Les recuerdo un reciente relato verídico en torno a las vicisitudes de una familia en pos de la ayuda que la ley otorga como un derecho. En ese primer relato con la descripción de la situación a final de Julio, dejamos a la familia con una resolución administrativa que confirmaba la máxima dependencia de la persona afectada: LA LEY DE DEPENDENCIA: ¿Una ley modélica?
Después…
La familia, pasado el duro verano con una resolución jurídica que dice: usted es dependiente en grado máximo y le corresponde la protección de la ley, recuperamos la vida habitual y continuamos las innumerables gestiones.
A primeros de septiembre, a través de contactos se consigue una entrevista con la asistenta social de la zona (la lista de espera habitual es de más de tres meses). En dicha entrevista se explica a los familiares que todo y disponiendo de una resolución oficial en donde consta lo que debe constar, los servicios sociales no pueden hacer nada hasta que en el ordenador les aparezca el nombre de la persona afectada como caso valorativamente resuelto. No es el caso. El ordenador está durmiendo y no se ha enterado de la resolución, por lo que debemos esperar. La cara de los familiares ante tamaña explicación es tal que la asistenta social se levanta y comprueba e incluso hace una consulta directa a HAL 2001.
Parece ser que el ordenador sabe alguna cosa indeterminada y que está presto a comunicar a los servicios sociales de la existencia del caso y de la resolución. Por lo tanto, hay esperanzas. En unos días se comunicará a los familiares la cita para una visita en el domicilio. El asunto pendiente es hacer el PIA. El PIA no es una postura contorsionista, sino un documento denominado, Programa de Atención Individualizada, cosa mucho más comprensible y esperanzadora.
Pues bien, a finales de septiembre hacemos el PIA. En realidad lo hacemos cuatro personas, un familiar, la cuidadora permanente, la asistenta social y la persona afectada. El asunto consiste en una visita protagonizada por una excelente asistenta social, muy joven, con contrato moderno, es decir para hacer horas a tope, que dispone de un complejo instrumental. El primer elemento es una entrevista pautada a la persona afectada, a los familiares y a los cuidadores (de hecho la misma entrevista se hizo en Mayo). El segundo elemento es un interrogatorio en torno a los servicios que se desean para la persona afectada (cosa que ya se comunicó anteriormente).
Posteriormente aparece el artefacto principal que consiste en un cuadro fotocopiado y debidamente protegido por una funda plastificada en donde consta para cada hipotético servicio la aportación que hace la modélica ley de la dependencia. Eso si es una novedad apabullante y tecnológica. En síntesis, cuidados en casa, (les recuerdo que estamos ante un caso de máxima dependencia, la persona afectada necesita ayuda permanente y total) a los que les corresponden 405 euros al mes, la cifra elimina otras posibles ayudas que la casualidad y el ardor familiar hayan conseguido. Entre 600 y 900 euros para una residencia asistida, el intervalo entre una cifra y otra no he logrado explicármelo. Hay otras cifras imprescindibles que les ahorro, como la asistencia de día y demás. Como dato capital les diré que una residencia asistida tiene un coste oscilante, dependiente de la calidad, entre 1.800 euros y 2.500 euros (hay más caras para las clases dirigentes, pero no obtienen el concierto con la administración).
Hagan ustedes sumas y restas a partir de una pensión, que no estando mal es de 900 euros y saquen conclusiones o porcentajes. En el caso de la asistencia en el domicilio, la cosa es mucho más variable, pero atendiendo a los costes del personal contratado debidamente y necesitando dos personas para cubrir el servicio, la cosa no baja de 2.500 euros, al que hay que añadir comida y gastos en el domicilio. Y además sumar, si cabe, los gastos que conllevan los sistemas de gestión familiar de la plantilla, en caso de enfermedad, fiestas, vacaciones, etc. Por lo que el asunto puede llegar fácilmente a 3.000 euros mensuales. Hay que decir que en ese caso es necesario, clínicamente, la asistencia de día para ejercitar todo lo que el enfermo pueda, costes complementarios 1.000 euros más.
Asumiendo que el personal visitante hace lo que puede y más, las reclamaciones familiares se almacenan para expresarlas en donde toca: en las próximas elecciones y cuando tropecemos con el alcalde o cualquiera de los presidentes.Una vez definido el dichoso PIA, quedan los detalles: la asistencia domiciliaría no se paga a la cuidadora, sino que se hace constar como cuidador a un familiar para ahorrar trámites y más dificultades. Desde hace un mes tengo otro oficio y un complemento de 405 euros. En cuanto Hacienda se entere voy arreglado y espero que no me apliquen la ley de incompatibilidades.
