En la última entrega de mis comentarios situaba la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas en una fase distinta a la actual (que daba por finiquitada en términos de adaptación a la nueva realidad española).
Los días transcurridos han dado en aumentar la información circulante en los medios, resalto lo que El País y El Periódico publicaron el sábado y el domingo: un excelente artículo del Presidente Montilla (no puedo resistir la tentación de comentarles que en el momento de su elección pensé que Montilla sería el presidente de la (metafórica) independencia de Catalunya, pues no tiene pecados capitales, nacido en Andalucía, y no podía tropezar por segunda vez; la primera fue Maragall, con la piedra central del PSOE). El segundo era una descripción muy cruda de la distribución de los recursos públicos entre las CCAA.
Considero que ustedes los leyeron y evitó así aburrirles con lo que ya conocen. Pero insisto en que los dos situaban el problema excelentemente bien: una redundancia que me parece enfáticamente útil.
Hoy voy a describirles lo que, con bastante mala fortuna, el conseller de economía, Castells, y alguna catedrática tributaria llama el problema entre ricos y pobres: regiones ricas (Catalunya) y pobres (Extremadura).
En realidad esa distinción entre comunidades ricas y pobres no es una descripción adecuada de la situación y menos en relación a la financiación de los servicios públicos. Lejos de mi la tentación de creer que no existe la pobreza y la riqueza, ni tampoco las tensiones entre ricos y pobres, pero aduzco que eso es otra cosa distinta a lo que nos llevamos entre manos.
Pues bien, el sistema español de distribución de los recursos públicos entre las CCAA ha sido siempre más una chapuza producto del ajuste de la política coyuntural que un acuerdo con fundamento técnico y político. Esto no ha impedido que el sistema haya dado excelentes frutos de redistribución de la renta, de reequilibrio territorial, de distribución de buenas infraestructuras. Pero ha sentado las bases de su inmovilidad, de rentas políticas populistas, de tensiones absurdas territoriales y de efectos nocivos entre algunas de las comunidades que aportan recursos netos al sistema. Hoy lo nocivo pesa mucho y debe ser rectificado.
Les explico ahora como funciona un sistema que yo, personalmente, considero caduco.
Dos persones de renta equivalente situadas en una comunidad “rica” (
En definitiva los fondos para atender lo que podríamos llamar el sistema básico de bienestar social son inferiores en las zonas de rentas altas a los de las zonas de rentas bajas. De ahí la menor cobertura para ancianos, sanidad, educación que tenemos en Catalunya.
Un sistema adecuado que evite esas contradicciones se basa generalmente en que la solidaridad se manifiesta en la recaudación e iguala los recursos por ciudadano para las prestaciones sociales. Pueden considerarse correctores en función de algunos parámetros objetivos, coste de la vida, inmigración, envejecimiento y otros, pero eso no variará substancialmente la igualdad en la recepción de servicios públicos.
Otro aspecto es considerar si la solidaridad debe ir más allá de las prestaciones básicas del estado del bienestar. Probablemente hoy por hoy y conseguido un estado de suficiencia en infraestructuras de todo tipo, la respuesta es no. La solidaridad acaba en ese límite de las prestaciones sociales: sanidad, educación, servicios sociales y tal vez vivienda.
Otra cosa sería considerar si el sistema de solidaridad debe ser más recio en el interior de cada comunidad (y eso es política de cada una) utilizando los instrumentos fiscales propios. Por ejemplo, si se considera (y está bien considerado) que los ricos deben aportar más que los pobres ¿qué hacemos con los ricos que viven en zonas pobres?, ¿no deben ser doblemente solidarios?
Dejo el asunto en este punto y acepto encantado que discrepen. Continuaremos.
Lluis Casas
