Ausente
durante unas semanas de este medio prestigioso, a causa de una mezcla de falta
de conectividad informática y de un placentero alejamiento del mundo urbano
como remoto intercambio por unas obligadas funciones de auxiliar de clínica
familiar, retomo mi auto exigencia comentarista a las puertas del verdadero
veraneo playero.
En medio de un
estío profundamente atormentado tanto por las acciones metereológicas
imprevistas como por las humanas (sobre todo estas), en donde resalta el
drama-holocausto palestino y el conflicto de guerra fría (aunque no tan fría)
resurgido y sin citar las mil y una propiamente indígenas, pretendo comentarles
un detalle sin importancia. Allá ustedes si siguen con la lectura.
De hecho, se
trata de una cuestión al margen, como titularon aquel film, “Margin Call”, hace
unos pocos años, a propósito del hábito de los supervisores contables de añadir
en el margen de los documentos revisados algún comentario que pone en duda las
cifras y las letras de lo auditado.
A menudo, ese
“al margen” es realmente lo que significa, algo que aunque dudoso no tiene excesiva
importancia económica, ni jurídica, y probablemente no ha perjudicado a nadie.
Ese debería ser su utilidad y como tal hay que tratarlo. Son advertencias de
mejora, detalles sobre hipotéticas malas interpretaciones o aplicados dudosos o
simples divergencias de interpretación que no llevan a debacle alguna.
Como no
siempre es así y la lectura estándar no tiene interés ninguno para la prensa
depredadora o para las luchas por el poder, se ha puesto de moda en el ámbito
público utilizar esos comentarios de los técnicos que realizan las auditorias (La
Sindicatura
No es que esos
necesarios instrumentos de control público hagan mal su trabajo, de eso no voy
a tratar ahora, sino que simplemente lo que anota un técnico supervisor es
llevado al público incluso en el caso que exista al final del documento
explicación plausible del asunto o que, simplemente, sea efectivamente un tema
menor.
Tampoco se
trata de no hacer caso a esa revisión hecha pública, es un reflejo (insisto en
reflejo) del modo de hacer del gestor público y una medida (que si apareciera
en tiempo) sería acertadamente útil y rectificativa. Amén de la caza del
malhechor o del chapucero si lo hubiere.
Un primer
distingo entre lo grave y no marginal está en el hecho que si el revisor
considera el asunto transgresor del interés público lo lleva a la fiscalía para
su debido tratamiento. Si no es así, la cosa queda como advertencia y como plan
de rectificación de futuro.
Otra
característica curiosa y poco conocida voluntariamente por los medios es que se
trata de documentos en donde cabe la opinión del supervisor sobre lo hecho por
el ejecutor de la gestión. Cosa extremadamente importante al valorar lo que se
dice y por que se dice. Esa opinión, que no hay que eliminar de modo alguno, si
que debería tratarse con más cuidado y formar parte de anexos a tal efecto, en
donde el debate entre unos y otros pueda resultar práctico, sin que nadie se
siente acusado o se permita que lo acusen en base a ello.
En el mundo
privado, como esas auditorias son más discretas y menos difundidas, no pasa lo
mismo. Excepto, claro está, cuando la trampa es descomunal al estilo Bankia,
ENO o la última española de alta tecnología, pero de alta chapuza. De hecho,
las auditorias “privadas” son de una síntesis absoluta, si no hay más
simplemente dicen que las cuentas reflejan la realidad, punto y hasta más ver.
El periodismo
no suele llevar las cuentas de las auditorias privadas, inscritas en registros
públicos, publicadas en memorias, etc. tal vez por que exigen dedicación y
conocimiento. En cambio, en el mundo público todo esta hecho excepto el titular.
Cómodo trabajo. Si no fuera así, y las privadas fueran al estilo de las
públicas, seguramente la bolsa de valores sufriría de cardiopatías permanentes
y crónicas.[1]
Les insto a
que hagan un repaso mental o que revisen los papeles para que hagan una
recopilación de esos asuntos, algunos, como el reciente en torno al Forum de
las Culturas, aparecido 10 años después de finiquitado el objeto, cuando
ninguno de los ejecutivos técnicos o políticos están en activo y que finalmente
termina diciendo que no hay nada para aportar al fiscal. Bien leído es una
muestra de todo lo dicho hasta ahora, incluyendo que la gestión no fue precisamente
un logro de las enseñanzas de Esade (¿o si?).
La parte noble
del comentario que les hago se refiere a que “eso” coincide a menudo con casos
obvios de corrupción pública y privada que se arrastran por los siglos de los
siglos, amén. Algunas veces terminan con la entrada y salida de cárceles,
juzgados, comisarías y otros instrumentos publicitarios. Pero la confusión
entre una cosa y la otra produce un mejunje vomitivo general que no es real y
que entorpece la digestión, la comprensión y el buen gusto.
Incluso un
compadre del que firma se ha visto atrapado en esas confusas manifestaciones
“al margen” de un auditor público a propósito de unos transportes urbanos por
un valor que no es ni el 10% del coste de las tramitaciones, averiguaciones,
estudios y búsqueda de registros que ha habido lugar. El afectado ni siquiera
utilizó esos medios en entredicho (5 años ha), pero se significó por su cargo.
Ahí es nada. Todo por un comentario “al margen” que hacia referencia a algo que
legalmente no era exigible. Es decir una interpretación por encima de la ley
del auditor. De momento la prensa ha quedado ajena a ello y es posible que el
asunto termine en paz y después gloria y a beneficio de abogados. De hecho la
primera minuta fue mayor que el presunto daño, así de simple.
No se si será
de su interés, pero lo cierto es que en este país por aquello que el legislador
sabe de todo se ha aplicado una ley de hierro a la lucha contra la corrupción,
pongamos imposible la gestión pública de los asuntos mediante controles y
mecanismos burocráticos y solventado el problema.
Por lo visto,
ese legislador que padecía una enfermedad de infantilismo tampoco se ha dado
cuenta del mal resultado de la operación. Primero, la corrupción en términos
significativos sigue en marcha, “malgré tout”, puesto que se cuece fuera de los
procedimientos en las grandes contrataciones, concesiones y cambios
urbanísticos. En cambio, la inadecuada gestión se ha ampliado por las
exigencias sobre los gestores por establecer calendarios normales para cumplir
con sus obligaciones. Y, hoy por hoy, ni siquiera un Einstein podría adecuar un
calendario político a las normas de tramitación documental existentes. La
derivada obligada es el trapicheo con los papeles, a veces de una inmaculada
precisión y otras de una forma absolutamente torpe. En ningún caso bajo el
influjo de que los recursos públicos vayan al bolsillo.
Hasta hoy, no
he visto nunca auditorias de gestión, en donde se valore el cumplimiento de los
objetivos, el coste de las operaciones y el resultado global en materia de
gestión pública. Es decir, se ha hecho adecuadamente, a un coste “de mercado”,
etc. Si veo día a día que se ha troceado en tres un contrato t que esto aparece
en primera plana. Lo cual es cierto y no cumple las ordenanzas, pero nadie se pregunta
que hubiera ocurrido si se cumplieran.
Yo les
respondo con un caso vivido y sufrido: algo programado para empezar a funcionar
en dos años hubiera tardado cinco y el coste se habría elevado un 40%.
¿Es eso lo que
queremos de una administración pública?
Lluís Casas
viéndolas pasar.
[1] La distinción entre auditorias públicas o
privadas es una forma de expresión, los entendidos sabrán de que hablo, para el
100% de los humanos tal distingo no tiene importancia al efecto de lo que
pretendo explicar.
