Las series televisivas se basan en la insistencia. Su éxito está garantizado si consiguen audiencia suficiente al comienzo. A continuación las cosas funcionan por el mecanismo acumulativo e identificatorio. Los radioescuchas de antes de la TV sabrán muy bien de que hablo. Eran pequeños y el altavoz les llegaba justo a los oídos.
Los artículos sobre vivienda se basan en los mismos principios. Pero dudo que con el mismo éxito. Y como se acerca el período vacacional oficial doy por concluida la primera serie con el que sigue.
He comentado algunos aspectos fiscales y de gasto público que ofrecen líneas consistentes para una política de vivienda alternativa (tributaria e inmobiliaria) y posible. Hice un repaso al panorama desde el puente respecto a la febril actividad constructora y destructora que vive el país. También me referí al concepto económico y social de la vivienda. Todo un alarde enciclopédico y por lo tanto inútil. ¿Qué queda pues?
Creo que puedo adelantar algunas maravillas.
En primer lugar, observando el entusiasmo o la tolerancia discreta que el mundo local y regional está demostrando por los asuntos inmobiliarios, les diré que la honradez y honestidad nada tienen que ver en el asunto. Por mucho que los periódicos y los fiscales se empeñen. En todo caso, todo ello es solo consecuencia, útil o no, de estos procesos: la corrupción y otras lindezas son el adorno, no la sustancia. Veámoslo.
Las administraciones locales tienen dificultades enormes para barajar anualmente recursos suficientes para dar de comer a las infinitas necesidades de sus ciudadanos. El sistema financiero local es un trasto viejo y achacoso. Se alimenta de subvenciones del papá Estado y de tributos con un elevado porcentaje de cochambre. Tan es así que solo entre el 5 y 10 por ciento de los flujos fiscales que genera la actividad urbana van a parar a manos de los alcaldes. El resultado es obvio, si se abre la veda de la recalificación ahí hay unos ingresos extra que no son moco de pavo. La espiral empieza, pero no tiene donde aparcar. Parar o reducir la velocidad significa cerrar el grifo de los servicios ciudadanos. El miedo escénico hace su aparición entre los regidores y lo que era extraordinario debe convertirse en norma habitual. Aparece el crecimiento permanente del urbanismo, la adecuación del futuro a la obra. Todas las historias para no dormir surgen entonces: ¿Qué quieres?, ¿Cuánto quieres?, ¿Dónde lo quieres? Dinero, fiesta mayor, polideportivo, agasajos y fiestas, un líder tenemos. La pendiente está puesta y el deslizador engrasado. Un pueblo del que tengo conocimiento tiene la ambición de construir 4.000 viviendas con la inestimable colaboración del promotor de turno. Habitantes, doscientos censados. El futuro, si fuera cierto el cuento, doce mil. ¿De quien será el pueblo? Adivina adivinanza.
¿Deben los municipios depender tanto de la obra?, Yo creo que no, es decir, pienso y opino que no. La reforma de la financiación local es un objetivo político imprescindible para domeñar el urbanismo. Si no, continuemos con la música celestial.
Por otro lado, el munícipe que se encuentra sin dineros se da cuenta que posee competencias blindadas como el urbanismo. Nadie le va a toser y sus divisiones avanzan por esos singulares caminos sin casi oposición. Como una bild kreig alemana: algún movimiento ciudadano de mosca cojonera y algún técnico excesivamente escrupuloso y poco dado a mirar a su propio futuro. En fin, nada de que preocuparse. ¿Se imaginan lo mismo en otros campos vitales? Lo dudo. Yo no puedo.
Por un lado sin dinero, por otro con todo el poder del decreto. Que nadie se extrañe del resultado, ni de las derivadas adyacentes.
En segundo lugar y ascendiendo en el escalafón, tenemos las comunidades autónomas. Celosas propietarias de competencias de vigilancia urbanística y proveedoras de costosos servicios de cierto interés: carreteras, transporte, servicios a las personas, educación, sanidad, servicios sociales. Por no decir energía, teléfono y agua. Sobre todo agua. Otra clave del asunto. Reflexionemos.
