En diversas ocasiones he utilizado este medio para explicar algunas cositas sobre la retribución de los políticos y los altos gestores públicos. Hoy, insistiré en ello por recomendación del futuro Papa de Parapanda, inevitable hecho pronto a ocurrir y que tendrá la aquiescencia de los más conspicuos militantes del laicismo del lugar.
La coincidencia mediática sobre la marea corrupta que aflora torrencialmente y la publicación en paralelo de los sueldos que cobran los regidores de la ciudad de Barcelona parece inducir que todo ello es lo mismo. Al margen de cifras y letras enmarcados en letra grande y negra, debo considerar que lo uno y lo otro son cosas distintas y diferentes, a elegir. Y la coincidencia en su publicación no es más que meter en el mismo saco manzanas y ciruelas, con lo que poco vamos a aprovechar de estas últimas.
Antes de entrar en materia insegura, les cuento algunas cosas necesarias para interpretar la situación. En primer lugar, cada pleno municipal o los órganos locales en los que recaiga la competencia son libres de fijar la estructura salarial de sus políticos y de sus altos cargos. Y eso no es malo, aunque conlleva la responsabilidad de responder de ello ante el ciudadano y no escudarse en nadie, ni en nada.
Segundo, la ley de incompatibilidades tiene unas exigencias muy estrictas respeto a la actividad subsecuente a un cargo público de estas características, incluso las tiene durante el ejercicio profesional público. Y ello atañe al elemento político, al alto cargo y a los propios trabajadores, sean funcionarios o no, de la administración. Otra cosa es que se aplique poco y mal.
Tercero, la administración pública actual es una enorme empresa que mezcla política y gestión nunca antes planteada y que regula esta situación más mal que bien. De hecho la empresa más importante de Catalunya es sin lugar a dudas la Generalitat , pero el Ayuntamiento de Barcelona debe ser la segunda. Son cientos o miles los bienes y servicios producidos por estas organizaciones, al margen de la imprescindible existencia de aparatos jurídicos y administrativos muy específicos y exigentes. Estamos pues ante organizaciones complejas, muy complejas, que exigen no solo capacidad política, sino conocimientos técnicos sofisticados y muy diversos.
Los salarios públicos entran de lleno en esa complejidad de gestión y de regulación (incompatibilidades) y deben ser un instrumento para que el funcionamiento y los resultados obtenidos estén a la altura que el ciudadano exige. Un salario exiguo no es ninguna garantía de una administración transparente y eficiente. Tampoco lo es disponer de altísimos salarios. El asunto es hallar una buena conjunción entre retribución, capacidad técnica y/o política y honestidad.
Los salarios conocidos de los regidores barceloneses, todo y alguna reducción realizada en aras del ajuste, son claramente elevados comparados con lo que el ciudadano medio percibe, si es que percibe alguna cosa. Otro asunto es que sean objetivamente excesivos. En primer lugar, la información periodística no hace distingos entre salario bruto y neto, cosa que ofrece una actitud un tanto miserable por parte de los medios. A esos sueldos publicados hay que restarles por lo bajo un 35%. Los cien mil euros del ala publicados se convierten en sesenta y cinco mil. Cifra asaz distinta.
La contraprestación es en general y para una buena parte de los regidores un horario extensivo (muchas veces inútil dada la característica improductiva de las reuniones hispanas) y retos personales bastante exigentes para aquellos que se toman en serio y responsablemente su cargo. Obviamente, el sueldo público no debe cubrir estos riesgos, puesto que se supone que la administración pública es para ellos una actividad voluntaria, circunstancial y vinculada al ideario político, social e ideológico, y no una manera de vivir, o de medrar.
Si además elevamos la vista y contemplamos la enorme variedad de administraciones, desde Barcelona hasta Belianes en Lérida o la misma Parapanda ahí al lado, debemos concluir que es extraordinariamente difícil establecer medidas comunes para ordenar el asunto. No es lo mismo gestionar miles de millones, que gestionar un municipio charlando por la calle o atendiendo problemas en el bar de la plaza.
La única referencia objetiva está en el sistema de retribución de los funcionarios públicos, que establece una estructura en la que intervienen niveles, retribuciones básicas, complementarias en función de distintos parámetros, etc. Todo y esto, la realidad nos confirma que incluso en base a una legislación bastante reguladora, los salarios de los funcionarios españoles tienen enormes distancias monetarias. Es evidente que el funcionario del Estado está peor pagado, aunque menos exigido y que algunas administraciones locales, como la Diputación de Barcelona adolecen de una permisividad salarial arto excesiva. De modo que no debemos ponernos nerviosos y saltar a la mínima. Hay multitud de ejemplos que la retribución salarial, fuera la que fuera, no es óbice para la corrupción, la gestión estulta y la incompetencia plena. Y al revés, existen ejemplos de excelente gestión política y administrativa basados en salarios francamente ajustados. Dado el tiempo en que vivimos, que mejor que afirmar que de todo hay en la viña del señor.
Llegados a este punto se preguntaran cual es mi opinión al respecto, puesto que parece que quiera escurrir el bulto. Nada de ello. Ahí va.
En primer lugar, la retribución pública debe ser única, sin añadidos vinculados a la presencia complementaria a empresas o entidades vinculadas al cargo original. Solamente eso vaciará considerablemente el cesto que periódicamente recogen los afectados y, por ejemplo, haría que el ex alcalde de Sabadell no tuviera interés en seguir como concejal de base, puesto que la Diputación de Barcelona, en Consell Comarcal del Vallés y otras hiervas dejarían de rellenar su cesto. Un solo salario por la totalidad de las específicas obligaciones que conlleva el cargo público.
En segundo lugar, la retribución política y la retribución de los funcionarios y trabajadores públicas debe estar vinculada. Si el límite máximo para un alto funcionario es X, el sueldo para un cargo político no puede alejarse mucho de ahí.
En tercer lugar se aplicará estrictamente la ley de incompatibilidades, con lo que alejaremos de la función pública aquellos que se manejan en ella como ubérrimo centro de negocios privados.
En cuarto lugar, recomponer la estructura definida en las leyes para homogeneizar las retribuciones y establecer los escalados que la población, el presupuestos y otras variables exigen. Sin olvidar, que los territorios tienen inflaciones y estructura de precios distintos.
Al final les diré respecto al caso de Barcelona que aplicados estos criterios su sueldo se reduciría un tanto, pero que mantendría el equilibrio entre responsabilidades y retribución.
Lluís Casas y Enric Oltra a cuatro manos.
