Ya les dije hace unos días que este Agosto no era normal, de hecho no ha pasado día que no hubiera un notición de un estilo u otro.
Ayer nos despertamos con un presunto acuerdo PSOE-PP, sin incluir a Rubalcaba, renuente primero a ello –y ovacionándolo después-- sobre la modificación de urgencia de la Constitución para incluir, por encargo de la Dama de Esparto (la de hierro, recuerden, fue la sra. Tatcher, no repitamos experiencia) la ilustre sra. Merkel un motivo de adorno con el que controlar la estabilidad presupuestaria de nuestro distrito federal. Ayer también nos despertamos con que el Gobierno de Zapatero ha eliminado la concatenación de los contratos temporales, de manera que se consigue que dicho tipo de contratos sean indefinidamente temporales: los caminos de la eutanasia son, por así decirlo, inescrutables. Otra maniobra con agostosidad y alevosía.
Las constituciones vienen a ser como el acta de nacimiento en donde consta lo básico, nombre, lugar de nacimiento, padre, madre, fecha y sexo. Por ello son tan difíciles de cambiar, variar o modificar. A menos que uno descubra un nuevo padre (cosa que viene siendo casi habitual por desgracia) o decide un cambio de sexo (aburrido de repetir con lo mismo), el texto fundacional no se cambia y, si fuese el caso, el procedimiento es a la vez farragoso y espectacular.
Desde que tuve que empollarme la Constitución para las oposiciones, sólo ha habido un cambio que podríamos considerar menor y son ya más de treinta años (lo que me hace pensar que la mayoría de los españoles de hoy no la votaron, no por problemas políticos, sino por circunstancias físicas). Se hizo a propósito del tratado de Maastricht y por cuenta del voto municipal de los ciudadanos de la Unión Europea y sin votaciones populares, claro.
Y eso, no porque no haya habido motivos para cambios y de los más substanciales, sino por el miedo político a abrir la olla y que todos quieran meter productos autóctonos en ella. También, desde luego, por miedo al ciudadano, a su voto, o a su no voto, o a su voto en blanco. Tener una Constitución aprobada a medias, es decir por un porcentaje menudo de electores, no es precisamente algo con lo que sea fácil vivir. Así pues, no nos han dejado variar la Constitución por miedo y ahora lo van a hacer de prisa y corriendo también por miedo. En este caso a los mercados o a su substituta, la mencionada tita Angelicas, la Dama de Esparto.
El asunto hoy, día de la anunciación, no está todavía claro. Nadie ha mentado el artículo o artículos que se introducirán en la Constitución para que los políticos al uso no estropeen la estabilidad presupuestaria, que como todo el mundo sabe es un estado vegetativo de la economía. Es como prohibir que un individuo pueda tener hambre o un mal año.
Como no sé aún como se redactará el asuntillo y, sépanlo, la redacción de la cosa es precisamente lo más importante, poco puede este autor veraniego contarles los cómos y los porqués. De entrada, los partidarios del federalismo, del autonomismo, del volem decidir, etc. ya han advertido que la Constitución no debe meterse en berenjenales que no pertenecen a su huerto. En síntesis y en palabras del ilustre diputado por Autopistas de Pago s.a., don Antoni Duran i Lleida, no, pero sí. Cosa incomprensible, porque parece proponer que el Estado sí pero la Generalitat no, con lo cual no sabemos qué significa estado, aunque sí sabemos que es Autopistas s.a.
Las urgencias gubernamentales cada vez se parecen más a un discreto acto humorístico o al saludo del recién llegado con el sesteante, ¡susto!, y vuelco del corazón del sorprendido en claro relajo. Ni siquiera la inexpresividad de la arrendataria de economía, doña Salgado, consigue ya hacer pensar al ciudadano culto o simplemente leído que la cosa es racional, o proporcional, u oportuna y está bien elaborada. Son sorpresas que da la vida, la vida que da sorpresas, como en la canción. Tenemos un gobierno simpaticón y una oposición contra vuelta.
Dicho lo que he dicho y descansado por ello, les cuento que introducir semejante sandez en la Constitución contraviene no solo la lógica del derecho constitucional –plumas duchas en la materia ya se han expresado--, sino que entorpecerá la gestión económica de los gobiernos. A menos, claro está, que lo que se introduzca tenga truco y que diga más o menos esto:
“El Estado español no tendrá déficit presupuestario nunca, por ninguna razón y en ningún momento. Ahora bien, si el gobierno aconsejado por el Banco de Santander y con los debidos informes de las comisiones parlamentarias considera necesario suspender por un periodo de tres años este punto, puede hacerlo, para volver a la senda que nunca hubiera debido de abandonar, una vez las circunstancias y los motivos que para ello se adujo sean devenidas eficazmente desaparecidas.” O algo así.
Introducir en la constitución un mecanismo técnico como la estabilidad presupuestaria es transformar una parte de la política económica en inexistente y disponer que únicamente pueda llevarse a cabo una política pro cíclica. Una animalada, a menos que la redacción sea muy sabia.
En la guerra por triturar una posible recuperación económica ese cambio da alas a los que con una desfachatez ignorante argumentan que lo público nada de nada. El déficit forma parte de las políticas económicas y a el se debe que cuando el sector privado está ensimismado el sector público se ponga a tirar del carro. Más o menos. Pues bien, eso no quieren tener la posibilidad de aplicarlo.
Si, finalmente y simplemente, en la constitución se pone un bel canto a la necesidad de la estabilidad presupuestaria a largo plazo y se establecen ciertos mecanismos de reflexión y buen gobierno, el que les escribe realizará una discreta retirada con lo dicho, eso si, riéndose un buen rato. Ahora bien si se trata de prohibir terminantemente la política keynesiana, lo dicho, adiós muy buenas.
Ya veremos, pero advertidos, lo están y como decía mi tío Winston (el del puro): el que está advertido, está preparado.
Lluís Casas alucinado.
