EL PACTO DE ZAPATERO CON ICV

Avanzado el período agosteño, el atribulado editor del mejor periódico digital de la galaxia me despierta en plana canícula y me pide opinión sobre ciertas maniobras parlamentarias que han mantenido el debate en torno a la financiación de la Generalitat de actualidad en las playas.

Por si algún lector no estuviera al caso, por una larga estancia en San Petersburgo por ejemplo, hago una anotación informativa previa. El único diputado de ICV-EUIA en el Congreso de los diputados, Joan Herrera, ha logrado poner en grave riesgo político al presidente Zapatero con una petición de comparecencia parlamentaria para explicar porque no ha cumplimentado lo que la ley del Estatut dictaminaba: el 9 de agosto debía existir un nuevo sistema de financiación para Catalunya. Horas antes de la comparecencia, ICV llega a un acuerdo con el PSOE y acepta que el explicante sea el tío Solbes y no ZP, con el compromiso que antes de tres meses y de acuerdo con el calendario de aprobación de los presupuestos del Estado para el 2009, el susodicho sistema de financiación será una realidad para Catalunya y para el resto de las CCAA.

Acabo la nota informativa derivando a los lectores a la prensa diaria para los pormenores.

Resalto, además, dos consideraciones lectoras, la primera es la espléndida maniobra parlamentaria de un solo diputado que logra acorralar al gobierno en pleno verano, consiguiendo por motivos diversos la unanimidad de la cámara, a excepción, claro está, del partido en el gobierno. Insisto, chapeau para Joan Herrera.

Segunda, por arte de birlibirloque, el presidente de ICV, Joan Saura, pacta con la vicepresidenta que la brillante operación parlamentaria quedará en nada a cambio de un acuerdo en bien del Estatut.

Quedan fuera de comentario las reacciones de diverso tipo de las restantes fuerzas parlamentarias cogidas en pleno fuera de juego.

Lo que hay que resolver ahora es si el acuerdo ha sido acertado y para quien lo ha sido.

Empiezo mi interpretación por el ámbito parlamentario; obviamente una jugada de este tipo terminaría en manos de los grupos poderosos del Congreso. En el debate con un Zapatero compareciente, el PP y tal vez CIU se llevarían el gato al agua. Lo que era un activo magnifico del bien hacer de un diputado pasaría a engrosar las arcas de otros que hasta el momento se mantenían mirando y con el garrote en la espalda. Desde este punto de vista, la operación Saura tal vez merezca la pena, aunque le cueste un poco merecido disgusto al hacedor de la operación, Joan Herrera.

Ahora bien, hay que considerar que si una vez tienes cogido al gobierno por el cuello y como objetivo la financiación autonómica, ¿no hubiera sido mejor, en términos generales, mantener la presión y no soltar la prenda? Ahí, la valoración solo podrá hacerse a la luz de lo que ocurra en esos susodichos tres meses que Saura da al PSOE para ultimar lo que durante un año y medio no ha querido cumplimentar. Por lo que mi valoración queda pospuesta.

En esta nota urgente me temo que debo añadir que el actual presidente no brilla por el cumplimiento de los acuerdos firmados, por lo cual éste, que no tiene firma de momento, me parece ciertamente susceptible de ser pasado por alto. Ese factor es relevante, sólo si Saura tiene certeza frente al cumplimiento, un opinante podría estar de acuerdo con el.

El resultado momentáneo es, sin duda, sorprendente. Sin aportar nada a la vista, el PSOE supera una especial dificultad parlamentaria y el conjunto de la oposición (al menos en este aspecto de la financiación autonómica) queda a mitad de camino.

Lo que hay en juego no son sólo unas normativas o un brillo mediático de alguna figura o partido, se trata de una cifra en torno a los 4 mil millones de euros, que es la reclamación calculada científicamente sobre la base de los déficits de financiación de los servicios básicos en Catalunya con respecto a las aportaciones que el Estado hace a otras comunidades. Verbigracia, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco y otras con cifras cercanas. No se lo tomen a broma, esto para papá Estado supone unos 20.000 millones de euros para el conjunto de CCAA. Y con ello la mayoría de edad europea para nuestros programas sociales.

Lo dicho, nos vemos en este asunto en octubre.

Lluis Casas, en plena siesta