Un incremento sustantivo del desarrollo urbano (política municipal en general) requiere la adopción de decisiones sobre servicios que son de competencia regional. El abastecimiento de agua por ejemplo. Somos tan poco mañosos con la planificación que nadie se da cuenta que a más residentes y más actividad lustrosa hace falta más agua. Y que el agua viene de trescientos kilómetros embutida en un tubo por el que no puede pasar más de la que ya pasa (que por otro lado, dada su ancianidad tiene poros en las orejas y pierde el 40%, un tubo prácticamente jubilado y tramitando la pensión). Nadie se percata que el embalse ha quedado canijo. Que la lluvia ya no llueve. Que la depuradora está hecha unos zorros. ¡Coño que no hay agua!
Es un simple despiste. Las autoridades están para resolverlo. Primero construimos, después nos quejamos y finalmente llega la cuba. Espléndido.
Por si alguien no se ha dado cuenta, la administración regional podía exigir la incorporación de los abastecimientos en el programa urbanístico. Incluso podía pedir que los promotores (que procurarán estar muy lejos cuando el tubo reviente) pagasen el coste de las inversiones. En el extremo y como ejemplo de lucidez y buen hacer podría llegar a impedir la aprobación de los planes por falta de condiciones básicas. ¿Han oído que alguna vez se haya producido el caso? Yo no, pero reconozco que puedo estar sordo y que soy tonto.
No busquen la solución en la prensa. No se entera de nada. Si hay un periodista avispado lo distraerán con un reportaje en exclusiva del último partido. Tampoco la motivación está en los flujos líquidos de debajo de la mesa, a través de los famoso billetes de 500 euros, aunque pueden producirse no son de importancia, ni explican el caso. Ojo, con tantos que dicen que hay, yo no he visto ninguno.
El problema es ejercer la autoridad democrática y dar la cara. Después está la inmensa maraña de intereses para que la máquina no pare: ¡mira por donde, por fin cambiaremos ese jodido tubo viejo!
Feliz agosto, nos veremos. No vayan a la playa, voy a estar yo.
Los artículos sobre vivienda se basan en los mismos principios. Pero dudo que con el mismo éxito. Y como se acerca el período vacacional oficial doy por concluida la primera serie con el que sigue.
He comentado algunos aspectos fiscales y de gasto público que ofrecen líneas consistentes para una política de vivienda alternativa (tributaria e inmobiliaria) y posible. Hice un repaso al panorama desde el puente respecto a la febril actividad constructora y destructora que vive el país. También me referí al concepto económico y social de la vivienda. Todo un alarde enciclopédico y por lo tanto inútil. ¿Qué queda pues?
Creo que puedo adelantar algunas maravillas.
En primer lugar, observando el entusiasmo o la tolerancia discreta que el mundo local y regional está demostrando por los asuntos inmobiliarios, les diré que la honradez y honestidad nada tienen que ver en el asunto. Por mucho que los periódicos y los fiscales se empeñen. En todo caso, todo ello es solo consecuencia, útil o no, de estos procesos: la corrupción y otras lindezas son el adorno, no la sustancia. Veámoslo.
Las administraciones locales tienen dificultades enormes para barajar anualmente recursos suficientes para dar de comer a las infinitas necesidades de sus ciudadanos. El sistema financiero local es un trasto viejo y achacoso. Se alimenta de subvenciones del papá Estado y de tributos con un elevado porcentaje de cochambre. Tan es así que solo entre el 5 y 10 por ciento de los flujos fiscales que genera la actividad urbana van a parar a manos de los alcaldes. El resultado es obvio, si se abre la veda de la recalificación ahí hay unos ingresos extra que no son moco de pavo. La espiral empieza, pero no tiene donde aparcar. Parar o reducir la velocidad significa cerrar el grifo de los servicios ciudadanos. El miedo escénico hace su aparición entre los regidores y lo que era extraordinario debe convertirse en norma habitual. Aparece el crecimiento permanente del urbanismo, la adecuación del futuro a la obra. Todas las historias para no dormir surgen entonces: ¿Qué quieres?, ¿Cuánto quieres?, ¿Dónde lo quieres? Dinero, fiesta mayor, polideportivo, agasajos y fiestas, un líder tenemos. La pendiente está puesta y el deslizador engrasado. Un pueblo del que tengo conocimiento tiene la ambición de construir 4.000 viviendas con la inestimable colaboración del promotor de turno. Habitantes, doscientos censados. El futuro, si fuera cierto el cuento, doce mil. ¿De quien será el pueblo? Adivina adivinanza.
