas exigen para su buen cuidado. Está dedicada a las familias que ven colapsada su vida privada, su desarrollo natural por las exigencias, impuestas o auto impuestas, en relación a la atención y cuidado de sus más próximos semejantes. Dicho esto, que considero imprescindible, vamos al detalle.
En primer lugar hay que constatar que el sentido de la ley, disponer de ayudas completas y servicios a las personas dependientes y hacerlo en tanto que derecho independiente de la situación económica, es magnífico. Una ley necesaria, cosa que ya he dicho en estas páginas y pantallas. Una ley de la que hay que celebrar su llegada. No sirven en este caso las alegaciones de quienes no la aprobaron, como nuestra inefable faceta independentista. Es una ley que quiere mejorar la situación de las personas que peor viven la vida, tanto los afectados, como sus familiares. Ahí no hay hueco alegatorio. Dicho queda.
Ahora bien, el legislador debería pensar que una ley debe aplicarse, y como ésta lo hace sobre persones dependientes, debía ser muy cuidadoso y prudente en la forma de presentarla y de aplicarla. No ha sido así. Se buscó el titular, se pretendió la capitalización política por encima del respeto a las personas. De modo que se lanzó una consigna imprudente: la ley puede con todo, y a por las elecciones.
En el ámbito legislativo la ley tuvo otras torpezas. No se diseñó adecuadamente el sistema de financiación, ni se estudió en detalle el número de posibles afectados, ni tampoco la reacción entusiasta de las familias, que no tenían donde agarrarse. De ahí surgió el lógico aluvión de solicitudes y una enorme falta de recursos. Otra torpeza fue el olvido del obligado acuerdo entre el gobierno “federal” y las CCAA, que son las verdaderas competentes en la materia. Este asunto es reiterado tanto en sede parlamentaria, como gubernamental. El gobierno “federal” no se cree la nueva estructura del Estado y crea innecesarios conflictos que acaban, la mayoría de ellos, confundiendo al ciudadano y perjudicando a los usuarios. En este caso Washington no pensó en la importancia de Filadelfia.
Les contaré ahora una primicia que sé de buena tinta de personas afincadas en la capital federal. Al inicio de la preparación de la ley se encargó a unos expertos la preparación de los informes sobre la demanda de servicios y sobre los costes que la aplicación de la futura ley comportaría. En ambos casos los informes se presentaron, prefigurando la evolución de la demanda a 10 años y la necesidad de financiación para asumirlo, con detalle de los costes que implicaba cada forma de tratamiento. Pues bien, los informes fueron retirados bajo la consigna ministerial que la ley no debía costar nada, o en todo caso, muy poco.
Los argumentos eran efectivamente, como ya se imaginan, peregrinos. No había que enfrentarse al ministerio de Economía con una fuerte demanda de recursos, alegando además que los gastos ya existentes en estas áreas ya eran importantes y configuraban el grueso de la financiación de la nueva ley. La nueva demanda seria poca, etc. Y, en el último caso (agárrense), el coste lo tendrían que asumir las CCAA. Es decir, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Presidencia del Gobierno querían hacer pasar un camello por el agujero de una aguja. Los expertos, gente sensata, conocedora de la materia, quedaron perplejos frente a la inconsistencia del gobierno. En fin, los informes fueron purgados, aunque, eso si, los expertos cobraron por el trabajo. En este caso por un trabajo bien hecho. Se lo aseguro. Otros cobraron por una chapuza estelar. Hay que resaltar un aspecto curioso del caso. Los expertos propios del gobierno, del Inserso concretamente, aplaudieron las artes ministeriales y las apoyaron con gran entusiasmo. No les gustaban los expertos externos. Se creen, como tantos, propietarios del asunto en que trabajan y no permiten abrir las ventanas. No crean que eso sea un asunto exclusivamente madrileño. En una reciente comparecencia parlamentaria, la consellera del ramo se tuvo que tragar un informe equivalente, bajo el eslogan de “avui no toca”. Un día después el presidente Montilla arreó con todo contra la financiación de la ley de la dependencia, por lo que deduzco que los aplicadores del “avui no toca” iban más bien errados. Porque, claro que tocaba, más de cien mil ciudadanos catalanes están afectados por la falta de financiación de un derecho básico.
Bien, en resumen, un articulado legislativo noble y adecuado, sin recursos económicos suficientes, sin estudio real del número de afectados, sin acuerdo solemne con quien lo ha de aplicar y sin el despliegue de métodos y tiempos para hacerlo. Una verdadera chapuza de condimentos en un buen plato.
No crean que el caso sea especialmente raro. Al contrario, los legisladores y los gobiernos proponentes actúan así de modo reiterado. De ahí la debilidad real de muchas leyes, cuya torpeza efectiva queda a menudo disimulada por entornos favorables. En la ley de la dependencia no es así: era esperada, era exigible y la alerta con que se aprobó la expuso a una presión máxima de inmediato.
