SEGUIMOS CON LA VIVIENDA

Lluis Casas

Les prometía la vez anterior seguir con la murga, pues bien, ustedes lo han querido. Hay muchas formas de ver esta cuestión de la vivienda. Desde el Ferrari del promotor inmobiliario o desde el Metro a las siete de la mañana.

Las dos son útiles y ciertas. Una ve el negoció y los euros que ingresará. La otra ve la necesidad y los euros que pagará. Los euros son aproximadamente los mismos. El resto es muy distinto.

Además de formas de ver distintas, hay, también, psicología: los no implicados en el negocio hemos llegado a creer en la fatalidad bíblica. Es cierto, no se extrañen ustedes. Creemos que no hay solución al coste extraviado de la vivienda. Pensamos que es mejor ser realista y hacerse con una hipoteca. Pura fatalidad. Lo de la fatalidad es complejo de culpa, cristiano y vienés, pero complejo de culpa. Cada uno sabrá porque. Bien, pues me da a mí que no es así. Ya en el anterior comentario sugerí con muy buenas palabras una política posible. Ahora voy a descubrirles que no es única, hay más. Vayamos a ello.

¿Se acuerdan ustedes de la plus valía, o plus valúa, que viene a ser casi lo mismo? Estoy seguro que el lector digital de este panfleto se acuerda. Convencido estoy que posee en su biblioteca el tomo uno. Con el mismo concepto, pero sin segundo sentido, tenemos en este país, el grande o el chico, da igual, un impuesto precioso: el impuesto de plus valúa o en sus términos actuales, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (no me meteré, si no me lo exige nadie con el censo rústico). Impuesto municipal con ramificaciones esplendidas en otros territorios fiscales, como el de patrimonio y el de la renta.

El nombre es maravilloso, ni su actualización le ha hecho perder capacidad descriptiva. Bien es cierto que lo de la plus valúa era más directo, como un golpe bajo. Pero el realismo descriptivo actual no está nada mal. Este impuesto tiene ancianas características de recuperación del valor social del urbanismo. Pretende obtener para la sociedad, representada por el noble municipio, una parte de las rentas que genera la actividad urbana sobre el precio del suelo. En otras palabras: si el precio del suelo se incrementa no es porque se haya encontrado oro, sino por que la sociedad ha invertido en calles, barrios, transporte, cultura cívica, centros de recreo, escuelas, personas y animales de compañía. Todo ello mucho mejor y más útil que el oro. Todo eso añade valor a la ciudad y repercute, en función de la ley básica de la propiedad privada, en el propietario.

Ahora bien, como el propietario no es el inversor que genera el valor, y puesto que lo es la sociedad comunitariamente, esta le gira una factura por ello a través del municipio. ¿Está bien, no? Es sencillo y a pesar de ello también cierto. Todo el mundo lo entiende y lo acepta, mientras no piense en su propiedad. Insisto en lo más importante: es un impuesto realmente existente, no hay que crearlo, ni discutirlo. Entonces, ¿porque se enriquecen unos especulando con el suelo social?

La respuesta es simple y tecnológica. La estructura del impuesto permite que los beneficios que genera el cambio de calificación del suelo o su puesta en el mercado no se declaren en su totalidad. Tampoco los coeficientes que se utilizan están al día. En fin, para que llorar. Todos sabemos como va eso: Hagan las leyes que yo me encargo del reglamento, Romanones, hombre sabio. Les voy a contar el significado. El Ayuntamiento de Barcelona, solo como ejemplo, piensa ingresar por este impuesto en el año en curso la cifra de 83 millones de euros, que traducido a las neuronas pesetarias significa unos 14 mil millones de pesetas. Bien, es una cifra maja.

Recuerdan ustedes la cifra del anterior panfleto: ingresos en Catalunya del ITP, año 2006, 3.735 millones de euros. Consideremos que el 30% de esta cifra corresponde a la ciudad de Barcelona, esto nos da 1.120 millones de euros. Supongamos por lo bajo que el ITP recoge el 10% del valor total de las transacciones inmobiliarias ( y que no hay euros negros, santa inocencia), les recuerdo que el coste que pagamos es básicamente (tal vez un 70%) la repercusión del suelo y no la construcción, si no están de acuerdo miren el recibo del IBI y lo comprobaran. Resultado, en Barcelona se han movido más de 12 mil millones de euros y la variación del valor del suelo le ha reportado al Ayuntamiento un 0,7%. El impuesto pretende recuperar el valor social añadido al suelo. Evidente es que el porcentaje no se adecua a la realidad, es como ir montado en una bicicleta detrás de un fórmula uno.

El comentario: ¿Cómo es posible que no se haya utilizado este instrumento fiscal, pensado precisamente para recuperar el valor social del suelo, para equilibrar las cuentas inmobiliarias?. ¿Cómo no se ha transformado técnicamente el impuesto para proporcionar un poco de realidad económica a su acertado concepto?. ¿Qué piensan ustedes que ocurriría si el suelo dejase de ser refugio de capital y se constituyese como un coste objetivo a un valor estable?. No contesten, puede estar prohibido. Se acuerdan de las prioridades. Cada vez estamos más cerca de la respuesta.