Finalmente la eficaz y comprensiva asistente social nos dice que en unos días firmaremos un contrato con las cláusulas definidas. La cosa parece moderna: un contrato y todo, al que denominan Acuerdo PIA. Lean bien, no es acuerdo pío.
Unos días después, con gran alarde de eficacia, somos llamados a la firma del contrato, cosa que hacemos y obtenemos un plus económico espectacular: la ley de la dependencia exige que se nos pague la asistencia realizada desde el día en que se solicitó la ayuda a razón de los susodichos 405 euros al mes. Albricias, algo positivo de todo ello sacamos.
Con el contrato en la mano se nos emplaza a realizar una encuesta en el mercado de las residencias y a aportar tres documentos de solicitud de tres de ellas, en alguna de las cuales tenemos la intención de ingresar a la persona dependiente. Toma ya. Aquí debo citar que la administración sabe y conoce todas y cada una de las residencias de la galaxia, tiene acuerdos con ellas de diferente tipo, una especie de concierto, conoce las plazas disponibles y los movimientos de altas y bajas. Es decir lo sabe todo y lo controla, espero que adecuadamente, pero no sabe administrar. O no quiere.
La familia se moviliza y se obtienen las tres piezas administrativas necesarias, que se trasladan a los servicios sociales de la zona. Toda la familia respira. Por fin hemos terminado el papeleo, pensamos los familiares.
Falsa impresión, me temo. Semanas después se procede a consultar como está el asunto (pregunta hispánica donde las haya), puesto que hay plaza en alguna de las residencias propuestas y esta no ha recibido comunicado alguno de la Generalitat.
Sorpresa, los papeles todavía están en algún lugar indeterminado del ayuntamiento para su eficaz revisión. Posteriormente han de pasar a un organismo concertado entre la CCAA y el ayuntamiento y parece que por fin y finalmente pasan a un organismo especializado de acrónimo impronunciable.
Este si que determina la cosa. Total algo más de tres meses más.
En esta fase, al menos, la espera está compensada a base de 405 euros del ala cada mes. Menos da una piedra. Las cuentas de la administración son mejores que las familiares, puesto que cada mes que pagan 405 y se ahorran 900.
En esta fase, al menos, la espera está compensada a base de 405 euros del ala cada mes. Menos da una piedra. Las cuentas de la administración son mejores que las familiares, puesto que cada mes que pagan 405 y se ahorran 900.
Pero las oportunidades de plaza no esperan. Solución: contraten ustedes los servicios de forma privada y cuando todo se resuelva, la administración ya compensará los costes. Mal asunto desde el punto de vista de los dineros. La experiencia acerca de las devoluciones y otros artificios administrativos es penosa, pero estamos aquí para correr riesgos.
Por esas mismas fechas, a finales de octubre, el presidente Montilla le canta las cuarenta al presidente Zapatero a propósito de los costes de la ley de la dependencia. El gobierno central, hacedor de la ley, solo paga un tercio de los costes. El resto viene de la CCAA, que ha tenido que buscarlos en donde no habían. Zapatero contesta con la gracia y el acierto habitual una mentira más. Un periódico responde al presidente federal que en Catalunya hay 62.474 personas que tienen derecho a las ayudas y que solo 31.161 las cobran. Cifras absolutamente inciertas, puesto que yo poseo una solicitud cursada en mayo del 2007 que no ha sido tramitada y por lo que se está esperando en un rincón junto con otras miles.
En este caso, el presidente Montilla tiene más razón que un santo. Aunque no acierta a proponer que los trámites para aplicar la ley podrían ser lógicos, breves y eficaces. Lo está intentando con los artilugios administrativos para la creación de empresas, ¿por que no hacerlo con los trámites de las personas, le pregunto en sede parlamentaria? Si un empresario podrá en breve instalar empresa y equipos sin licencia, en espera de inspección, hagamos lo mismo con las familias.
Para que entiendan todo el asunto brevemente les diré que en unos pocos días se cumplirá el primer aniversario del inicio de los trámites administrativos para obtener lo que aún no tenemos: una asistencia adecuada para un enfermo de Alzheimer. Para el caso inicial se cumplirá un año y medio y sin PIA, ni resolución.
Para que entiendan todo el asunto brevemente les diré que en unos pocos días se cumplirá el primer aniversario del inicio de los trámites administrativos para obtener lo que aún no tenemos: una asistencia adecuada para un enfermo de Alzheimer. Para el caso inicial se cumplirá un año y medio y sin PIA, ni resolución.
Todo un record. Vaya, o eso me parece a mí.
Lluis Casas, el cuentista de nunca acabar
