Con la llegada del buen tiempo y del final del desaliño post electoral se nos avecina un reto de complicada gestión: la financiación autonómica plasmada en el estatuto de Catalunya. El temblor bíblico en torno al abastecimiento de agua nos habrá servido de ejercicio previo para la fase más dura de la agenda política inmediata y además con cita fija: el 9 de agosto ha de quedar resuelto el asunto por indicación expresa de la ley.
Los lectores estarán al tanto de mi (probada) predisposición ecuménica hacia la solidaridad en el sistema de financiación público y también estarán al cabo de la calle de que estoy más que convencido que continuar con el mecanismo actual perjudica inmerecidamente a Catalunya y de rebote, también al resto de comunidades.
Voy a hacerles unas notas aclaratorias bajo control, para ser, dentro de lo que cabe, objetivo.
La primera aseveración puede resultar esperpéntica, pero no lo es: 2008 no es el año 1980. Han pasado 28 años y mucha agua bajo las puentes del Ebro. Con ella, se nos ha colado una enorme recomposición en positivo de las grandes diferencias de renta y de servicios públicos en el país. Ya no tenemos, afortunadamente y justamente, zonas dejadas –dicho con humilde laicismo-- de la mano de los hombres. Las infraestructuras y equipamientos de que gozan todas las comunidades son excelentes y la red de prestaciones públicas relativamente homogénea. Esta afirmación rotunda la hago para recordar que los flujos de renta entre comunidades han dado resultado y que una vez conseguido las prioridades pueden y deben ser otras. Con ello se ha de modificar el futuro de otra manera.
La segunda es que incluso desde el punto de vista de las rentas el cambio es substancial. Algo que
La tercera es que el sistema aplicado hasta ahora ha producido algunos monstruos injustificables y sobre todo incontinuables. Las comunidades que generan mayor renta pasan a segunda división después de los flujos financieros. Eso significa que si en términos por capita Catalunya está al inicio de la carrera en primer lugar, al final ha quedado octava y ha sido adelantada por casi todas las que tenía atrás y reciben más de lo que recaudan.
Esta distorsión es absolutamente injusta y además desfigura un sistema de solidaridad. Este se basa en que el que más tiene aporta más y que desde la perspectiva de los servicios públicos todos puedan gozar de prestaciones parejas. Después del balance, los recursos para prestaciones públicas de algunas comunidades (como es el caso de Catalunya) son inferiores a las de otra, que inicialmente estaba más atrás (como es el caso de Andalucía por ejemplo).
La cuarta, la afectación más grave se sitúa en una zona oscura de prestaciones sociales: aquellos colectivos que viviendo en comunidades de mayor renta, no disponen de los servicios y ayudas equivalentes a la de sus vecinos extremeños, por poner un caso. Más todavía, la distorsión también significa que una familia o individuo siendo de renta elevada puede obtener servicios en Extremadura, cuando en Catalunya no los recibiría.
Quinto, la solidaridad del sistema de financiación no debe adormecer las inquietudes por el desarrollo personal y colectivo: han de ser garantía de servicios públicos adecuados, pero deben conllevar exigencias de buena administración y de prioridad al desarrollo.
Sexto, la solidaridad se sitúa entre territorios como entes abstractos, pero también entre sectores sociales (clases, ¿se acuerdan?), de modo que si mi yo catalán aporta al fondo comunitario, mi yo extremeño debería aportar más al fondo para Extremadura. La presión fiscal sobre los sectores de renta alta en las zonas receptoras de financiación debería ser razonablemente más alta que para los de las zonas aportadoras. Así eliminaríamos las múltiples distorsiones entre sectores sociales y territorios.
Séptimo, papá estado no solo debe velar por los intereses propios, sino también por los del conjunto del sistema. Y por ello debería ser acicate de realismo financiero y distributivo. Un déficit fiscal permanente y por encima del 5% es insoportable económicamente y socialmente.
El reto es que lo entienda y acepte quien recibe y se ha acostumbrado a ello. Pero esa dificultad no ha de entorpecer el conocimiento cabal del problema, ni afectar a la imagen de quienes están señalados con el dedo, cuando forman parte de los aportadores financieros.
En catalán se dice aquello de cornut i pagar el beure, cuya traducción no se ofrece por estar, en estos momentos, en un horario infantil.
Lluis Casas y lo timbaler del Bruc