¿Deben los municipios depender tanto de la obra?, Yo creo que no, es decir, pienso y opino que no. La reforma de la financiación local es un objetivo político imprescindible para domeñar el urbanismo. Si no, continuemos con la música celestial.
Por otro lado, el munícipe que se encuentra sin dineros se da cuenta que posee competencias blindadas como el urbanismo. Nadie le va a toser y sus divisiones avanzan por esos singulares caminos sin casi oposición. Como una bild kreig alemana: algún movimiento ciudadano de mosca cojonera y algún técnico excesivamente escrupuloso y poco dado a mirar a su propio futuro. En fin, nada de que preocuparse. ¿Se imaginan lo mismo en otros campos vitales? Lo dudo. Yo no puedo.
Por un lado sin dinero, por otro con todo el poder del decreto. Que nadie se extrañe del resultado, ni de las derivadas adyacentes.
En segundo lugar y ascendiendo en el escalafón, tenemos las comunidades autónomas. Celosas propietarias de competencias de vigilancia urbanística y proveedoras de costosos servicios de cierto interés: carreteras, transporte, servicios a las personas, educación, sanidad, servicios sociales. Por no decir energía, teléfono y agua. Sobre todo agua. Otra clave del asunto. Reflexionemos.
Un incremento sustantivo del desarrollo urbano (política municipal en general) requiere la adopción de decisiones sobre servicios que son de competencia regional. El abastecimiento de agua por ejemplo. Somos tan poco mañosos con la planificación que nadie se da cuenta que a más residentes y más actividad lustrosa hace falta más agua. Y que el agua viene de trescientos kilómetros embutida en un tubo por el que no puede pasar más de la que ya pasa (que por otro lado, dada su ancianidad tiene poros en las orejas y pierde el 40%, un tubo prácticamente jubilado y tramitando la pensión). Nadie se percata que el embalse ha quedado canijo. Que la lluvia ya no llueve. Que la depuradora está hecha unos zorros. ¡Coño que no hay agua!
Es un simple despiste. Las autoridades están para resolverlo. Primero construimos, después nos quejamos y finalmente llega la cuba. Espléndido.
Por si alguien no se ha dado cuenta, la administración regional podía exigir la incorporación de los abastecimientos en el programa urbanístico. Incluso podía pedir que los promotores (que procurarán estar muy lejos cuando el tubo reviente) pagasen el coste de las inversiones. En el extremo y como ejemplo de lucidez y buen hacer podría llegar a impedir la aprobación de los planes por falta de condiciones básicas. ¿Han oído que alguna vez se haya producido el caso? Yo no, pero reconozco que puedo estar sordo y que soy tonto.
No busquen la solución en la prensa. No se entera de nada. Si hay un periodista avispado lo distraerán con un reportaje en exclusiva del último partido. Tampoco la motivación está en los flujos líquidos de debajo de la mesa, a través de los famoso billetes de 500 euros, aunque pueden producirse no son de importancia, ni explican el caso. Ojo, con tantos que dicen que hay, yo no he visto ninguno.
El problema es ejercer la autoridad democrática y dar la cara. Después está la inmensa maraña de intereses para que la máquina no pare: ¡mira por donde, por fin cambiaremos ese jodido tubo viejo!
Feliz agosto, nos veremos. No vayan a la playa, voy a estar yo.
