Hoy como ciudadano y como demócrata me he sentido profundamente avergonzado al contemplar en los noticiarios la intervención policial contra los vecinos del Clot de Barcelona que intentaban impedir un desahucio de una familia. Eso nunca se hubiera dado en Parapanda.
Ese asunto que agita las conciencias lleva ya demasiado tiempo dando vueltas por parlamentos, medios de comunicación y tertulias radiofónicas. Mientras tanto son miles las familias que se han visto expulsadas a vivir en la calle. Los motivos han sido en general los impagos de las hipotecas y en otros casos el del alquiler. El debate sobre la dación (la entrega del piso a la entidad bancaria para eliminar la deuda, sin cargos posteriores) está en todas partes sin que los gobiernos se atrevan a dar el paso. El problema afecta a un derecho constitucional: el derecho a una vivienda digna, que no sólo se incumple, sino que queda supeditado a los contratos por hipoteca o de alquiler, todo a cambio de la protección de la propiedad, sea cual sea el trato que ésta da al incumplidor.
La vergüenza frente a la insensibilidad de un aparte de la política, de la judicatura, de la policía hacia este problema profundo se ha visto enormemente acrecentada viendo un asalto al más puro estilo medieval (o de abordaje de los bucaneros) de la policía de Catalunya, un cuerpo creado durante la democracia y que se pretende fundamentalmente democrático y cercano al ciudadano. Pues bien, ayer, esos duros policías democráticos la emprendieron a golpes contra los vecinos del Clot que intentaban evitar que una familia instalada desde hacía muchos años en el barrio fuera expulsada de su vivienda, padre, madre e hijos a la calle. Mediante escaleras de asalto entraron en la vivienda por el balcón, desalojaron a la familia con los modos que ya pueden imaginar y destrozaron algunas cabezas de paso. Eran y son, la brigada anti disturbios. Brigada que nunca se ha visto en acción contra los Millet y su inmensa compañía.
La imagen de la policía al servicio del poder es cosa sabida, pero durante años se pensó que podría matizarse esa vinculación y hacer una policía más sensible en lo social y más ecuánime en su acción. La violencia policial solo es preciso utilizarla como último recurso y en casos especialmente críticos.
La llegada de la derecha nacionalista y su pacto con la derecha española anticatalana ha hecho aflorar los peores augurios policiales, después del esfuerzo de control realizado por los gobiernos de izquierda. Hoy la policía está desatada de todo tipo de control y su actuación en Catalunya se parece, en no pocas ocasiones, cada vez más a lo peor de la policía franquista.
Sólo cabe recordar que el ministro de la policía catalán se ha fotografiado plenamente satisfecho de si mismo con un bate de béisbol en la mano, bate que no está destinado al juego sino a la represión.
Tal vez el desequilibrio político actual en Catalunya, con casi todo el poder a la derecha, impida recomponer esas actitudes apabullantemente violentas en contra de la gente modesta que sufre la peor crisis desde hace décadas. Aunque eso sea así, como ciudadanos, como humanos, como demócratas debiéramos impedir que ese asalto, cual señores del acero, se repita y que la solución a impagos de vivienda se encauce por las vías civiles y equilibradas.
Dar solución a ese problema no es más costoso que enfrentarse en la calle con porras, escaleras, botes de humo y atenciones sanitarias de urgencia. El “sistema” no se verá afectado por ello, ni siquiera los bancos acreedores creen que quedarse la vivienda y continuar cobrando la hipoteca es un mecanismo racional para ellos, al margen de lo injusto del planteamiento legal.
¿Porqué, pues, esa dura resistencia en dar salida a un conflicto social que hace un profundo daño a la credibilidad de la democracia? Tal vez sea porque ese interés de la democracia mutilada sólo es supuesto y no efectivo.
Lluís Casas soñando milagros
Ese asunto que agita las conciencias lleva ya demasiado tiempo dando vueltas por parlamentos, medios de comunicación y tertulias radiofónicas. Mientras tanto son miles las familias que se han visto expulsadas a vivir en la calle. Los motivos han sido en general los impagos de las hipotecas y en otros casos el del alquiler. El debate sobre la dación (la entrega del piso a la entidad bancaria para eliminar la deuda, sin cargos posteriores) está en todas partes sin que los gobiernos se atrevan a dar el paso. El problema afecta a un derecho constitucional: el derecho a una vivienda digna, que no sólo se incumple, sino que queda supeditado a los contratos por hipoteca o de alquiler, todo a cambio de la protección de la propiedad, sea cual sea el trato que ésta da al incumplidor.
La vergüenza frente a la insensibilidad de un aparte de la política, de la judicatura, de la policía hacia este problema profundo se ha visto enormemente acrecentada viendo un asalto al más puro estilo medieval (o de abordaje de los bucaneros) de la policía de Catalunya, un cuerpo creado durante la democracia y que se pretende fundamentalmente democrático y cercano al ciudadano. Pues bien, ayer, esos duros policías democráticos la emprendieron a golpes contra los vecinos del Clot que intentaban evitar que una familia instalada desde hacía muchos años en el barrio fuera expulsada de su vivienda, padre, madre e hijos a la calle. Mediante escaleras de asalto entraron en la vivienda por el balcón, desalojaron a la familia con los modos que ya pueden imaginar y destrozaron algunas cabezas de paso. Eran y son, la brigada anti disturbios. Brigada que nunca se ha visto en acción contra los Millet y su inmensa compañía.
La imagen de la policía al servicio del poder es cosa sabida, pero durante años se pensó que podría matizarse esa vinculación y hacer una policía más sensible en lo social y más ecuánime en su acción. La violencia policial solo es preciso utilizarla como último recurso y en casos especialmente críticos.
La llegada de la derecha nacionalista y su pacto con la derecha española anticatalana ha hecho aflorar los peores augurios policiales, después del esfuerzo de control realizado por los gobiernos de izquierda. Hoy la policía está desatada de todo tipo de control y su actuación en Catalunya se parece, en no pocas ocasiones, cada vez más a lo peor de la policía franquista.
Sólo cabe recordar que el ministro de la policía catalán se ha fotografiado plenamente satisfecho de si mismo con un bate de béisbol en la mano, bate que no está destinado al juego sino a la represión.
Tal vez el desequilibrio político actual en Catalunya, con casi todo el poder a la derecha, impida recomponer esas actitudes apabullantemente violentas en contra de la gente modesta que sufre la peor crisis desde hace décadas. Aunque eso sea así, como ciudadanos, como humanos, como demócratas debiéramos impedir que ese asalto, cual señores del acero, se repita y que la solución a impagos de vivienda se encauce por las vías civiles y equilibradas.
Dar solución a ese problema no es más costoso que enfrentarse en la calle con porras, escaleras, botes de humo y atenciones sanitarias de urgencia. El “sistema” no se verá afectado por ello, ni siquiera los bancos acreedores creen que quedarse la vivienda y continuar cobrando la hipoteca es un mecanismo racional para ellos, al margen de lo injusto del planteamiento legal.
¿Porqué, pues, esa dura resistencia en dar salida a un conflicto social que hace un profundo daño a la credibilidad de la democracia? Tal vez sea porque ese interés de la democracia mutilada sólo es supuesto y no efectivo.
Lluís Casas soñando milagros