Hasta ahí el capitulo principal, los defectos de nacimiento, culpables de mucho de lo malo que viene después.
La siguiente parada del cortejo ya es en las CCAA, en las consejerías de bienestar social, servicios sociales o cualquier otro nombre moderno de la cosa. El asunto, hay que reconocerlo, cayó en malas manos.
Ese ámbito de la administración no tiene un desarrollo organizativo capaz de asumir una ley como la que tenemos entre manos. En nuestro país, los servicios sociales han estado permanentemente frenados por una acción en gasto público cicatera en demasía. No existe el equivalente a los servicios de salud, verdaderas organizaciones de prestación y gestión, con directivos, estructura y capacidad de desarrollo. En España, uno no se morirá por falta de asistencia médica, incluso puede obtener estancias hospitalarias de altísima tecnología y de costes elevados sin mayor dificultad que simplemente necesitarlas. Ahora bien, en cuanto sale del hospital, la cosa es bien distinta, puede morirse de hambre, utilizando una expresión sintética o tener que dormir en la calle.
Ese escaso desarrollo de los servicios sociales, explicado como el reflejo de que el gasto público español en estas materias en términos de PIB es inferior al de Portugal, por ejemplo, ha producido una estructura de gestión altamente ineficaz, por falta de elementos básicos, como residencias, atención domiciliaria, aplicaciones a las patologías sociales reales, y un largo etcétera. Se sigue un mecanismo de distribución de la asistencia que llamaré eclesial: el sistema cáritas diocesana (con todos mis respetos a esa organización que tiene una eficacísima tradición): quien no llora, no mama (traducción del original en catalán). No son servicios para todos, no hay centros de prestaciones al estilo de un CAP, como redistribuidor de las prestaciones, etc.
Los servicios sociales son una estructura directivamente débil y faltos de equipamientos y de cultura de gestión. No es un pecado atribuible a sus profesionales, sino a las circunstancias políticas y económicas que han impedido su desarrollo. La ley de la dependencia cayó sobre ellos como una bomba y evidentemente estalló. Toda la demanda de servicios artificialmente contenida en el seno de las familias, con ardides pecuniarios menores, ayudas de 250 euros y cosas así, se desbordó al creer que el asunto iba en serio. Tal como el Presidente federal clamaba por todas partes.
No existía mecanismo alguno para reflejar administrativamente esa enorme demanda de servicios y ayudas, ni siquiera un programa informático de seguimiento mínimamente eficaz (no es broma). No existía la estructura de organización y de personal para atender debidamente los casos que se presentaban. No existían los servicios básicos suficientes para hacer de la ley un hecho práctico. Las residencias son objetos raros, difícilmente alcanzables para el que no dispone de 3000 euros al mes. Los servicios de tratamiento de día son insuficientes. Las patologías más complejas no disponen de casi ningún recurso real que poner al alcance del personal.
En pocos meses, miles de solicitudes colapsaron los servicios. Su reacción frente al aluvión fue lenta, inexperta, falta de medios y políticamente torpe. Las CCAA y los ayuntamientos como entes asociados a los tramites de la ley jugaron una partida que tenían perdida de antemano y no supieron o quisieron decir la verdad a los ciudadanos y a los afectados: no podemos con ello por razones básicas, no hay dinero, no hay equipamientos. Vamos a reformar la ley y darle un cauce más adecuado.
No piensen que ese caos es inventado, está en manos del Sindic de Greuges, está en los periódicos, está en el largo e inexplicable proceso de análisis de cada caso, está, en fin, en los miles de solicitudes depositadas en un rincón en espera de…Está en manos de diversas denuncias penales que podrían perfectamente ser admitidas a trámite y terminar en los tribunales y ante un juez. Juez que tal vez esté tramitando lo mismo que los denunciantes.
Como el tiempo pasa, las administraciones han terminado por aplicar recursos de gestión, en la falsa creencia que administrar adecuadamente peticiones obraba milagros. Y como no es así, ahora se encuentran que no tienen salida los expedientes en curso. No hay dinero. No hay equipamientos. De modo que las chispas generadas por en conflicto entre demanda y capacidad financiera han llegado al debate de los presupuestos, al Parlament de Catalunya y a los foros mediáticos.
No tengo un buen pronóstico del asunto. Las cosas se hicieron muy mal al inicio y ahora están a un nivel que la solución requiere mucho dinero y un buen repaso al procedimiento. Pero como otras más verdes han madurado, esperaremos al mes de diciembre, con las cuentas del 2009 aprobadas para comprobar si los presuntos sabios saben rectificar.
Lluis Casas, esperanzólogo
